García relató cómo fue la vida de su hija desde la militancia política y social, desde sus posturas respecto al feminismo y finalmente destacó los aspectos de la ley.
Néstor García también mencionó que: “Actualmente la ley no se cumple por parte del Estado Nacional. Se han realizado los reclamos correspondientes y las respuestas no han colmado nuestras expectativas”.
La ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
El proyecto para la adhesión a la Ley Micaela por parte del Municipio de Aldea San Antonio fue impulsado por integrantes de la oposición.
Sobre la ley
Entre los puntos más importantes de la ley Micaela se destacan:"Establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado".
"La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática. En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por "las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país".
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
Mediante su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado y realizará informes de seguimiento sobre su impacto. Se considerará como una "falta grave", pasible de una sanción disciplinaria, que algún empleado público se negase, "sin causa justa", a participar de las capacitaciones.
