Cabría comenzar por señalar que el no poner cuidado en las palabras que se pronuncian, o en el silencio en que se cae, pueden llevar a que unas y el otro sean interpretadas como señales, que induzcan a peligrosas confusiones y a generar daños de magnitud imprevisible.

En tanto esta larga parrafada viene a decir menos de lo que quiere significar. Ya que lo que sucede entre nosotros es algo más que una “confusión de lenguas”. O que el utilizar las palabras como armas apropiadas para repartir mandobles a diestra y siniestra. O también hacer silencios que hablan en contra del que calla.

Ya que las palabras –y también los silencios, o sea el callar ante una pregunta, que de esa manera queda sin respuesta- son en más de una ocasión generadores de acciones, sobre todo cuando se las escucha de personas con responsabilidades –deberíamos hablar de personas con “autoridad”, pero eso es algo difícil de encontrar en nuestra sociedad desolada- y las que cuando no son lo suficientemente claras, y por lo mismo que provocan la posibilidad de que sean mal interpretadas, llevan que quienes están en presencia de ellas, comiencen a actuar de una manera equivocada; o consientan y hasta aprueben que otros – comenzando por los que mandan- lo hagan.

No nos estamos refiriendo en esta oportunidad, en contra de lo que muchos de nuestros lectores pueden suponer, ocupando de ninguno de los tantos Fernández que hacen de él “el hombre de las mil verbas” que se vocalizan en una sola cara, cual es la de la figura presidencial; ni tampoco de “vacunas y vacunatorios” o de la indigesta palabra Pfizer, tópicos estos de permanente difusión; aunque sin que se sepa realmente que se le preste la debida atención y provoquen la necesaria preocupación.

Una inquietud la nuestra, que se ve potencializada por la circunstancia que esas palabras imprudentes o esos silencios improcedentes, por parte de quienes muchas veces parecieran no tener conciencia de “estar jugando con fuego” – aunque no se trata de ese “fuego” tan solo verbal, ya que está solo en las palabras, con que el Presidente se refiere a las clases presenciales que se dictan en las escuelas porteñas-. Palabras que luego, se reinterpretan de una manera mal intencionada, y por eso mismo no ya sólo innecesaria, sino también reprobable. Ello en la medida a que los dichos de los actuales funcionarios oficialistas, o de sus seguidores, son de por sí muchas veces, cuando no imprudentes, reveladores de una ignorancia supina.

Como es lo que se da en el caso en que se pretende hacerlo al Presidente partidario de “entraderas” o de “ocupaciones de tierras con dueño”, cuando lo único que se le escuchó señalar –al menos ese es nuestro caso- fue la necesidad de darle “un destino productivo o habitacional” a la tierra de propiedad estatal actualmente desaprovechada.

En tanto, nuestra preocupación, en la actualidad transita por otros caminos, ya que atiende a una cuestión distinta. Como la información recogida por diversos medios de una manera coincidente, que da cuenta de una reunión en fecha reciente, de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Acción Social y Salud Pública de Diputados, donde se debatió en profundidad la “ley pandemia” que el gobierno nacional busca aprobar en el Congreso de la Nación.

Se trata de un proyecto de ley, el cual apenas exagerando las cosas, le otorgaría al Poder Ejecutivo Nacional la “suma del poder público en materia sanitaria”, circunstancia que permite su calificación como inconstitucional, ya que entre otras cosas viene a significar una “intervención federal” improcedente, en la medida que no se ajusta al procedimiento constitucional, en relación a la autonomía de las provincias.

En tanto, los que son motivo de nuestra preocupación, son argumentos esgrimidos durante el debate de esas comisiones por la diputada nacional Carolina Gaillard, una de las representantes elegidas por los entrerrianos para ocupar una banca en esa Cámara, cuando afirmara que “la población argentina necesita ser cuidada… y no necesita que estemos preocupados por el republicanismo”.

Pero dentro de ese contexto, y tal cual como suele suceder, al buscar precisar lo dicho lo volvió más impreciso al señalar que “el Estado nacional tiene una obligación, que es preservar la vida y la salud de los argentinos. Es una obligación que tiene nuestro Estado nacional, cuya máxima referencia es nuestro Presidente. Entonces la verdad que, en vez de asustarnos y defender el republicanismo y la división de poderes, acá se respeta todo lo que dice la Constitución”. Se acota: aquí lo que está en juego no es la división de poderes –o al menos esa no es la cuestión principal- sino nuestro régimen federal, que es sobre lo que se avanza.

A continuación nuestra representante, vino a demostrar esa confusión en la que alguna vez todos nos enredamos, cuando hacemos gala de esa mala costumbre de “apilar argumentos”, al señalar que el proyecto de marras “no atenta contra las provincias y sus facultades, porque se ocupa de aclarar que hay facultades propias y que hay facultades concurrentes… Le delegamos al Presidente tales cuestiones y a los gobernadores tales otras, que se evaluarán”. Destacamos lo que se afirma: se pretende que el Congreso “delegue” facultades que no le pertenecen ni a éste en particular ni al gobierno nacional en su conjunto.

De donde pasó a ocuparse de un tema tan afinado como es el de “la cuestión federal”, viniendo a sostener que al referirse las facultades exclusivas del Estado Federal – en las “concurrentes” no hay “delegación constitucional, sino la presencia de una suerte de campo de acción compartida- no son sino potestades delegadas por las provincias mediante la Constitución, y no se trata de una cuestión que dependa del arbitrio del Congreso, como ella lo da a entender cuando habla de “le delegamos”. Es que no hay que olvidar que son las provincias las depositarias originarias del poder público, al cual las mismas conservan en cuanto no lo han delegado en el Estado Federal.

Cabe tener en cuenta que nuestro malestar – de alguna manera debe adjetivarse la reacción que nos produjeran esas palabras- es que independientemente de a favor de quien en el día de las elecciones a diputados nacionales hayamos votado, ella es “nuestra representante”.

De donde existe una circunstancia sobreañadida a la atención que su postura en el tema, como así en tantos otros nos merece. Es que al ser “nuestra” representante, no es lo decisivo que la mencionada legisladora en su accionar político este alineada en el “cristinismo”, como consecuencia de ser a la vez un integrante importante del “urribarrismo” en la actualidad silencioso; sino el hecho que el haber de una manera indirecta contribuido a su investidura, nos habilita de una manera especial para hacer una evaluación crítica de su postura.

La que no solo resulta equivocada en función de las precisiones antedichas –se trata de cuestiones “no opinables”, dado que están establecidas en la Constitución- sino dado que no puede dejar de advertirse –como no lo hace nuestra representante- que el “cuidado de nuestra salud” comienza por el cuidado de la “salud de la República”, no otra cosa que el respetar la Constitución. Algo que conlleva el hacer funcionar de la manera debida y a la vez de un modo eficaz a las instituciones por ella creadas.

Es así como podrían reformularse las celebérrimas palabras de Alfonsín –no de Ricardo, el embajador, sino las de su padre el Presidente-; reformulación que no consideramos que sean una reinterpretación que las bastardee. Lo hacemos señalando que sin las instituciones de la República funcionando como se debe, a la corta o a la larga se termina sin educación y sin comida y la vida termina siendo una triste cosa.