A diferencia de los empresarios involucrados en la investigación, Alicia Benítez no sólo decidió declarar, sino que respondió a las preguntas de los fiscales. Por eso la administradora de la Dirección Provincial de Vialidad pasó esta mañana más de dos horas en el Ministerio Público Fiscal.
Quien fuera coordinadora ejecutiva de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM) explicó el contexto en el que se desarrolló la XVLII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur –celebrada en diciembre de 2014 en Paraná-, en qué consistió su trabajo y cómo se sucedieron las contrataciones cuestionadas por los fiscales Alejandro Cánepa y Juan Malvasio.
Benítez entendió que dada su condición de funcionaria pública no podía eludir la indagatoria y debía dar las explicaciones del caso. Es que tras 40 años de desempeño en la administración pública provincial fue acusada de facilitar un fraude estimado en más de 17 millones de pesos.
En su descargo señaló que para autorizar la ejecución de trabajos durante la Cumbre del Mercosur se ajustó a la Ley de Obras Públicas y que contó además con las atribuciones especiales conferidas por la norma que permitió conformar la UOCM.
La Ley 10.327 posibilitó la contratación directa de bienes y servicios, eximiendo además a los funcionarios de cumplir con los procedimientos previstos por la Ley de Contabilidad 5.140, que regula las contrataciones en el Estado entrerriano.
La funcionaria también precisó que a raíz de la premura con que se realizó todo dispuso apenas de 24 horas para aprobar o rechazar las contrataciones sugeridas por la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Y que para resolver en cada caso contó con la ayuda del equipo de colaboradores que la acompañaba en la Secretaría de Planeamiento de la provincia.
Benítez indicó que su designación como coordinadora ejecutiva de la UOCM fue decidida desde el Poder Ejecutivo y que se vio compelida a aceptar el cargo. O lo que es lo mismo: que su margen de acción fue acotado.
Por eso recalcó que no tuvo participación en el convenio celebrado con la CAC y que delineó el procedimiento para la asignación de las reparaciones ejecutadas en el Centro Cultural La Vieja Usina y la Escuela Del Centenario, donde se desarrollaron las actividades de la Cumbre del Mercosur.
Ese acuerdo fue celebrado entre el coordinador general de la UOCM, Hugo Céspedes, y el entonces presidente de la Delegación Entre Ríos de la CAC, Néstor Iván Szcezech. Por eso la adjudicación de las obras fue dispuesta por Benítez, en representación de la UOCM, y Miguel Marizza, en nombre de la CAC.
Marizza fue imputado en esta causa porque su empresa, Caballi SA, fue una de las adjudicarías. La lista de contratistas también incluyó a los empresarios Szcezech (Szczech & Szcezech SA), Daniel Hereñú (Organización Integral Constructora SA) y Rubén Grasso (Cemyc SRL).
En virtud de ese acuerdo la CAC propuso a sus asociados que se presentaran para la ejecución de obras. Además de las firmas mencionadas también lo hicieron Luis Losi SA y LyC Construcciones SA, las que también resultaron contratadas.
Benítez resaltó que no aprobó cotizaciones en forma discrecional sino que se valió de los valores de referencia con que contaba la Secretaría de Planeamiento a su cargo. Y que para la contratación de equipos de audio, televisión y redes inalámbricas, los precios fueron avalados por la Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto transfirió 18 millones de pesos para la concreción de la Cumbre que debían destinarse a 11 rubros. La administración del ex gobernador Sergio Urribarri reconoció haber superado las cotizaciones en todos los ítems, por lo que abonó 8,6 millones de pesos adicionales.
Fuente: El Entre Ríos