El Gobierno de Entre Ríos resolvió la cesantía de María de Lourdes Lugrin, empleada del nosocomio, tras haberse rectificado su complicidad en cobros irregulares a pacientes y un faltante de más de un millón de pesos. La medida se suma a la exoneración de su hermana, la ex administradora Claudia Lorena Lugrin, previamente condenada por peculado y exacciones ilegales.
En el Boletín Oficial Nº28.128 del Gobierno de Entre Ríos, aprueba la finalización del Sumario Administrativo iniciado por el Ministerio de Salud. La investigación reveló una red de cobros ilegales por servicios que debían ser gratuitos y un manejo irregular de fondos en el Hospital de Villa Elisa.
De acuerdo al decreto, a María de Lourdes Lugrin se le imputó que, en su carácter de empleada directa del Sector Administración y a cargo de su hermana, la administradora Claudia Lorena Lugrin, "no pudo desconocer las maniobras de cobro irregular en concepto de oxígeno y otros insumos o prestaciones".
A su vez, el documento indica que tampoco pudo desconocer "la existencia de dinero en efectivo encontrado en el despacho de la Administradora, conforme la Auditoría administrativa contable de fs. 76/84, proveniente supuestamente de una fuente de financiamiento irregular".
La auditoría contable realizada en el hospital, entre enero de 2020 y mayo de 2021, arrojó un ingreso total de $1.714.649,00 por conceptos como pensión, colaboración y donación. Sin embargo, solo se detectaron $228.200,00 en efectivo secuestrado por la justicia y $132.460,00 registrados o depositados en la cuenta de arancelamiento, lo que evidenció un "faltante de $ 1.353.989,00". Las autoridades destacaron que estas "maniobras irregulares" no fueron denunciadas por María de Lourdes Lugrin, a pesar de tener conocimiento de estas.
El proceso se inició a raíz de una denuncia de Clarisa Inés Marano Roude a quien se le había solicitado pagar $5.000 en concepto de “colaboración” por el oxígeno provisto a su padre internado por COVID-19.
La investigación y las declaraciones de diversos testigos, incluyendo a la contadora Ana Gabriela Diez, Subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud al momento de los hechos, confirmaron que "ningún efector Público Provincial dependiente del Ministerio de Salud puede solicitar colaboración alguna en concepto de pago por las prestaciones de salud brindadas a los pacientes ambulatorios, internados o Institucionalizados en el Hogar".
El decreto resalta la responsabilidad de María de Lourdes Lugrin, argumentando que, si bien la mayor culpabilidad recaía en su hermana, "eso no exime a la agente MARÍA DE LOURDES LUGRIN, de su propia responsabilidad, dado que no pudo haber desconocido, la existencia de los fondos secuestrados por la justicia, el faltante detectado, que no registra ingreso ni gasto alguno, puesto que María de Lourdes, además de su familiar, era formalmente su empleada directa".
Fuente: APFD Digital