Entre Ríos sumará 40 nuevos dispositivos de vigilancia electrónica destinados al control de personas que cumplen prisión domiciliaria u otras modalidades de ejecución penal fuera de las unidades carcelarias. La incorporación se concretó a través de un acuerdo firmado entre los ministerios de Seguridad de la Nación y de la provincia.

Con esta ampliación, el sistema entrerriano alcanzará un total de 241 tobilleras electrónicas activas, que serán administradas por el Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario de la provincia.

La medida quedó formalizada mediante un acta complementaria suscripta en el marco del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Según se informó oficialmente, la gestión fue impulsada por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto a autoridades nacionales del área.

Desde el gobierno provincial señalaron que la incorporación de los nuevos equipos busca fortalecer los mecanismos de supervisión de las medidas judiciales dispuestas por los tribunales y ampliar la capacidad operativa del sistema de monitoreo electrónico.

Las tobilleras permiten controlar el cumplimiento de prisiones domiciliarias y otras medidas previstas por la legislación vigente mediante seguimiento remoto permanente. De acuerdo con lo establecido en el convenio, el Estado nacional asumirá los costos del servicio de monitoreo a distancia para garantizar el funcionamiento de los nuevos dispositivos.

En el proceso de gestión y coordinación también participaron el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el subdirector de la fuerza, inspector general Santiago García.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que la ampliación del sistema contribuye a la supervisión de personas autorizadas judicialmente a cumplir medidas fuera de los establecimientos penitenciarios, al tiempo que puede colaborar con la descompresión de las unidades penales mediante mecanismos de control tecnológico.

El acuerdo también establece que la provincia deberá mantener los estándares técnicos y operativos previstos por el programa nacional, incluyendo la elaboración de informes socioambientales previos a la incorporación de cada caso, el envío periódico de estadísticas sobre el uso de los dispositivos y el seguimiento permanente de las personas monitoreadas.

De esta manera, Entre Ríos ampliará su capacidad de control electrónico en el marco de una estrategia que apunta a reforzar la supervisión de medidas judiciales fuera de las cárceles mediante herramientas tecnológicas.

Fuente: El Entre Ríos / Gobierno de Entre Ríos