De esta manera, el IAPV subrayó que "la mencionada prohibición no sólo resulta de dominio público sino que en especial es permanentemente advertida e informada por el Instituto a los aspirantes y adjudicatarios en todos los procesos de adjudicación y de venta de unidades habitacionales. Aquellas transacciones que se realicen en contravención a la reglamentación vigente resultan nulas e inoponibles al IAPV".
Además advirtió que "sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, conforme las facultades reglamentarias que le asisten, el organismo provincial hace saber que para el supuesto que se detecte y confirme la realización de ventas, cesiones, locaciones, comodatos y / o cualesquiera otra transacción sobre las unidades, tanto el adjudicatario como el tercero co-contratante resultaran excluidos inmediatamente del Registro Único y Permanente de la Demanda Habitacional y no podrán acceder en lo futuro a viviendas construidas y/o financiadas por el gobierno provincial. Todo ello sin perjuicio de disponer el inmediato desalojo de los ocupantes irregulares e ilegales, como así también la promoción de acciones judiciales por los daños y perjuicios provocados por su ilegítimo accionar".
Por último, desde la Regional Salto Grande se inspeccionará la vivienda denunciada para constatar su ocupación, y en caso que corresponda, se iniciarán las acciones legales contra los adjudicatarios.
