El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a los exgendarmes Roberto Oscar Caserotto (72) y Néstor Alfredo Gómez del Junco (74) a diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Los jueces los consideraron responsables por hechos ocurridos durante mayo de 1977 en Concepción del Uruguay, cuando participaron de un operativo ilegal contra militantes del Partido Comunista, que incluyó secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y amenazas. Entre las víctimas, también se encontraban dos menores de edad, hijos de una de las personas detenidas.
Durante el juicio intervino la fiscal federal Josefina Minatta, quien en su alegato había solicitado una pena de 20 años de prisión para ambos acusados.
El tribunal, por mayoría, encontró a Caserotto y Gómez del Junco coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos con abuso de sus funciones y mediante violencia y amenazas contra siete víctimas, en concurso real con tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos y asociación ilícita.
Además, Gómez del Junco fue condenado por otros dos hechos de tormentos y asociación ilícita vinculados a sucesos ocurridos en enero de 1978.
La sentencia también impuso las costas del proceso en partes iguales a ambos condenados y dispuso que, una vez firme el fallo, cumplan la pena en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal en Entre Ríos.
Criatura amenazada por un arma, tormentos y picana eléctrica
De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Minatta durante el juicio, los ahora condenados integraban el Escuadrón Nº 6 de Gendarmería cuando el 14 de mayo de 1977 participaron de un procedimiento que calificó como “ilegal y violento” durante una fiesta de cumpleaños realizada en la vivienda de la familia Montesino, en Concepción del Uruguay.En el encuentro se encontraban varios militantes del Partido Comunista y también menores de edad. Según la acusación, uno de los niños presentes fue amenazado con un arma.
Durante el operativo, fueron detenidos Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz.
En la vivienda quedaron Gabriela y Daniel Montesino, de 4 y 7 años de edad, hijos de una de las víctimas. Según relató la fiscal, ambos permanecieron privados de su libertad durante alrededor de diez días. Además, sostuvo que a la niña le apuntaron con un arma mientras amenazaban a su madre.
Los hombres detenidos fueron trasladados inicialmente al Escuadrón Nº 6 y posteriormente a la Unidad Penal N° 4 “Justo José de Urquiza”, donde -según se acreditó en el debate- fueron sometidos a golpes, amenazas y torturas, tras lo cual recuperaron la libertad el 26 de mayo de 1977.
En tanto, Mirta Bochatay fue llevada primero a la delegación local de la Policía Federal y luego al Escuadrón Nº 6, donde, según la acusación, fue interrogada de manera violenta.
Respecto de Gómez del Junco, el tribunal también lo encontró responsable por hechos ocurridos el 28 de enero de 1978, cuando Carlos Stur y Juan Bautista Echeverría fueron secuestrados en el balneario Banco Pelay y trasladados posteriormente a una propiedad conocida como Casa de Bernay.
Según la prueba incorporada al juicio, allí ambos fueron sometidos a severas torturas. En su alegato, la fiscal recordó que Stur declaró haber visto a Gómez del Junco con una picana eléctrica en la mano mientras se aplicaban los tormentos.
El debate oral comenzó el pasado 20 de abril y estuvo a cargo de los jueces Noemí Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero.
Antes de conocerse el veredicto, Gómez del Junco sostuvo únicamente que era inocente, mientras que Caserotto afirmó que no estuvo presente “en las circunstancias y hechos que se me imputan”.
El alcance del fallo más allá de las condenas
En línea con lo solicitado por la fiscal Minatta, el tribunal ordenó remitir una copia de la sentencia a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y dispuso la señalización como sitios de memoria de la Unidad Penal N° 4, el Escuadrón N° 6 de Gendarmería y la denominada Casa de Bernay.Por otra parte, los magistrados ordenaron remitir el testimonio brindado durante el debate por Mirta María del Carmen Bochatay a la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal N° 1 de La Histórica, para que evalúe eventuales responsabilidades penales derivadas de hechos ocurridos el 14 de mayo de 1977.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 18 de junio.
Fuente: El Entre Ríos / Procuración General de la Nación