La novedad en el caso es que sus abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli presentaron un recurso de impugnación extraordinaria ante la Cámara de Casación Penal para que su planteo de sobreseimiento sea tratado por la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), que preside el vocal Daniel Omar Carubia, y que integran Claudia Mizawak (presidenta del STJ) y Miguel Ángel Giorgio. A dicho recurso adhirió Javier Martínez, abogado de Néstor Kemerer, actual subadministrador del DPV; y Mario Heyde, ex director de Suministros de Vialidad, también imputados de peculado.

Cabe recordar que los abogados defensores ya presentaron otros recursos para que se revea la resolución del juez de Garantías Eduardo Ruhl, quien el 17 de febrero de este año elevó la causa a juicio oral y público, tal como lo habían solicitado las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno. En esa audiencia, el magistrado se declaró incompetente para expedirse sobre el pedido de sobreseimiento de los defensores.

El pasado 7 de agosto, la fiscal Yedro pidió a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que fije una fecha de debate. El calendario aún sigue vacío porque la defensa de los acusados continúa interponiendo recursos.

Primero presentaron un recurso de apelación y, el 29 de mayo, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Pablo Vírgala, se los rechazó. Luego fueron con recurso de queja ante la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, pero también obtuvieron un fallo adverso: el 27 de julio los jueces declararon "inadmisible" dicho recurso. Ahora, ese mismo tribunal deberá resolver si hace lugar o rechaza el recurso de impugnación extraordinaria.

<h5>"En la acusación fiscal hay errores gravísimos"</h5>

Javier Martínez, abogado de Kemerer y Heyde, explicó que adhirió al recurso presentado por los abogados de Rodríguez. Consultado sobre su análisis de las dos resoluciones judiciales –Tribunal de Juicio y luego en Casación-, consideró que "tanto al recurso de apelación como al de Casación lo rechazan con argumentos que toman de otros fallos. Entiendo que no son de aplicación exacta al caso nuestro".

"Nosotros estamos planteando que en la acusación fiscal hay errores gravísimos en cuestiones de derecho en general y penal, que hace que el hecho que describen no es delito. Por ejemplo, decir que el comodato es un contrato de disposición de bienes, eso es una barbaridad. Ese planteo el juez de Garantías no lo trata, no opina, bajo el principio de que no tiene facultades de impugnar el acto del fiscal", afirmó el letrado.

"Lo que resolvió el juez Ruhl para nosotros es contrario al Cogido Procesal Penal y a los principios generales del Derecho penal", sostuvo Martínez, al tiempo que puntualizó que pretendían que el magistrado considerara que los hechos que imputa la fiscalía no son delitos.

Al argumentar lo que interpreta como un error en la acusación, ejemplificó: "La fiscal describe que Heyde firmó un comodato sin la autorización de una ley, y no existe en la provincia un comodato que esté autorizado por ley. Eso es un error extraordinario que no supera una mesa de examen, y el juez de Garantías no lo controla".

Para el abogado de Kemerer y Heyde, "que vialidad haya comenzado el tratamiento para instalar una escuela pública de gestión privada con todo un proceso seguido por el Consejo General de Educación, con un jardín de 4 y 5 años que tiene finalidad de educación vial, no es un acto ajeno al objeto, está dentro del Convenio Colectivo, del derecho laboral".

Asimismo, sostuvo que el dinero que se utilizó para pagarles a dos maestras jardineras durante un año "no es una sustracción de plata" y que incluso "no es peculado porque no es una sustracción de fondos públicos". Por todo ello, para el abogado defensor "para llegar al juicio oral debe haber un control por parte del juez de Garantías de que el planteo del fiscal por lo menos sea delito".

<h5>El caso</h5>

La causa contra Rodríguez , Kemerer y Heyde se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista "Análisis".

La denuncia y la acusación de la fiscalía toman como una de las pruebas un informe de la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, emitido el 5 de marzo de 2015 en el que destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.

Para la fiscalía, el delito de peculado se consumó cuando se usaron fondos públicos asignados para Vialidad para construir una escuela privada, violando la Ley de creación de la DPV, Nº 2.936, que señala que el organismo debe ocuparse de la construcción y mantenimiento de los caminos y rutas de la provincia; pero no de construir un establecimiento educativo.

En la audiencia del 17 de febrero, cuando el caso se elevó la causa a juicio, la fiscalía también cuestionó que cuando el Consejo General de Educación (CGE) aprobó la creación del establecimiento escolar, los imputados formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales,con el fin de administrarla. La asociación fue presidida por Kemerer y Rodríguez fue designado secretario.

A su vez, consignaron que en agosto de 2014 "Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV".

Fuente: Entre Ríos Ahora