El Vocal de Apelación, Dr. Aníbal Lafourcade, resolvió este martes por la mañana suspender la apertura de los celulares del Diputado Nacional Gustavo Bordet y de su esposa, la Diputada Provincial Mariel Ávila, hasta tanto la pericia sea autorizada por las Cámaras que integran. En cambio, el magistrado rechazó de plano que los aparatos de telefonía fueran devueltos a sus dueños, como pretendían ambos legisladores, investigados por presunto enriquecimiento ilícito.
De la audiencia en los tribunales de Concordia participaron el abogado defensor de Bordet y Ávila, el Dr. Jorge Esteban Romero, y los Fiscales del caso, los doctores José Arias y Daniela Montangie. La causa está caratulada “D’AMBROS HECTOR DANIEL s/ SU DENUNCIA ENRIQUECIMIENTO ILICITO”.
Traspasado a lenguaje deportivo, la resolución de Lafourcade se parece bastante a un empate. “Hago lugar parcialmente al planteo de la Defensa”, se escuchó decir al magistrado. Y agregó: “ordeno la suspensión de la apertura de los celulares hasta que haya autorización de las Cámaras”. Pero se apuró a aclarar: “No hago lugar a la devolución de los aparatos”.
El asunto a resolver venía precedido de no pocas contradicciones. En principio, el propio exgobernador Gustavo Bordet y su esposa habían consentido que sus viviendas fueran allanadas sin que mediara autorización de las Cámaras que integran, habían entregado sus celulares y hasta, incluso, habían aportado claves y contraseñas. Fueron gestos que Bordet expuso ante la opinión pública, como muestras de su disposición a facilitar la labor investigativa. Pero, a posteriori, algo cambió –según Arias se preocuparon por las nuevas líneas de investigación surgidas tras los allanamientos a Salvador Carubia-, y, dando marcha atrás, pidió que les devuelvan los teléfonos y se escudó en sus fueros parlamentarios.
El Vocal Lafourcade consideró que no debía “anularse” –como pidió la Defensa- sino “suspenderse” la resolución de la Justicia de Garantías que había dado luz verde a la apertura de los Smartphone. “No se puede correr el riesgo de caer en una vulneración de garantías constitucionales”, argumentó, para respaldar su decisión.
Acusaciones cruzadas entre Defensa y Fiscalía
Como es de rigor, el primero en hacer uso de la palabra fue el defensor Jorge Romero, aportando sus razones para haber apelado lo oportunamente resuelto por la Justicia de Garantías, autorizando la apertura de los celulares de Borde y su esposa.Romero sorprendió al utilizar mucho más tiempo en atacar al Fiscal José Arias atribuyéndole “pérdida de objetividad” e incluso cuestionando al diario El Entre Ríos por haber informado sobre la audiencia. Sus críticas a la prensa alcanzaron también al Diario Junio y al periodista Daniel Enz. Según Romero, todo lo publicado en los medios serían consecuencias de “operetas” de Fiscalía, contrarias a la reserva, vulnerando –según su entender- el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Hizo tanto hincapié en su embate contra Arias que llegó a plantear formalmente la recusación del fiscal, gesto que sorprendió sobremanera, puesto que no era el propósito de la audiencia. El magistrado pidió un cuarto intermedio para resolver sobre el particular y a su regreso no titubeó: declaró “inadmisible” el pedido de recusación y le indicó a Romero que para recusar de manera apropiada contaba primero con la vía administrativa, y luego, también con la judicial.
Además, Lafourcade no dejó pasar el ataque de Romero a la prensa. “Es un acto público y pueden estar todos los ciudadanos. Bodean tienen derecho a hacer su trabajo y a informar y los entrerrianos tienen derecho a ser informados. Y los fiscales tienen el deber de la discreción. Deben ser discretos con la información que manejan. Debo velar por las garantías de todos”, remató.
A la hora de entrar finalmente en el tema de la audiencia, Jorge Romero reiteró los argumentos que ya había utilizado en su momento infructuosamente ante la Justicia de Garantías. Dijo que el consentimiento de Bordet y Ávila para que entraran a su casa y se llevaran sus celulares no significó que autorizaran la apertura de los aparatos.
Romero atribuyó a la Fiscalía la intención de “ir de pesca” al hurgar en los celulares, intentando encontrar otros delitos que nada tienen que ver con lo investigado, es decir, el patrimonio de su defendido.
En su momento, Lafourcade le respondió con dureza: “La defensa dice que los fiscales salen de pesca, pero el fiscal debe revisar todo, todo. Cumplieron con su función. Eso no es pesca. Analizar el teléfono no es pesca. No es pescar, es investigar. No podemos tener un órgano acusador sonso”, disparó.
Para Arias, la defensa está “preocupada” por la investigación
Al momento de exponer sus argumentos, el Fiscal José Arias atribuyó el pedido para que no se abran los celulares a una especial preocupación de la defensa, que habría sobrevenido una vez que el Ministerio Público Fiscal avanzó en nuevas líneas de investigación, especialmente los allanamientos a Salvador Carubia y su empresa Gruppa 3.“Lo de Carubia surgió como nueva línea investigativa y es lo que no está en blanco. No podemos dejar de investigarlo. Por eso los allanamientos a Carubia y también la requisa -autorizada por el juez de garantías- de un gerente, cuyo padre es empleado de Ávila con contrato en la legislatura”, explicó el fiscal. Y prosiguió: “Todo eso motivó lo de la defensa pidiendo al juez, fuera de todo plazo, que revise su resolución sobre los celulares. Es ilógico, es irrazonable. Entiendo que es aplicable la teoría de los actos propios. Aceptaron el allanamiento, entregaron el celular, ratificaron en el acta del mismo allanamiento su consentimiento, aportaron las claves y contraseñas. Son todas conductas jurídicamente relevantes que generan expectativas. Se aplica el principio de los actos propios. La defensa no tiene buena fe”, remató Arias.
“No puedo decir que haya mala fe, pero tampoco buena fe”, diría a su turno Lafourcade, siguiendo una línea intermedia.
Volviendo a Arias, el fiscal se esforzó también en explicar que la apertura de los celulares no implica ninguna “excursión de pesca” ni tampoco vulnera los fueros de Bordet y Ávila, en tanto y en cuanto dichos fueron existen para proteger la labor parlamentaria, y abrir los teléfonos no afecta en nada –dijo- la tarea legislativa de ambos.
Fuente: El Entre Ríos