Milei anunció que quiere copiar para la Argentina un mecanismo que Estados Unidos ya usó varias veces: cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno estadounidense deja de pagar una parte de sus gastos hasta nuevo aviso (allá lo llaman "shutdown"). Todavía no dijo qué gasto argentino piensa dejar de pagar. Mientras tanto, el país ya atraviesa su propia versión del mismo ajuste, sin necesidad de ninguna ley nueva: partidas que no se ejecutan, sueldos y jubilaciones que corren detrás de la inflación, universidades y hospitales que se quedan sin fondos. Esta nota recorre, rubro por rubro, qué pasa hoy con cada área del Estado, qué cambiaría si esa ley se aprueba, y dónde se topa ese plan con los límites que imponen la Constitución y los tratados de derechos humanos.
Por Roque Guillermo Benedetto (*)
"La gente está aterrada. La gente tiene miedo. No sabe qué va a traer el día de mañana"
Hydrick Thomas, agente de la TSA, entidad que controla la seguridad en los aeropuertos, comentando las vivencias de sus compañeros de trabajo, durante el último gran cierre de gobierno (shutdown), cuando siguieron trabajando sin cobrar el sueldo.Shutdown significa, literalmente, "cierre" o "apagado". En Estados Unidos nombra algo puntual: el gobierno federal solo puede gastar la plata que el Congreso le autorizó, área por área, mediante leyes que hay que renovar cada año. Si no se renuevan a tiempo, el gobierno pierde la autorización legal para seguir pagando. Cada agencia clasifica entonces a su personal en "esencial" (sigue trabajando, sin cobrar hasta que se resuelve el conflicto) y "no esencial" (se queda en su casa, tampoco cobrando). El cierre más largo de la historia ocurrió en 2025 y duró 43 días, con unos 900.000 empleados sin cobrar y otros 700.000 trabajando gratis; una ley de 2019 obliga a pagarles después todo lo atrasado, aunque no a los contratistas privados. Lo más importante para entender qué está en juego en la Argentina es esto: ese modelo protege por ley, y a propósito, los pagos jubilatorios (Social Security) y la cobertura de salud básica de los jubilados (Medicare). No se tocan aunque el resto del Estado se frene: allá decidieron, por escrito, qué gasto nunca se apaga. La pregunta que importa acá es local: ¿qué pasa en la Argentina, hoy, sin esa ley?
I-
¿Qué dice hoy la ley cuando se acaba la plata para algo puntual?
El anuncio de Milei todavía es impreciso: puede referirse a dos situaciones distintas. Una es la falta de aprobación de un presupuesto nuevo. Para esa, el artículo 27 de la Ley 24.156 ya prevé que siga rigiendo el del año anterior, algo que ocurrió en 2024 y 2025 sin que ningún organismo dejara de funcionar. La otra es el agotamiento de una partida puntual durante el ejercicio, cuando el presupuesto ya está aprobado pero la recaudación no acompaña. Para ese escenario también hay respuesta. El artículo 33 dice que no se puede gastar más de lo autorizado. El artículo 34 obliga a que lo que cada área puede gastar mes a mes se ajuste a la plata que realmente entra, no a lo calculado en el papel: si la recaudación cae, el Ministerio de Economía ya puede recortar de forma administrativa y silenciosa, sin avisar. Y si igual queda algo sin pagar, un sueldo generado, una factura, el artículo 42 no ordena cortar nada: dice que esa deuda se paga al año siguiente, con la plata disponible en ese momento. Eso es, en los hechos, la "deuda flotante": plata que el Estado debe y todavía no pagó. En cualquiera de los dos escenarios, entonces, la Argentina ya tiene mecanismos legales para evitar un apagón automático: prórroga presupuestaria y cuotas de gasto.Y si sobra en un lado y falta en el otro, también hay respuesta: el artículo 37 le permite al Jefe de Gabinete mover presupuesto de un área a otra sin pedir una ley nueva, salvo que toque el monto total, la deuda pública o los fondos de inteligencia. Esa facultad no es ilimitada: existen topes (5% del total, o 15% cuando se trata de partidas dentro de una misma finalidad u organismo) y la obligación de informar al Congreso. En 2024, de todos modos, el monto aprobado terminó aumentando 138,4% a través de once movimientos de este tipo, lo que muestra que esos topes, en la práctica, condicionan poco. La Argentina no necesita una ley de shutdown para nada de esto: ya tiene los mecanismos, y hace más de treinta años que funcionan. No es solo una lectura propia: Guido Rangugni, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), lo dijo en los mismos términos a un medio económico: "tienen todas las herramientas al alcance de la mano para hacer la contención del gasto, sin apelar a un shutdown al estilo estadounidense", y precisó que el shutdown estadounidense "no aplica a cuando no te alcanza el presupuesto", sino a la falta de una ley que autorice el gasto. Rangugni agregó otro dato clave: la mitad de todo el gasto público argentino está atado al índice de inflación, así que si la inflación real sigue superando la proyectada, como ya viene ocurriendo, el Gobierno va a necesitar una reducción real de entre 15% y 20% en el gasto no previsional respecto de 2025 para poder cerrar las cuentas, shutdown o no.
II-
Cuando el Estado no gasta lo que ya tiene aprobado
El Congreso aprueba cada año un monto para que el Estado gaste a través del presupuesto. Pero el Gobierno no está obligado a gastarlo todo, y hoy no lo gasta: a junio de 2026, lo que efectivamente gastó cayó 34% en términos reales frente a 2023, según datos de ASAP y CEPA.Ese recorte no golpea parejo. Pagar la deuda pública se lleva hoy el 13% de todo lo que gasta el Estado: más que Educación, Salud, Ciencia, Trabajo y Vivienda juntos. Mientras casi todas las áreas se recortan, hay una excepción llamativa: la Secretaría de Inteligencia creció 17% real en el mismo período.
En mayo de 2026 ese recorte se hizo explícito. El Gobierno firmó la Decisión Administrativa 20/2026 y bajó $78.768 millones del presupuesto de Educación, incluyendo obras en trece universidades nacionales, y $63.021 millones del de Salud Pública, sobre todo en medicamentos y tratamientos oncológicos. Con esa plata que dejó sin gastar, elevó su meta de superávit fiscal para el año a $3,2 billones: catorce veces más de lo que se había fijado al principio.
III-
Rubro por rubro: hoy y con el shutdown
Con esos mecanismos ya funcionando, la Argentina de los últimos dos años muestra, con datos reales y no proyectados, qué le pasó a cada gasto del Estado.Sueldos estatales
Hoy en la Argentina: el Estado paga los sueldos todos los meses, pero valen cada vez menos. Perdieron 27% de poder de compra en dos años, porque los aumentos no le ganaron a la inflación, y hoy hay menos empleados públicos que antes. Nadie deja de cobrar; lo que cobra vale menos.
Con el shutdown: en Estados Unidos, el empleado "no esencial" directamente no cobra durante el cierre —fueron 900.000 personas durante los 43 días de 2025—, aunque una ley de 2019 le garantiza el pago retroactivo apenas termina. El Gobierno argentino no aclaró si va a copiar esa división entre esenciales y no esenciales, ni si va a garantizar por ley ese pago retroactivo. Sin esas dos definiciones, el empleado público argentino queda peor parado que el estadounidense: podría perder el mes entero de sueldo, sin ninguna garantía de cobrarlo después.
Jubilaciones
La situación hoy: es el rubro con el ajuste real más acotado, pero eso no significa que alcance. La jubilación mínima con bono quedó, en varios meses de 2026, por debajo de la Canasta Básica Total que el INDEC usa para medir la pobreza: en julio, según la Resolución 186/2026 de ANSES publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo más el bono sumó $481.989,33, contra una canasta de $485.030. Frente a una canasta específica para adultos mayores, elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, cubre apenas entre 24% y 45% de lo necesario para vivir.
El poder de compra, además, se sigue erosionando mes a mes. Entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2026, los precios de referencia de 162 medicamentos de uso crónico (para hipertensión, diabetes, tiroides, colesterol) subieron 6,02%, mientras el ingreso de la mínima con bono creció apenas 4,06%. Un cruce periodístico encontró que las 162 presentaciones aumentaron exactamente lo mismo, lo que sugiere un coeficiente administrativo único y no un relevamiento real de mercado. Cinco tratamientos habituales de un adulto mayor, sin cobertura, ya representan el 41,7% de todo lo que cobra un jubilado de la mínima en julio.
Se ajusta por ley y no se puede llevar a cero, pero buena parte de los jubilados de la mínima ya vive, hoy, bajo la línea de pobreza.
Qué cambiaría con el shutdown: en Estados Unidos, las jubilaciones quedan afuera del apagón por ley y nunca se cortan. El Gobierno no precisó si en la Argentina pasaría lo mismo. Como son el gasto más grande del Estado, si no quedan protegidas por escrito son las primeras candidatas a un recorte fuerte el día que haya que decidir qué se apaga.
Salud
El diagnóstico: señala que este servicio está en caída libre, no en un recorte moderado. Según ASAP y CEPA, con datos a junio de 2026, los hospitales nacionales acumulan bajas de entre 17% y 44% real, la Superintendencia de Servicios de Salud cayó 64%, la ANMAT 42% y el Instituto Malbrán 32%. Varios programas de prevención muestran caídas del 100%.
El ajuste también golpea la cobertura de los jubilados a través del PAMI. La Resolución 310/2004 fija que el PAMI cubre el 70% del costo de los medicamentos, pero el 30% que queda a cargo del jubilado ya se lleva uno de cada ocho pesos del haber mínimo. Además, unos 2,2 millones de afiliados quedaron fuera del subsidio social del PAMI por los nuevos requisitos de la Resolución 2026-428, según reconoció el propio Gobierno ante el Congreso. Y el costo general de los medicamentos, más allá de los de uso crónico, acumuló un alza del 228% desde noviembre de 2023, según CEPA.
Ese desfinanciamiento también se ve en el medicamento más básico que llega, o deja de llegar, a un centro de salud de barrio: el Plan Remediar, que desde 2002 entrega gratis antibióticos, corticoides y antihipertensivos en centros de salud de todo el país, tuvo en 2026 un presupuesto de $36.054 millones, una caída real del 72% frente a 2023. Los tratamientos dispensados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una baja del 52% en tres años, según el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Su vademécum, de 75 principios activos, se reduciría a 30 entre abril y septiembre de 2026, y a partir de ese mes quedaría en solo tres medicamentos cardiovasculares. De los 8.100 centros de salud que recibían botiquines, apenas 800 seguirían recibiéndolos. El propio informe advierte que los más afectados son los chicos (sin antibióticos ni antifebriles), las embarazadas (sin el hierro del control prenatal) y los pacientes crónicos con diabetes o EPOC. El recorte, además, no golpea igual en todo el país: va del 2,3% en Río Negro al 72,4% en Chaco, justamente en las provincias con más población que depende solo de la salud pública y menos margen fiscal para cubrir lo que la Nación deja de mandar.
El riesgo con el shutdown: en Estados Unidos la cobertura de salud de los jubilados no se interrumpe ni durante el cierre. Acá no existe esa garantía por ley. El riesgo es pasar de un desfinanciamiento gradual, como el que ya golpea al Plan Remediar, a que un hospital o un prestador se quede directamente sin fondos para operar.
Obra pública
El estado actual: está directamente parada. El gasto de capital cayó hasta 86% real desde 2023, según ASAP, y la inversión en infraestructura se redujo a apenas 0,3-0,4% del PBI. Rutas, escuelas y hospitales nuevos casi no se construyen, y hay certificados de obra ya realizada que siguen sin cobrarse.
Dos ejemplos concretos de Entre Ríos. La misma Decisión Administrativa 20/2026 que recortó el presupuesto de Educación también eliminó, en un capítulo aparte, $27.641 millones destinados a obras hídricas en todo el país. Ahí entra el Sistema de Agua Potable de Concordia, con una poda de $4.713 millones, junto con el Acueducto Vipos en Tucumán ($7.359 millones) y la Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela ($4.284 millones). Y en la Ruta Nacional 12, que une Entre Ríos con Corrientes, la Malla 513C tenía un avance físico del 92,6% —el propio Jefe de Gabinete lo había destacado ante Diputados apenas doce días antes— cuando la misma decisión administrativa le recortó $6.265 millones. No es una obra que nunca empezó: es una obra casi terminada a la que, sobre la hora, le cortaron los fondos para el tramo final.
Por qué es la primera variable de ajuste. En junio de 2026 los subsidios a la energía crecieron 71% real, por el encarecimiento internacional del sector a raíz del conflicto en Medio Oriente. Para absorber ese salto sin resignar el superávit, el Gobierno profundizó el recorte en obra pública, que cayó 75% real ese mes, y en las transferencias a las provincias, que se desplomaron 88% real en el mismo mes. En todo el primer semestre de 2026, esas transferencias a las provincias cayeron 61,8% respecto de un año antes: el segundo peor semestre desde 2005. Obra pública y provincias no son solo las variables que más cayeron: son las que terminan absorbiendo un ajuste que se origina en decisiones —el precio internacional de la energía, la caída de la recaudación— que ni el Gobierno nacional ni los gobiernos provinciales controlan.
Qué pasaría con el shutdown: como ya casi no queda margen para seguir cayendo de a poco, es probable que sea el primer rubro que se declare directamente "apagado" del todo, de manera oficial en vez de gradual.
Universidades
Cómo llegan hoy: atraviesan el ajuste más profundo de su historia reciente. El presupuesto cayó 33,8% real entre 2023 y 2026, hasta 0,47% del PBI: el nivel más bajo en veinte años. Ese recorte ya golpea a personas concretas. Las becas se redujeron 76,6%, y los salarios docentes y no docentes perdieron entre 32% y 34% de poder de compra. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores entre enero de 2024 y abril de 2026.
De fondo hay una pelea legal que todavía no se resolvió. El Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo la vetó, el Congreso insistió y la ley quedó firme. Aun así, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 para suspender su aplicación.
El 10 de junio, después de meses de paros y marchas, el CIN, los gremios y el Gobierno firmaron un aumento del 21,33% en junio más 3% en octubre, un refuerzo del 20% para funcionamiento, y $50.000 millones para hospitales universitarios. Los propios gremios lo definieron como un piso conquistado por la protesta, no como la aplicación de la ley. Y el reclamo de fondo le dio la razón a las universidades: el 25 de junio de 2026 la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso del Gobierno contra la cautelar que ordenaba aplicar la ley. El desfasaje acumulado desde 2023 ronda el 50%, muy por encima de lo que cubre el acuerdo salarial firmado en junio.
Qué las espera con el shutdown: acá conviene una precisión. Las universidades no tienen un piso presupuestario cuantitativo automático, como sí lo tiene la movilidad previsional de las jubilaciones. Pero cuentan con protección constitucional en materia de gratuidad, equidad, autonomía y autarquía, según el artículo 75 inciso 19. Con el antecedente de un decreto que ya intentó suspender una ley del Congreso, y sin ese piso numérico que protege a las jubilaciones, son uno de los rubros con menos resguardo frente a cualquier ajuste adicional.
Servicios (luz, gas, combustible) y alquileres
Cómo se paga hoy: el Estado paga tarde. Las facturas se acumulan como deuda —adentro del propio Gobierno le dicen "el pagadiós"— y en algún momento se terminan pagando, aunque con atraso.
Qué podría cambiar: pasar de pagar tarde a directamente no pagar. Una oficina pública, un hospital o una escuela podrían quedarse sin luz o sin gas de verdad, más allá de la factura pendiente.
IV-
¿Y cómo juega esto con lo que la Constitución obliga a garantizar?
La Constitución pone pisos concretos sobre varios de estos rubros. El artículo 14 bis dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social "con carácter de integral e irrenunciable", que las jubilaciones serán "móviles", y reconoce la "estabilidad del empleado público". El artículo 75, inciso 19, obliga al Congreso a garantizar "gratuidad y equidad de la educación pública estatal" y "la autonomía y autarquía de las universidades nacionales". Y el artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional a varios tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de las convenciones sobre los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad.De esos tratados, dos pesan de manera directa acá. El PIDESC es la fuente del principio de progresividad: un Estado puede avanzar en estos derechos, pero retroceder exige una justificación estricta, nunca indefinida. La propia Corte Suprema argentina lo aplicó en el caso más citado sobre jubilaciones, "Badaro c/ ANSeS" (CSJN, 8/8/2006, Fallos 329:3089, y 26/11/2007, Fallos 330:4866), donde exigió preservar una movilidad real, no meramente formal, del haber previsional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos agrega una capa adicional: su artículo 26 ya fue aplicado de forma directa, no como mera aspiración, en "Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala" (Corte Interamericana, 23 de agosto de 2018, Serie C N.º 359), un fallo que sienta un principio general de justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, aunque no habla de la Argentina ni de un shutdown; la referencia más concreta para este caso sigue siendo "Badaro". Entre los dos dejan un mismo mensaje: una medida regresiva y no justificada en jubilaciones, salud o educación no queda expuesta solo a un cuestionamiento político, sino a la Justicia argentina y, en principio, también a un tribunal internacional.
Pero no todo ajuste es inconstitucional. Lo problemático aparece cuando el recorte afecta el contenido mínimo de derechos constitucionales, implica una regresividad no justificada, discrimina, desfinancia por completo servicios esenciales o desconoce leyes vigentes del Congreso, como ocurrió con el Decreto 759/2025 frente a la Ley de Financiamiento Universitario. Que buena parte del gasto no se pueda llevar a cero no es una opinión política: es un piso escrito en la Constitución, algo que ya se escuchó como advertencia en el Senado. Eso explica por qué las universidades ya llevan el tema a la Justicia, y por qué la obra pública, que no tiene ese mismo resguardo cuantitativo, es el rubro que más cayó de toda esta nota. Nada de esto impide que el Ejecutivo siga ajustando por la vía de la subejecución o del artículo 34, mientras no lleve el gasto a cero ni lo aplique de forma discriminatoria. Pero si un proyecto de shutdown terminara cortando un rubro entero por completo, como puede pasar hoy con un empleado "no esencial" en Estados Unidos, ahí sí entraría en tensión directa con estas garantías: ya no sería una discusión de gestión presupuestaria, sería una discusión constitucional.
V-
Qué se prioriza, y el problema adicional del RIGI
El propio Gobierno lo dijo en público. Al presentar el programa financiero 2026-2027, el ministro Caputo fue explícito: "los intereses se pagan con superávit fiscal", y definió a su gestión como "un gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones" desde el primer día.El pago de la deuda externa, entonces, no es la variable que se ajusta según lo que sobra: es el punto de partida sobre el que se calcula todo lo demás. El Gobierno defiende ese orden argumentando que bajar el riesgo país, de 2.700 a 415 puntos en dos años y medio, abarata el financiamiento futuro. Es una apuesta a mediano plazo, no una certeza, y quienes la cuestionan responden que el costo ya es medible hoy en cada uno de los rubros de esta nota.
Mientras tanto, la deuda con acreedores de adentro del país -proveedores, PAMI, subsidios al transporte- se paga con demora, como muestra la deuda flotante de $5,6 billones: lo externo se paga en término, lo interno no siempre.
El RIGI agrega otra capa a esa prioridad, aunque conviene ser preciso sobre sus alcances. Aprobado en 2024 por la Ley 27.742, da beneficios impositivos y cambiarios por 30 años a proyectos grandes de minería y energía: baja Ganancias del 35% al 25%, y exime derechos de exportación y aranceles de importación. No lo hace de manera inmediata ni uniforme: las exportaciones quedan libres de retenciones recién desde el tercer año de adhesión, o desde el segundo para proyectos de exportación estratégica de largo plazo.
La estimación más detallada que existe hoy sobre su costo fiscal no salió de un organismo técnico del Estado, sino del diputado nacional Guillermo Michel (Fuerza Entre Ríos-PJ). Michel analizó, proyecto por proyecto, los primeros 13 emprendimientos ya aprobados por el RIGI y calculó que le costarán al Estado USD 1.837 millones al año en impuestos que deja de percibir. Es un trabajo público, con la metodología a la vista, en un tema donde el propio Gobierno no difunde cifras propias con ese nivel de detalle. Y advirtió que ese número va a crecer: si el RIGI atrae los USD 100.000 millones que el propio Gobierno espera, calculó que el costo fiscal treparía a unos USD 7.000 millones al año, casi cuatro veces lo que cuestan hoy los 13 proyectos ya aprobados.
El Gobierno cuestiona la premisa de fondo: sostiene que, sin esos beneficios, buena parte de esas inversiones no se habría radicado en el país, con lo cual no hay ingresos reales que el Estado esté resignando. Es una objeción válida en parte, pero no la explica en su totalidad: según el propio trabajo de Michel, varios de los proyectos ya aprobados -entre ellos un parque solar en Mendoza y desarrollos de GNL vinculados a Vaca Muerta- tenían su planificación en marcha desde antes de que el RIGI existiera, lo que debilita el argumento de que sin el régimen esas inversiones simplemente no habrían ocurrido.
Ese dinero no es abstracto: es recaudación que el Estado deja de cobrar en el mismo momento en que dice no tener plata para otras cosas. Los USD 1.837 millones anuales que hoy resigna por el RIGI equivalen, al tipo de cambio oficial de estos días, a unos $2,77 billones de pesos. Para dimensionarlo: es 77 veces el presupuesto completo del Plan Remediar para 2026 ($36.054 millones), el programa que provee gratis los medicamentos básicos en los centros de salud de todo el país y que sufrió un recorte del 72% real. Es también 12 veces el presupuesto anual del Hospital Garrahan ($230.000 millones), el hospital pediátrico de referencia del país. Y equivale al 58% de los $4,8 billones que el Estado asignó para sostener a todas las universidades nacionales durante 2026. Son comparaciones de escala, no partidas intercambiables entre sí, pero sirven para medir la magnitud: mientras el Estado recorta educación, salud y obra pública para sostener el superávit, al mismo tiempo renuncia por ley a una recaudación comparable a varios de esos mismos rubros, apostando a que esas inversiones mineras y energéticas generen a futuro más actividad, empleo y divisas de las que se pierden hoy en impuestos. Esa apuesta puede resultar acertada o no —depende de si esos proyectos realmente no se habrían concretado sin el incentivo—, pero mientras se define, el costo fiscal ya es real y el beneficio todavía es una proyección.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo técnico que debería auditar esto con independencia, todavía no hizo su propia estimación porque nunca se la pidieron, y desde junio de 2026 tiene restringida la publicación de informes no planificados por decisión de la comisión bicameral que la supervisa.
VI-
Tres presiones que van a angostar el margen
El ajuste de hoy no es estático: tres tendencias, ya en marcha, van a hacerlo más severo.La primera es la recaudación, que cae: -5,3% real en el primer semestre de 2026. Menos plata que entra significa menos margen para todo lo que no sea jubilaciones, sueldos e intereses: menos plata real para el hospital del barrio, la universidad pública o el arreglo de una ruta.
La segunda es la deuda externa. Hoy el 86% de todo lo que el Estado recauda en un mes ya tiene destino fijo: jubilaciones, sueldos e intereses. Y ese margen, ya escaso, se va a angostar más: hacia 2027 crecen los vencimientos, con unos USD 8.300 millones de intereses que hay que pagar en efectivo, sin la posibilidad de renovar esa deuda por otra a cambio de tiempo.
La tercera es la inflación real, que le sigue ganando a la del Presupuesto: se había previsto 10,1% para todo 2026, y el INDEC ya llevaba acumulado un 14,7% hasta mayo. El gasto indexado por ley, como las jubilaciones, termina demandando más pesos de los calculados; el que no lo está -sueldos, contratos, obra pública, universidades- depende de que el Ejecutivo decida subirlo. Ahí nacen los reclamos de gremios, jubilados, docentes y proveedores, algo que ya viene ocurriendo y que estas tres tendencias tienen más motivos para agravar.
VII-
Una contradicción que el anuncio todavía no resolvió
Ya establecimos que hoy el Estado tiene esa herramienta: el artículo 37 le permite al Jefe de Gabinete sacarle presupuesto a un área que le sobra y dárselo a la que le falta, sin pedirle permiso al Congreso. Es, precisamente, lo que hoy impide que "se apague" algo de un día para el otro.Lo que no sabemos es si el proyecto de shutdown va a mantener esa misma herramienta. Y de esa respuesta depende todo. Si la mantiene, no cambia nada de fondo: seguiría siendo, como hoy, una decisión de gestión. Pero si para que el apagón sea real le saca al Estado esa posibilidad de mover plata entre áreas, la consecuencia sería la contraria a la buscada: menos herramientas para evitar un no pago, no más.
La pregunta más simple que cabría hacerle a cualquier funcionario que explique el proyecto es esa: ¿mantiene la posibilidad de mover presupuesto entre áreas, o se la saca? Como el anuncio salió de una entrevista y un tuit, sin un solo texto de ley, esa respuesta hoy no existe. Y de ella depende si el Estado conserva el margen que hoy lo mantiene del lado de la demora, o queda más expuesto al corte.
VIII-
Lo que todavía falta explicar
La Argentina no necesita una ley de shutdown para lo que describe Milei: ya tiene mecanismos para cuando se acaba la plata y para mover presupuesto entre áreas, y ya los usa, incluso subejecutando gasto aprobado, para sostener el superávit fiscal. Lo que el anuncio no resolvió no es la falta de una herramienta. Es la falta de una definición: qué gasto queda expresamente a salvo, como sí lo tiene Estados Unidos con sus jubilados. Esa definición no es un detalle técnico: decidir qué se paga siempre y qué se puede cortar toca el sueldo, la jubilación, la salud y la universidad de millones de personas. En Estados Unidos surgió de décadas de debate legislativo entre dos poderes con independencia real. En la Argentina, hasta hoy, el anuncio salió de una entrevista de streaming y un tuit, sin proyecto de ley, sin discusión en comisiones, y con un Congreso que ya llega debilitado a esa negociación: el propio Ejecutivo puede reasignar presupuesto sin pasar por él.Mientras esa definición no exista, y mientras las tres presiones sigan angostando el margen, valen dos preguntas. La más inmediata: si el sueldo propio, la jubilación de un familiar o la atención en un hospital público están, o no, del lado que se sigue pagando. La segunda: ¿quién debería decidir esto? Una medida que va a determinar si millones de personas cobran su sueldo, su jubilación o reciben atención médica no puede resolverse con una entrevista de streaming y un tuit. Un cambio así debería discutirse en el Congreso, con los gremios y la sociedad civil, no definirse a solas por el Poder Ejecutivo.
El Estado argentino ya ajusta el gasto todos los meses, sin necesitar ninguna ley nueva. Milei no está por resolver un problema que no existía: está por ponerle nombre a algo que ya pasa. Lo que todavía no dijo es qué gasto va a proteger siempre, pase lo que pase. Y esa no es una decisión libre: la Constitución ya puso un piso sobre jubilaciones, salud y educación, y ese piso no lo mueve ni un decreto ni un tuit. Lo que falta no es una ley de shutdown. Es que el Gobierno diga, en público, dónde piensa parar antes de chocar contra ese piso.
(*) Contador Público, Abogado, Escribano y Docente.