Luego de varios meses de parálisis por recursos, apelaciones y planteos defensivos, este martes 26 de mayo se reanudarán las audiencias de elevación a juicio en la denominada causa Contratos de la Legislatura. Se trata de una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes en la historia institucional de la provincia de Entre Ríos, la cual analiza maniobras fraudulentas cometidas entre 2008 y 2018 con un perjuicio económico estimado por la Justicia en 53 millones de dólares.

Las audiencias de remisión a juicio oral y público habían comenzado originalmente el 21 de abril del año pasado, pero quedaron interrumpidas en junio tras una serie de recursos impulsados por las defensas de los imputados. Entre los planteos se incluyeron pedidos de sobreseimiento, nulidades, cambio de calificación legal, prescripción de la acción penal y exclusión de pruebas.

Las discusiones atravesaron distintas instancias judiciales, pasando por la jueza Marina Barbagelata, la vocal del Tribunal de Juicio Carolina Castagno y la Cámara de Casación Penal, que tuvo su última intervención en diciembre de 2025. Actualmente, algunas apelaciones permanecen aún pendientes de resolución ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En ese marco, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial fijó el reinicio del debate a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº1.

Según se dispuso oficialmente, las jornadas se desarrollarán de martes a viernes hasta el próximo 10 de julio. El cronograma de trabajo quedó establecido de la siguiente manera:

• Martes y viernes: las audiencias se realizarán exclusivamente en el turno mañana, de 9 a 13 horas.

• Miércoles y jueves: las actividades continuarán también en horario vespertino, de 16 a 19 horas.

La decisión de avanzar se adoptó luego de que la Sala I de la Cámara de Casación Penal rechazara, el 23 de diciembre de 2025, las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas contra la sentencia dictada el 27 de noviembre anterior.

La investigación apunta a una presunta estructura montada para desviar fondos públicos mediante la utilización de contratos apócrifos en la Legislatura entrerriana. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, en estas maniobras participaron funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, estudios contables y particulares encargados de captar prestanombres, falsificar firmas y endosar cheques.

Los fiscales sostienen que el dinero sustraído de las arcas públicas habría sido canalizado posteriormente hacia inversiones privadas, principalmente dentro de los rubros inmobiliario y agropecuario. En etapas previas del debate, desde el plano judicial se valoró positivamente el avance de la investigación al señalar que la “Fiscalía logró describir los hechos de manera clara y circunstanciada”.

Aunque la causa comenzó originalmente con más de una treintena de investigados, el devenir del proceso penal modificó la situación de varios de ellos, dejando a 18 personas a las puertas del juicio oral.

El escenario de los imputados se divide actualmente en tres grupos diferenciados:

Los ciudadanos que permanecen incluidos en el requerimiento de elevación a juicio son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

En abril del año pasado, un total de 12 imputados accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation): María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni y Giselle Mena Gioveni.

Por otra parte, Esteban Scialocomo optó por la vía del juicio abreviado, donde fue condenado a la pena de 3 años de prisión condicional, al pago de $6 millones y al cumplimiento de una multa de $90 mil.

Finalmente, la nómina original de imputados se redujo también debido a un desvinculamiento definitivo: el del contador Gustavo Flaco, quien resultó sobreseído en la causa.

Fuente: Análisis