En el sector foresto industrial entrerriano reconocen que cambiar la ley 9.759 no generará empleo masivamente ni salvará a aserraderos y plantaciones de la crisis, pero sí traerá igualdad de condiciones con las demás provincias y se espera que produzca otras derivaciones positivas, tales como el aumento de la superficie plantada y la posibilidad de mejorar precios. Mientras, se aguarda la implementación de la construcción de viviendas sociales de madera y otras medidas de fomento, revela un informe de la periodista Luciana Dalmagro, para El Diario.

La norma en cuestión fue sancionada en 2007 e impide "la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas o que se establezcan en Uruguay, cuya finalidad sea la producción de pasta celulósica". Rollizo es la madera sin proceso industrial que proviene directamente de los bosques implantados y los chips son un subproducto parecido a la viruta o al aserrín, también denominado astilla. Ambos son materia prima de la producción de celulosa.

<h5>Dos pasteras</h5>

Hoy hay en la República Oriental del Uruguay dos papeleras funcionando. Una es la que está en la localidad de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, conocida porque desató el conflicto que culminó en los tribunales de La Haya. Originariamente fue Botnia y en 2009 se vendió a la finlandesa UPM. Su valor agregado representó en 2015 el 1,4 % del producto bruto interno (PBI) del país vecino y sus exportaciones constituyen el 7,75 % de la venta de bienes uruguayos al exterior.

La empresa gestiona también la firma UPM Forestal Oriental, que proporciona la mayor parte de la materia prima a la planta situada frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Forestal Oriental cuenta con 150.000 hectáreas forestadas, superficie mayor a la plantada en toda la provincia de Entre Ríos, que alcanza las 140.000 hectáreas. Es uno de los principales proveedores de la pastera, que necesita procesar unas 13.000 hectáreas para producir 1.000.000 de toneladas de pasta para exportación.

La segunda fábrica de celulosa es la papelera Montes del Plata, propiedad de la chilena Arauco y de la sueco-finlandesa Stora Enso. Está ubicada en el departamento Colonia, junto al río de la Plata, y tiene una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas de celulosa al año. Para abastecerse, maneja cerca de 145.000 hectáreas forestadas en 11 departamentos uruguayos, incluyendo plantaciones en campos de terceros, según se indica en su página web.

<h5>La tercera</h5>

La instalación de una tercera planta en el país, la segunda propiedad de la finlandesa UPM (ex-Botnia) fue anunciada en agosto en rueda de prensa por el presidente Tabaré Vázquez. El mandatario indicó que estará situada en un sitio aún no definido en la cuenca del río Negro, afluente del Uruguay.

"Es una muy buena noticia para el país, ya que podremos avanzar con muchas menos dificultades que las que hubo con la instalación de aquella primera planta (por Botnia) donde pagamos el precio por la inexperiencia", comentó Vázquez y ratificó: "Hablé con el presidente Mauricio Macri y debo decir que su recepción fue excelente, muy buena. Acordamos que no van existir inconvenientes por parte de Argentina por la instalación de este emprendimiento, que va a estar muy lejos del río Uruguay, por tanto la eventual contaminación se haría por el río Negro, que desemboca en el río Uruguay", se sinceró.

La comunicación telefónica entre ambos mandatarios complementó las acciones diplomáticas correspondientes para dar aviso a Argentina de la decisión de autorizar la instalación de una nueva papelera, en cumplimiento de uno de los puntos establecidos en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, emitida en 2010. Allí se determinó que Uruguay no había informado debidamente a la Argentina, como exigían los acuerdos bilaterales.

<h5>Importación</h5>

Tras oscilar por bastante tiempo entre los 1,7 y los 2,4 millones de dólares al año, las operaciones de importación de rollizos sumadas con las de chips y subproductos alcanzaron en Uruguay un pico de 5,2 millones de dólares en 2014. El año pasado bajaron a 3,2 millones. Ese mercado, que fue en 2014 de unos 78 millones de pesos y el año pasado quedó en 48 millones, se abastece principalmente en la provincia de Corrientes y es el que se abriría para Entre Ríos.

Competirían por él 200 aserraderos que operan en la provincia -la mayoría asentados en las localidades de Concordia y Chajarí- y las 140.000 hectáreas forestadas que, dejando de lado a los tres o cuatro grandes, se componen de predios de no más de 50 hectáreas, en muchos casos de propietarios que provienen de otras actividades e incluso de profesionales o emprendedores de diversas ramas que vieron en la forestación una suerte de caja de ahorro.

No representa gran cosa puesto en estos términos, pero se espera que los cambios deriven también en un aumento de la superficie plantada, algo que hoy reclaman desde los aserraderos, ya que se ven obligados a comprar madera en otras provincias. También se aguarda poder vender los rollizos y los chips a mejores precios, lo que repercutiría positivamente en toda la cadena y, aunque en principio no se generaría empleo, las condiciones estrictas para exportar deberían traer formalidad a un sector en el que hoy el trabajo en blanco es una deuda pendiente.

<h5>Cambiemos también quiere exportar madera a Uruguay </h5>

La noticia surgió de una reunión que mantuvieron diputados y senadores provinciales de Cambiemos, en la ciudad de Buenos Aires, con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. El encuentro tuvo lugar el jueves, en la Casa Rosada, pero Cambiemos informó de lo resuelto en la reunión recién este sábado, tras consensuar los términos en los que comunicarían una decisión difícil para algunos de los más encumbrados dirigentes de esa fuerza, que nacieron a la política vinculados a la lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

En sintonía con la posición del presidente Mauricio Macri, Cambiemos está de acuerdo con el planteo del gobernador justicialista Gustavo Bordet de derogar la Ley de la Madera, que impide la exportación de materia prima para las pasteras uruguayas.

La posición no sorprende si se toma en cuenta que el propio Macri cuestionó la Ley de la Madera en el documento "El estado del Estado", una suerte de inventario con el que el macrismo describió la herencia recibida. En ese texto se afirma que el sector forestal "se vio comprometido por el caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes" y que "desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnersmo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puertos entrerrianos".

Según informó oficialmente Cambiemos, durante la reunión con Frigerio se analizó específicamente el "altísimo potencial de desarrollo foresto-industrial" que tiene Entre Ríos, y en ese marco se debatió sobre el proyecto de ley enviado por Bordet a la Legislatura por el que se crearía un Plan Maderero Entrerriano, derogando la Ley 9.759, conocida como la Ley de la Madera.

Los legisladores provinciales de Cambiemos informaron que se encuentran redactando un proyecto propio sobre esta cuestión, dirigido a "brindar aportes y sugerencias que enriquezcan el debate en ambas Cámaras".

<h5>Contaminación</h5>

"El desarrollo productivo y el cuidado del ambiente no deben ser objetivos disociados sino concurrentes", afirmaron los representantes de Cambiemos.

En esa línea, se valoró el aporte que puede hacer la forestación, por su "gran capacidad de captura de carbono", al logro del cumplimiento de las metas que el país asumió en el marco de la Cumbre de Kioto sobre Cambio Climático.

Además, se señaló la necesidad de que el desarrollo foresto-industrial esté basado en la producción de bienes de creciente valor agregado e incorporación de tecnología y conocimiento. Hicieron notar que en esta línea de pensamiento se inscribe un proyecto presentado recientemente por diputados de Cambiemos para crear un Programa Provincial de Construcciones en Madera.

Junto con esto, en la reunión analizaron el "deterioro ambiental" en la cuenca del río Uruguay. Pusieron de relieve la iniciativa del gobierno nacional "en línea con lo prometido por Cambiemos durante la campaña electoral", de impulsar la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las principales ciudades ribereñas.

Estas plantas son consideradas "fundamentales" para avanzar en un plan integral de monitoreo y saneamiento del río Uruguay, y requerirán a su vez acciones similares por parte de la República Oriental del Uruguay.

Cambiemos mencionó que algunas de ellas, como Concepción del Uruguay, cuentan con proyectos que datan de la década del 80; "sin embargo las últimas administraciones no priorizaron este tipo de obras, demostrándose de esa manera la hipocresía y la impostura que caracterizaron a los gobiernos de (Jorge) Busti y (Sergio) Urribarri en materia ambiental", cuestionaron.

El comunicado no lo dice, pero como telón de fondo de esta mención está la idea de que las pasteras no son la principal causa de contaminación del río Uruguay.

<h5>Hugo Cives: "Las casas de madera son nuestro gran desafío"</h5>

"Si se logra modificar la ley, no es que se va a salvar a la actividad, pero algo se va a mover. De todos modos, nuestro gran desafío son las casas de madera", resumió Hugo Cives, presidente del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (Cedefi) que, con sede en Concordia, nuclea a actores provenientes de los sectores público, privado y científico académico.

Cedefi es una mesa multisectorial que funciona bajo el paraguas de una fundación, se creó en 2008 y nuclea a organismos como la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y los ministerios de Producción y Planeamiento de la provincia, a las universidades, al INTA y al INTI, a los industriales y a los plantadores de eucaliptus.

"Recibimos la inquietud de los productores respecto a la necesidad de rever la ley 9.759 porque ellos experimentan un parate muy notable este año, que ya venía desde fines del año pasado. Tomamos esa inquietud y se la trasladamos al gobernador. Tenemos claro que Uruguay no es China ni Brasil y que su mercado, por volumen y escala, no es el más importante, pero el impacto positivo será amplio", señaló Cives y ejemplificó: "Para exportar hay que tener todo en blanco y la posibilidad de hacerlo repercutiría positivamente en un sector en el que somos concientes que abunda el empleo informal". "En la situación actual estamos en desventaja frente al resto del país, especialmente con la provincia de Corrientes, que básicamente es la que le exporta estos materiales al Uruguay. También perdemos en competitividad e integración. Sin ánimo de generar ninguna controversia y con respeto por el medio ambiente, entendemos que este cambio significaría abrir una puerta que hoy está cerrada", reseñó Cives.

<h5>Legisladores con libertad de conciencia</h5>

Del encuentro con Frigerio participaron el senador nacional Alfredo De Angeli, la diputada nacional Yanina Gayol, el diputado nacional e interventor del PRO de Entre Ríos, Marcelo Sorgente, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, el presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay, Mauro Vazón, y el director de Recursos Hídricos de la Nación, Osvaldo Fernández, que fue autor en 2007, cuando era diputado, de la Ley de la Madera, un dato que el comunicado de Cambiemos evita recordar. La ley 9.759 impulsada por el entonces legislador radical de Gualeguaychú prohíbe "la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes" y "lesionan los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial".

Estuvieron presentes casi todos los legisladores provinciales: los senadores Héctor Blanco, Roque Ferrari, Raimundo Kisser, Beltrán Lora, Nicolás Mattiauda, Francisco Morchio, Miguel Piana y Rogelio Schild; y los diputados Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Artusi, Sergio Kneeteman, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor.

El comunicado oficial de Cambiemos tampoco menciona que el macrista Mattiauda y el radical Kneeteman, como legisladores de Gualeguaychú, tendrán "libertad de conciencia" a la hora de votar el proyecto.

<h5>"Queremos venderle a las papeleras"</h5>

Sergio Corso, empresario con más de 20 años en el rubro maderero, es propietario de un aserradero en el que se fabrican pallets, embalajes, pisos, tarimas y machimbres, entre otros productos. Cuenta con una planta en Federación y un centro de distribución en Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

<b>-¿Se vieron perjudicados este tiempo con la actual ley de la madera?</b>

-No es que nos vimos perjudicados, pero sí se nos quitó la posibilidad de tener nuevos clientes para nuestros subproductos, especialmente para el chip que, después del aserrín y la viruta, es el que mayor peso, volumen y valor tiene.

<b>-¿Entre esos clientes a los que se refiere estarían las pasteras uruguayas?</b>

-Sí. La ley no nos permite tener como clientes a la ex Botnia, a la otra papelera de UPM y a la que se va a instalar.

<b>-¿Hoy no tienen a quien venderle esos subproductos?</b>

-Sí, nosotros le vendemos a muchas empresas, entre ellas a pasteras, ya que no hay que olvidar que también tenemos de este tipo de plantas en la Argentina. Le vendemos a firmas como Celulosa Argentina y Papel Prensa, entre otras.

<b>-¿Les sobra o venden todo?</b>

-Vendemos el 100% de nuestros subproductos.

<b>-¿Cuáles serían entonces las ventajas concretas de cambiar la ley?</b>

-Al tener nuevos clientes, podríamos mejorar los precios de nuestros subproductos y enfrentar mejor los distintos aumentos. Recuperaríamos valor, mejoraría la ecuación de los aserraderos y, con ello, la competitividad.

<b>-¿Se generarían nuevos puestos de trabajo?</b>

-En principio no, porque produciríamos lo mismo. Pero al vender más caros los subproductos, podríamos tener un mejor aprovechamiento de los valores en nuestra estructura de costos.

Fuente: El Diario