El Gobierno lo muestra como la prueba de que el ajuste funciona, pero una parte del resultado proviene de ingresos extraordinarios que el FMI excluye al evaluar la meta -y el costo ya se siente en Entre Ríos y sus municipios-. Esta semana llega Kristalina Georgieva, con la reforma tributaria, el equilibrio fiscal y las metas del programa nuevamente sobre la mesa.
Por Roque Guillermo Benedetto (*)
En junio, por primera vez en el año, el Estado gastó más de lo que recaudó. Sumando los seis meses del semestre, sin embargo, el resultado da vuelta: hay superávit primario. Las dos cosas son ciertas -un mes puede dar rojo y el semestre cerrar en positivo-, y ese superávit es el que el Gobierno viene mostrando como la prueba de que el ajuste funciona.
El ministro Caputo explicó el rojo de junio por el pago del aguinaldo y por una demora en el cobro de Ganancias. Ninguna de las dos cosas es una novedad: el aguinaldo se paga todos los junios, y correr un vencimiento no genera plata nueva, solo la traslada a otro mes. Esa explicación dice por qué junio dio negativo. No dice por qué, en el semestre completo, el Gobierno terminó necesitando vender represas para acercarse a la meta que le puso el FMI.
El número que muestra el Gobierno y el que computa el FMI
El semestre cerró con un superávit primario de $7,33 billones. Pero esa cifra incluye ingresos extraordinarios por la concesión o privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, un ingreso que no se repite -esas represas no se vuelven a vender el año que viene-. Si ese ingreso extraordinario se excluye del cálculo y se mide solo con la actividad normal del Estado, el número baja a $6,3 billones.Con esa metodología, el resultado computable del semestre fue de $6,3 billones -$573.974 millones por debajo de la meta de junio-, pese a que el FMI ya le había bajado la vara al Gobierno en mayo, reduciendo esa meta de $8,5 billones a $6,9 billones. Ni con ese alivio de $1,6 billones se llegó: junio cerró, además, con un déficit primario de $696.843 millones. Es el primer incumplimiento de una meta fiscal desde que arrancó el programa.
Viene una ola de privatizaciones
Y esto recién empieza. El Gobierno ya avanza con la concesión de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, la adjudicación de la eléctrica Transener por u$s356 millones, y una eventual privatización de la empresa de agua AySA antes de fin de año. Ninguno de estos ingresos cuenta para la meta del FMI -son ventas puntuales-, pero le dan caja al Gobierno mientras tanto. El costo de este mecanismo es directo: cada vez que se vende algo, queda menos patrimonio del Estado para la próxima vez que haga falta.La radiografía del ajuste: quiénes ganan, quiénes pierden y qué partidas recorta el Gobierno
Para acercarse al número, el Gobierno no cortó parejo. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestra qué subió y qué bajó en el semestre:Lo que sube es lo que al Gobierno le cuesta políticamente tocar. Lo que se desploma son transferencias a provincias, obra pública y sueldos estatales. Y no queda mucho margen para seguir por ese camino: en mayo, otro recorte le sacó $78.768 millones a Educación y frenó obras de agua por $970.000 millones, y el gasto en ciencia ya está en su nivel más bajo desde 1972.
Hay una parte de esta historia que casi no se cuenta: la cantidad de empresas activas cayó. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 hubo 28.262 empleadores menos con trabajadores registrados, y se perdieron 341.396 puestos formales, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Menos empresas es menos Ingresos Brutos, menos IVA y menos aportes a la Seguridad Social, que cayó 3% real en junio y va camino a cerrar el año 7% abajo. Menos gente trabajando en blanco es, de manera directa, menos plata para el Estado.
Para qué sirve realmente ese ahorro
El superávit primario se calcula en pesos y no constituye, por sí mismo, una reserva de dólares. Sin embargo, le permite al Tesoro reducir sus necesidades de financiamiento y utilizar recursos en pesos para adquirir divisas al Banco Central, cuando necesita atender vencimientos denominados en moneda extranjera. En julio, antes de afrontar pagos por US$2.500 millones, el Tesoro adquirió US$919 millones al Banco Central para completar las divisas necesarias. Sirve, además, para evitar que el Central emita pesos de más -lo que empujaría la inflación- y es la condición que el FMI exige para seguir prestándole a la Argentina.El superávit ocupa el título; la deuda, la letra chica
El Gobierno presenta este superávit como la confirmación de que el plan funciona. Pero un ahorro logrado vendiendo patrimonio y recortando hasta el hueso no es lo mismo que un ahorro logrado porque la economía repuntó. Es la diferencia entre una familia que cierra bien el mes porque le fue mejor en el trabajo, y otra que cierra bien porque vendió el auto. Los dos números pueden dar positivo. Solo uno se puede repetir.Y hay un dato que pone en duda el festejo: pese a este resultado, la deuda pública total llegó en marzo de 2026 a US$483.830 millones, un incremento de US$113.000 millones -alrededor del 30 %- desde diciembre de 2023. A ese dato se suma el volumen de las obligaciones devengadas pero todavía no pagadas, conocidas como deuda flotante. En el primer trimestre de 2026, ese stock habría alcanzado los $5,6 billones. Para determinar si esa deuda contribuyó a mejorar el resultado de caja, debe compararse su monto con el registrado al cierre de 2025. Si el stock aumentó, parte del superávit podría estar reflejando pagos postergados y no únicamente una reducción estructural del gasto: una cuenta trasladada hacia el futuro.
Entre Ríos y Concordia, al final de la cadena
}El mismo mecanismo golpea un escalón más abajo, y con datos de este mismo mes. En junio, la coparticipación que le llegó a Entre Ríos cayó 4,8% en términos reales frente al mismo mes de 2025. Y la provincia tuvo que pedir, por segunda vez en el año, un adelanto: $150.000 millones, que se suman a los $220.000 millones de comienzos de 2026. En total, $370.000 millones adelantados en un solo año, contra un tope nacional de $400.000 millones para las trece provincias que reciben este auxilio (Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán). Solicitar por segunda vez en el año un adelanto financiero que luego se descuenta de recursos futuros no es un simple movimiento administrativo: revela una necesidad inmediata de liquidez.
Hace pocos días, intendentes de seis pueblos entrerrianos cercanos a Concordia -Ubajay, Colón, Villa Elisa, San José, Liebig y General Campos- se reunieron para hablar de lo mismo: cada vez tienen menos plata para sostener los servicios básicos.
En Concordia, de cada $10 que entran a la Municipalidad, solo $4 vienen de tasas locales; los otros $6 dependen de la coparticipación, y ni siquiera alcanzan para pagar los sueldos municipales. Una encuesta del Centro de Comercio, hecha entre 115 empresas de la ciudad, confirma el mismo cuadro en miniatura: 69,6% tuvo caída de ventas en el semestre, y solo el 50,4% pudo pagar sus impuestos y tasas de manera completa.
Lo que viene: el segundo semestre deberá generar un resultado computable 58% mayor
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, llega esta semana a Buenos Aires. La meta anual pactada con el FMI es un superávit primario computable de $16,26 billones. Con los $6,3 billones reconocidos en el primer semestre, faltan otros $9,96 billones para el segundo: un resultado 58% superior al alcanzado entre enero y junio. La exigencia es mayor si se considera que, en los dos años anteriores, dos tercios del superávit se concentraron en el primer semestre y apenas un tercio en el segundo. Si esa proporción se repite en 2026, el Tesoro llegaría a fin de año con $10,5 billones acumulados: $5,7 billones por debajo de la meta. Al Gobierno le quedan tres caminos: ajustar más, esperar una recuperación que todavía no aparece, o seguir vendiendo activos del Estado. Y ese ajuste adicional no es abstracto: se siente en el salario del empleado público, en la universidad, en el paciente que necesita un medicamento y en el jubilado que depende del PAMI.Hay otro desacuerdo de fondo, menos visible: la deuda en los mercados internacionales. El FMI necesita que la Argentina vuelva a emitir deuda afuera -proyecta USD 5.000 millones para la primera mitad de 2027, hasta completar USD 8.000 millones en el año-. El Gobierno, en cambio, no prevé ninguna emisión en moneda extranjera durante todo 2027. Caputo apuesta a que decir "no necesito al mercado" baje el riesgo país y abra esa puerta por otra vía; al Fondo, en cambio, le preocupa que seguir acumulando deuda con organismos multilaterales -que cobran antes que los acreedores privados- termine complicando justamente esa vuelta al mercado que dice buscar.
El programa con el FMI incorporó como meta estructural que el Gobierno presente, antes de fines de 2026, una reforma tributaria de fondo. Un documento técnico del staff del organismo ya analiza el camino: reducir exenciones y regímenes especiales -cuyo costo fiscal estima en 3,5 puntos del PBI por año-, ampliar la base de Ganancias, reformar el Monotributo y sustituir Ingresos Brutos por un IVA dual. Son dos frentes que conviene no mezclar, porque afectan a sectores distintos y por motivos distintos: por un lado, el IVA y los Ingresos Brutos; por otro, Ganancias y el Monotributo. El mismo cronograma exige, también para fines de 2026, un registro formal de riesgos de evasión con foco en los grandes contribuyentes, y avanzar con al menos 3 de 6 recomendaciones de un diagnóstico propio del Fondo contra el lavado de dinero. A esto se suma, con plazo a fines de 2027, una reforma previsional de fondo y cambios en la Carta Orgánica del BCRA para reforzar su independencia -dos capítulos que todavía no entraron en la discusión pública.
Antes de entrar en el detalle, una salvedad: la política tributaria de un país -qué impuestos establece, qué alícuotas aplica, cómo distribuye las competencias fiscales- debe decidirla sus instituciones constitucionales. El Gobierno puede asumir compromisos dentro de un programa financiero, pero la reforma debe discutirse en el Congreso y con las provincias, no quedar definida en un documento técnico redactado por el staff de un organismo internacional.
El IVA tiene hoy una alícuota general del 21%, tratamientos reducidos para ciertos bienes y servicios, y exenciones totales para otros. El documento técnico del FMI analiza bajar la general a 18% o 19% y, al mismo tiempo, achicar esas diferencias. El efecto no sería igual para todos: baja para lo que hoy paga 21%, pero sube para lo que hoy paga menos o nada. El ejemplo más claro es el pan y la leche, hoy con carga reducida o exentos, que pasarían a pagar la misma alícuota que una Coca-Cola. Pero no son los únicos: la misma lógica alcanzaría al agua, los medicamentos, los libros, la carne, las frutas y verduras, o la medicina prepaga.
Con Ingresos Brutos, el documento del staff analiza sustituirlo gradualmente por un IVA dual, compartido entre Nación y provincias. La primera propuesta formal que mostró el Gobierno en 2024 fijaba una alícuota nacional del 9% y dejaba a cada provincia sumar hasta 12 puntos más, según su propia estrategia fiscal: una especie de competencia tributaria entre jurisdicciones para atraer inversiones. El problema es la transición: Ingresos Brutos hoy es el 80% de lo que las provincias recaudan por sus propios medios, y nadie garantiza que la porción del nuevo esquema alcance para cubrir ese agujero. Si no alcanza, lo pagan con menos plata para escuelas, hospitales y sueldos, o inventando otra tasa parecida.
El segundo frente golpea a otro universo: asalariados y monotributistas. Sobre Ganancias, el cambio es directo: bajar el mínimo no imponible para que el 20% de los trabajadores formales vuelva a pagar -hoy paga menos del 1%- significa que alguien que hoy no tributa, pronto va a empezar a hacerlo. No es letra chica: es plata que sale del bolsillo todos los meses.
Para el Monotributo, la propuesta es sacar las categorías más altas del régimen simplificado y empujarlas al régimen general, con algún esquema de transición. Para un monotributista de categorías bajas casi no cambia nada, pero para el que factura cerca del techo, el cambio es concreto: empieza a tributar IVA y Ganancias por separado, suma el régimen previsional correspondiente.
Con las jubilaciones, el documento del FMI propone el fin definitivo de las moratorias y un cambio en cómo se calcula el haber. Hoy hay un piso relativamente parejo; la alternativa analizada separa a quienes completaron los 30 años de aportes -que cobran en proporción a lo aportado- de quienes no llegan a esos 30 años y no pueden comprarlos porque no hay más moratoria: esos quedan bajo la Pensión Universal para el Adulto Mayor, hoy equivalente al 80% de la jubilación mínima.
Y mientras se les pide todo esto a la pyme, al asalariado y al jubilado sin aportes completos, el mismo documento analiza eliminar gradualmente las retenciones a la soja y sus derivados: un alivio estimado en u$s5.000 millones anuales para el sector exportador de punta. En paralelo corre otro régimen en la misma dirección: el RIGI, vigente desde 2024, garantiza treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria -además de desgravaciones concretas- a las grandes inversiones en energía, minería, petróleo y gas, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo y siderurgia. A la pyme, al asalariado que va a empezar a pagar Ganancias y al jubilado sin aportes completos, en cambio, no les espera ningún régimen parecido. Ninguna reforma tributaria, por prolija que sea en el papel, corrige esa asimetría por sí sola.
¿Y ahora, quién paga?
A esta altura, la discusión ya no es solamente si el Estado tuvo superávit o déficit. La cuestión es cómo se obtuvo ese resultado y qué quedó del otro lado de la cuenta, porque cuando el equilibrio depende de ingresos extraordinarios, de la venta o concesión de activos públicos y de recortes sobre transferencias, obras, salarios y servicios, el costo no desaparece: se traslada.Se traslada desde la Nación a las provincias, de las provincias a los municipios y de los municipios a la vida cotidiana. Aparece en la obra que se suspende, en el proveedor que cobra tarde, en el comercio que vende menos, en el trabajador que pierde poder de compra y en el jubilado que debe esperar un medicamento o un reintegro.
Las represas, las empresas públicas llamadas las “joyas de la abuela” pueden venderse una sola vez. Los recortes, en cambio, dejan consecuencias que duran mucho más que el ingreso extraordinario que ayudó a mejorar una planilla. Y cuando el Estado se desprende de patrimonio al mismo tiempo que debilita su capacidad de respuesta, el problema no queda resuelto: queda postergado.
Y hay todavía otra escala en esa cadena: la que va de la Argentina al propio FMI. El cronograma de vencimientos muestra que el país le va a pagar al organismo mucho más de lo que va a recibir en los próximos años. En 2027 vencen USD 4.408 millones de capital y USD 3.256 millones de intereses, contra desembolsos previstos de apenas USD 1.725 millones. En 2028 la brecha se agranda: USD 6.568 millones de capital y USD 2.934 millones de intereses vencidos, contra esos mismos USD 1.725 millones de ayuda. Los desembolsos que quedan cubren apenas el 60% de los intereses. La última escala de esta cadena, entonces, no es una provincia ni un municipio: es el país entero, pagándole al FMI más de lo que recibe.
Entre Ríos y Concordia no miran esta discusión desde afuera, la sienten en la caída de los recursos, en la estrechez de las cuentas públicas, en las pymes que no pueden cumplir con todas sus obligaciones y en los servicios que deben sostenerse con menos. Por eso, el verdadero balance del ajuste no debería medirse solo por cuánto ahorró el Tesoro, sino también por cuánto patrimonio se perdió, cuánta actividad se resignó y cuántas personas quedaron más expuestas.
El equilibrio fiscal es necesario. Pero no puede convertirse en una excusa para aceptar que el esfuerzo recaiga siempre sobre los mismos. Como expresó el presbítero Andrés Servín en una entrevista concedida a Redes de Noticias: “Mi mayor deseo es que la dignidad de la gente sea respetada, estamos en un momento de involución social donde la pobreza y la exclusión deterioran la vida de las personas. Y uno quisiera un país un poco más normal y en paz.”
Hago propias esas palabras. No porque desconozca la necesidad de ordenar las cuentas públicas, sino porque ese orden debe tener un sentido: preservar la posibilidad de trabajar, producir, educarse, atenderse y vivir con dignidad. Por eso escribo esta nota: para que detrás de cada porcentaje no dejemos de ver a las personas y para recordar que gobernar no consiste solamente en cumplir una meta fiscal, sino también en decidir qué se protege, qué se posterga y sobre quién recae el esfuerzo cuando los recursos no alcanzan.
(*) Contador Público, Abogado y Escribano
Fuente: El Entre Ríos