En una audiencia sin sobresaltos, como suelen ser los juicios abreviados, sucedió una situación poco frecuente para casos de corrupción: exfuncionarios acusados del desvío de fondos públicos confesaron el delito, aceptaron cumplir penas de prisión condicional y devolver una suma de dinero al Estado, aun lejana de los montos actualizados que sustrajeron mediante un mecanismo similar al que se sospecha en la causa de los “contratos truchos legislativos”: simulaban el otorgamiento de créditos con prestanombres o utilizando identidades ajenas en el marco del Programa Jóvenes Emprendedores del Gobierno provincial. Un fraude no solo al Estado como tal, sino también a cientos de jóvenes que podrían haber recibido un impulso a su actividad laboral en un país siempre en crisis.
La audiencia se realizó en la mañana de este lunes ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, donde se hicieron presentes cuatro de los acusados: el exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, el abogado y escribano público Pedro Fernando Gebhart; los funcionarios de esta área Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico; y Alejandro David Usatinsky, señalado como reclutador de las personas a las hacían firmar la documentación para tramitar los préstamos. Hasta los últimos días, Rosas Vico era director del Servicio Administrativo Contable de la Secretaría de Turismo de la provincia y presentó su renuncia a raíz de esta causa judicial.
El fiscal Gonzalo Badano relató los hechos comprobados en la investigación y detalló el acuerdo al que arribaron, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, como actor civil, se manifestó de acuerdo con el mismo, al igual que los abogados defensores Miguel Ángel Cullen (de Gebhart y Klein), Tomás Vírgala (de Usatinsky) y Luciano Legascue (de Rosas Vico).
El vocal Mauricio Mayer explicó a los acusados en qué consiste el juicio abreviado y que anunciará la sentencia en los próximos días hábiles.
Los cuatro imputados aceptaron tres años de prisión condicional, así como la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y el pago (por todos en total) de 100.886.792 pesos, monto que, según el contador de Fiscalía, se desvió a través de 319 créditos simulados.
Al respecto, desde Fiscalía de Estado explicaron al medio Análisis que ahora se proseguirá con el juicio civil contra los implicados, teniendo en cuenta dos cosas: por un lado, que ese monto que abonarán entre los cuatro acusados es solo la suma aritmética de los números que figuran en cada uno de los expedientes de créditos otorgados, sin la actualización por inflación que, entre 2018 y 2023, hasta la fecha, podría multiplicar aquella cifra; por otro, aquellos 319 préstamos es lo que hasta el momento pudo determinar la investigación penal, no se descarta que sean muchos más, analizando los informes del Tribunal de Cuentas y los reclamos por incumplimiento de pagos de los créditos que se siguen produciendo, donde surgen nuevos casos.
La fiscalía calificó los hechos como Peculado por parte de los exfuncionarios, mientras que en el caso de Usatinsky, al no revestir la calidad de funcionario público con administración de fondos, se lo consideró partícipe necesario.
Para la determinación de la pena, se consideraron como atenuantes el reconocimiento efectuado en la audiencia, la carencia de antecedentes penales, el estadio procesal en el que se alcanzó el acuerdo abreviado (evitando remisión a juicio, etapa intermedia y lo que resta de la investigación) y el monto ofrecido como reparación económica del daño. Como agravantes, se valoraron el monto sustraído, la reiteración en el tiempo, la cantidad de personas involucradas y el aprovechamiento de créditos que tenían una finalidad social.
Además, los acusados se comprometieron a realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público por 96 horas anuales. Dentro de los 60 días hábiles posteriores a que la sentencia se encuentre firme, deberán abonar solidariamente la suma de $100.886.792 en concepto de reparación económica a favor del Gobierno de Entre Ríos.
La historia surgió, precisamente, a raíz de lo advertido por auditores del Tribunal de Cuentas y los informes realizados por la fiscal de este organismo, Nanci Vinagre, quien presentó ante el Ministerio Público Fiscal las irregularidades que se constataron. Al momento de verificar si los créditos habían tenido el destino para el cual fue creado el mencionado Programa, no encontraban ni uno que fuera cierto: iban a un domicilio indicado en un expediente, y encontraban un descampado; iban a una casa, y el supuesto beneficiario decía que nunca había tenido un emprendimiento de nada. Lo mismo sucedía en sentido inverso, con personas que se enteraban de que tenían deudas con el Estado por créditos impagos, y acudían a Fiscalía de Estado a averiguar o directamente hacían la denuncia en la Policía o en Tribunales.
El “plan delictivo”
El fiscal de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, Gonzalo Badano, detalló en la audiencia los hechos imputados: “Durante el período comprendido entre el 31 de enero de 2018 y el 10 de diciembre de 2023, en la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social —posteriormente denominada Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor, dentro del Ministerio de Producción—, Pedro Fernando Gebard, en su carácter de subsecretario y luego secretario; Cristian Silvestre Klein, como director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos; y Claudio Alberto Rosas Vico, como director de Políticas y luego director general de Desarrollo Económico Emprendedor, sustrajeron $100.886.792 del patrimonio de la provincia de Entre Ríos a través de 319 créditos correspondientes al régimen de Promoción del Emprendedorismo Joven Entrerriano”. Se trata del régimen creado por la Ley 10.394 y su modificatoria 10.814, para micro pymes.Las autoridades ministeriales máximas de los acusados, según cada período, fueron Laura Stratta, Juan José Bahillo, respectivamente, actuales diputados provinciales (Más para Entre Ríos). Cuando Bahillo asumió como secretario de Agricultura de la Nación, el entonces ministro de Economía Hugo Ballay absorbió las funciones de la cartera de Producción, y en enero de 2023 el gobernador Gustavo Bordet designó al contador Pablo Martín Giampaolo como coordinador del Ministerio de Producción, quien el año pasado fue designado por el gobernador Rogelio Frigerio como síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en representación de la oposición. Ninguno de los exfuncionarios del gobierno anterior surgió como responsable, cómplice o con conocimiento de lo que sucedía en la mencionada Secretaría en el marco de la investigación penal preparatoria de la Fiscalía.
Según la acusación, los imputados intervinieron funcionalmente “en la tramitación, aprobación y control de esos créditos, aprovechándose de los cargos que ocupaban y facilitando la ejecución del plan delictivo”. Para ello, se habría implementado “un conjunto sistemático de maniobras dirigidas a simular los créditos, la existencia de emprendimientos, justificar el otorgamiento y la posterior falta de recupero de los fondos”.
El fiscal repasó los siete puntos principales de la maniobra delictiva:
a) la elaboración e incorporación a expedientes administrativos de proyectos de emprendimientos inexistentes o ficticios, que no fueron confeccionados por las personas que figuraban como solicitantes, incluyendo la utilización de datos personales falsos.
b) la falsificación y utilización de firmas y aclaraciones atribuidas a los beneficiarios.
c) la incorporación de rendiciones de cuentas apócrifas, mediante la utilización de facturas falsas, facturas sin objeto real o que no fueron aportadas por los beneficiarios, así como certificaciones de emprendimientos inexistentes, simulación y puesta en escena de emprendimiento que no eran reales, y declaraciones juradas falsas destinadas a aparentar la inversión de los fondos.
d) la simulación de comunicaciones e intimaciones de pago dirigidas a direcciones de correo electrónico inexistentes al solo efecto de aparentar gestiones de recupero.
e) se elaboraron informes en los que se asentaba falsamente que los emprendedores no presentaban deudas, con el objeto de habilitar la tramitación y otorgamiento de un segundo crédito.
f) la omisión de controles sustanciales sobre la ejecución de los proyectos, la rendición de los fondos y el recupero de los créditos otorgados.
g) la simulación ante el Tribunal de Cuentas del cumplimiento de procedimientos de recupero, incluyendo el supuesto envío de créditos a la Fiscalía de Estado para lograr su recupero.
Luego Badano explicó que “para concretar el circuito de extracción de fondos, las autoridades se habrían valido de la participación de Alejandro Usatinsky, Matías Balbuena, Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Jonas y Pablo Frutos, quienes intervinieron en la captación de personas. En muchos casos, en situación de vulnerabilidad económica, sin trabajo o atravesando situaciones apremiantes, a quienes se les solicitaban sus datos personales para tramitar créditos a su nombre”.
“En numerosos casos, dichas personas habrían sido inducidas a participar mediante engaños: se les hacía creer que se trataba de ayudas estatales no reintegrables, becas, subsidios, beneficios sociales u otros aportes. En otros supuestos, sus datos personales habrían sido utilizados sin conocimiento de los titulares. Una vez acreditados los fondos, los beneficiarios eran acompañados a entidades bancarias para retirar el dinero y luego debían entregarlo a los reclutadores o intermediarios, recibiendo sumas significativamente menores, que oscilaban entre $6.000 y $50.000”, agregó Badano.
El fiscal enumeró todas las irregularidades constatadas en las simulaciones de emprendimientos, como por ejemplo el uso de imágenes ajenas para aparentar actividades reales. En un caso, sacaron una foto de producción de escobas del sitio Pinterest, que en realidad pertenecía a una emprendedora de Ecuador.
También se incorporaron a la causa conversaciones entre imputados en las que se hablaba de los requerimientos del Tribunal de Cuentas, de la compra de líneas telefónicas para simular respuestas de emprendedores, de la contratación de personas para aparentar emprendimientos y de la posibilidad de destruir evidencia.
En cuanto al monto sustraído, el fiscal señaló que el contador del Ministerio Público Fiscal, Pablo Granero, elaboró un informe fechado el 24 de abril de 2026. Allí se contabilizaron 319 créditos sin objeto real, por un perjuicio total de $100.886.792 para la administración pública provincial.
Sobre el destino final de los fondos, Badano sostuvo que entrevistas y conversaciones incorporadas a la investigación permiten afirmar que el dinero terminaba en manos de las personas que integraban el grupo. Los reclutadores habrían recibido una porción menor, mientras que la mayor parte habría sido destinada a niveles superiores de la organización. Incluso se mencionaron casos en los que Gebard habría retirado dinero personalmente. Testigos refieren que este exfuncionario iba en su camioneta a sus casas a buscar el dinero y otros le entregaban en forma presencial la plata.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Cullen, al momento de tomar la palabra en la audiencia, dijo que se trató de una “decisión conversada donde se nos permitió poner nuestros puntos de vista, nuestros cuestionamientos” y que “con el ánimo de poner fin a este conflicto, solicitamos que se homologue el acuerdo”.
El vocal Mayer informó que pasará a deliberar para, en los próximos días, anunciar si homologa o no el acuerdo en una sentencia.
Fuente: Análisis Digital