Lentamente va diluyéndose la espectacularidad con la que arrancó, en la primavera de 2018, la causa de los contratos truchos en la Legislatura, que según la última estimación de la Fiscalía supuso una operatoria de una «asociación ilícita» que distrajo fondos del Estado por un monto de $2.000 millones, cuyo destino se desconoce de momento.
Ya fueron puestos en duda dos elementos clave de la investigación: la calificación de «truchos» de los contratos, y el monto del supuesto perjuicio. La contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala N° 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), inició el lunes 4 de noviembre la pericia sobre el listado de los contratados que quedaron bajo la lupa en la causa conocida como los contratos de la Legislatura.
Este viernes, la jueza de Garantías Marina Barbagelata presidió una audiencia que se extendió durante dos horas en la que los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen plantearon su disconformidad con puntos de esa pericia que propusieron y que les fueron rechazados por los fiscales a cargo de la investigación, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. La jueza confirmó en gran medida la posición de la Fiscalía, por cuanto, dijo, hay «peritos de parte» que pueden evacuar esas dudas.
Otra disposición de la jueza fue morigerar, a pedido de los defensores, las medidas de coerción que pesan sobre Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados (de licencia); y sobre Pérez, con el mismo cargo pero en Senadores. Barbagelata hizo lugar a la petición de permitirles volver a trabajar, aunque estableció que sea en un ámbito de la Administración que no se relacione con la Legislatura. Y si ello no sería posible, Cardoso y Pérez deberán hacer una presentación que será luego evaluada.
En cuanto a la primera disposición, los defensores respondieron que no todos los imputados están en condiciones de afrontar el pago de peritos -de 17 imputados, sólo hay 4 peritos de parte-, y señaló que la resolución de Barbagelata violaba garantías constitucionales y el Pacto de San José de Costa Rica. Por fuera de la audiencia, la magistrada les recomendó a los defensores que pueden iniciar el trámite de litigar sin gastos, pero ahí los abogados también pusieron reparos.
En lo que sí hizo lugar la jueza -a pedido de la defensa- fue en que un perito se expida sobre la imputación fiscal que pesa sobre Jorge de Breuil: se le achaca que sus inversiones en propiedades serían producto del dinero proveniente de la operatoria de los contratos en la Legislatura. Barbagelata pidió que el perito del STJ corrobore si eso es o no así.
De Breuil es empleado en el Senado entrerriano, allegado del senador nacional y ex vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino y señalado como su mano derecha-. En la Justicia lo consideran una pieza clave en el armado de la logística de recaudación a través de los contratos truchos junto con el contador Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado, y Alfredo Bilbao.
La vuelta
El abogado Guillermo Varotrelli, solicitó morigerar las prohibiciones de restricción que pesan desde hace un año sobre Sergio Cardoso, y que se le permita volver a trabajar en Casa de Gobierno.No obstante, aclaró que a su defendido no se le permita volver a la Dirección Administrativa Contable de la Cámara de Diputados, que dirigió, sino a otro sector que no tenga relación con el manejo de documentación de interés para la investigación.
“Si bien es cierto que restan enviarse documentos de la Cámara de Diputados, ya es importante y sustancial la cantidad que se ha enviado. Entonces el riesgo ha desaparecido”, planteó.
“Es momento de avanzar a que Cardoso retome su actividad laboral. Es un personal que está inactivo, ocioso y entonces proponemos que pueda volver no al cargo que tenía, ni tampoco a uno que esté cercano de esa actividad. Pero sí que se lo designe en la biblioteca o algún sector alejado de donde se resguarda la documentación”, agregó.
Además, señaló que podría quedar firme la prohibición de contactarse con personal de la Dirección Administrativa Contable de Diputados. “Eso posibilitaría a Cardoso desempeñarse y no estar ocioso en su casa”, dijo.
En segundo término pidió el cese de la obligación de Cardoso dar cuenta a la judicatura cuando sale de la ciudad. “Pedimos que se flexibilice esta prohibición”.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry consintieron la morigeración de las medidas de coerción, lo que motivó que la jueza de Garantías accediera al pedido de la defensa de Cardoso, pero también extendió la resolución a Pérez. El contador, al igual que su colega imputado en el caso, podrá volver a trabajar en Casa de Gobierno, aunque en otra dependencia no relacionada al manejo de información sobre contratos.
Fuente: Entre Ríos Ahora