A juzgar por un relevamiento al que pudo acceder ElEntreRíos, queda claro que no son pocos ni mucho menos una excepción los docentes que se desempeñan en la gestión estatal y educan a sus hijos en escuelas de gestión privada.

Tanto las leyes nacionales y provinciales como varios tratados internacionales firmados por Argentina reconocen a los padres el derecho a elegir la escuela para sus hijos. Por ende, maestros y profesores que trabajan en el Estado pero confían a instituciones de gestión privada la educación de su prole ejercen un derecho. Es una conducta ciento por ciento legal.

Tampoco hay margen para caer, presa del facilismo, en cuestionamientos moralistas, como es probable surjan al debatirse un asunto donde los enfoques ideológicos campean a sus anchas. Primero, porque pueden ser muy variados los motivos de tal preferencia, a veces tan simples como la cercanía o el deseo de que el chico siga su camino con algún compañerito que conoció en la sala de 3 de un Jardín de Infantes. En segundo lugar, porque lo único que puede exigírsele a un docente que trabaja para el Estado es que cumpla con absoluta responsabilidad su misión de educador en la escuela pública donde se desempeñe, en bien de sus alumnos. Pretender invadir esferas de su vida particular y juzgar sus opciones familiares no corresponde.

Lo que seguramente se vuelve irritante es que muchos de esos docentes de estatales adhieren a los paros -que en lo que va del año ya fueron 6 días-, dejando a sus alumnos sin clases, mientras sus hijos, al ir a privadas, no han perdido ni una sola hora.

Esa escena, la del docente que no va a la escuela estatal pero sus hijos sí asisten a la privada, es la que más golpea.

Pero aún en esos casos, no faltan justificaciones, en base a una línea argumental expresada más o menos así: "No tengo la culpa si la maestra de mi hijo no adhiere a la huelga, sea por sus convicciones o por miedo a perder su trabajo. Si acompañara nuestra lucha, de la cual terminará beneficiándose de todos modos, nunca se lo reprocharía. Mientras tanto, llevo mi niño a la escuela porque también sus compañeros de curso van y no puede quedar rezagado". Podrá a muchos resultar insuficiente, rebuscada y hasta chocante una explicación así, pero sirve para graficar lo enmarañado del asunto y cuán contrapuestas que pueden llegar a ser las posiciones.

Si, en efecto, es un comportamiento legal que un docente de estatal mande sus hijos a la privada e incluso hasta el cuestionamiento desde el punto de vista moral es discutible, ¿tiene alguna utilidad responder a la pregunta del título?

Sí, en tanto y en cuanto permite exponer en todas sus dimensiones una realidad, un hecho que puede resumirse así:

Ni siquiera los docentes, de quienes -al menos en parte- depende la calidad de la educación brindada en instituciones de gestión estatal, son ajenos a la transferencia de matrícula hacia gestión privada.

Los números del relevamiento

Como contracara, hay instituciones donde es muy marcada la preferencia por la educación de gestión estatal. Por caso, en una de ellas la relación es de 75,47 contra 24,53. Otra donde la balanza también se inclina hacia estatal 80 a 20.

Pero más allá de estos extremos, el promedio es por demás elocuente: el 40,96% de los hijos de docentes de estatales está siendo educado por escuelas de gestión privada.

Si el relevamiento incluyera la última década, de manera tal de permitir ver no ya sólo una foto sino también la película, es altamente probable que el crecimiento de privada sería muy marcado.

Dirigentes que no dan el ejemplo