El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, y el diputado provincial y secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende (FpV) siguen de cerca los trámites jubilatorios que ambos iniciaron recientemente. Los expedientes van superando en días y hasta en horas pasos administrativos que demoran meses para el resto de los trabajadores, reveló Análisis Digital.

Mientras sigue latente la posibilidad de que la documentación recopilada en el proceso de juicio político en su contra sea elevada al Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se inicie una investigación, el ahora ex vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz, apura sus trámites jubilatorios. Es que las derivaciones de una investigación judicial en su contra por supuesta malversación de fondos públicos u otras figuras que pudieran atribuirse a su conducta, especialmente en relación al manejo de viáticos, lo dejan en riesgo de ser penado con una inhabilitación que afectaría su derecho a acceder a la jubilación.

Si bien en la sesión de este miércoles el Senado convertido en corte de justicia rechazó la petición de la comisión acusadora de remitir las actuaciones a la Justicia y coincidieron en ello tanto oficialistas como opositores, lo cierto es que es factible que cualquier dirigente o incluso un ciudadano común accedan a esa documentación y consideren oportuno realizar una presentación o, incluso, puede pensarse en una actuación de oficio. Aunque no se radicará una denuncia concreta, el diputado provincial Diego Lara (FpV), presidente de la comisión de juicio político que acusó a Chiara Díaz, adelantó que se pondrán a disposición del MPF los elementos recabados.

Mientras duró el proceso de juicio político, Chiara Díaz estuvo suspendido en el cargo, cobrando sólo el 50% de su sueldo. El martes 7 de febrero presentó su renuncia al cargo y la misma fue aceptada por el gobernador Gustavo Bordet ese mismo día, a través de un decreto. El jueves 9, Chiara Díaz estableció comunicación con la Caja de Jubilaciones y comenzó a dialogar con las autoridades del organismo acerca de su beneficio. Juntó la documentación necesaria, y el día 14 inició formalmente el trámite, que fue catalogado como "fuera de sistema" y, desde entonces, comenzó a circular "en mano" por las distintas áreas con una velocidad poco común.

Al expediente de Chiara Díaz lo constituye una carpeta de 21 fojas caratulada como "jubilación ordinaria común", con el número 255.521. A menos de 24 horas de su inicio, la carpeta pasó de la Recepción a la Asesoría y finalmente recaló en el área de Cómputos. En el mejor de los casos, este recorrido demora meses para los trámites del resto de los trabajadores.

<h5>Allende: causa lenta, jubilación rápida</h5>

"Avanza como un misil" es el comentario que por estas horas circula en los pasillos de la Caja de Jubilaciones, en relación al trámite jubilatorio del diputado provincial José Allende, que si bien en los últimos tiempos estuvo ocupado con su compleja situación judicial, no descuidó la marcha de su trámite de jubilación ordinaria común.

El también secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) está imputado de los delitos de enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública, en una causa iniciada a raíz de publicaciones de la revista ANALISIS en marzo de 2012, en la que también están involucrados su actual mujer, su ex esposa y sus tres hijos. El Código Penal prevé distintas penas para esas figuras, pero en ambos casos se incluye la "inhabilitación absoluta perpetua" para ejercer cargos públicos.

Preocupado porque una medida de esa naturaleza pueda afectar a su derecho al beneficio previsional, Allende inició el trámite en el organismo entrerriano el 26 de diciembre. Su expediente lleva el número 255.163 y viene circulando "en mano" por las distintas áreas del organismo. El 7 de este mes fue a la Cámara de Diputados y volvió a la Caja en tiempo record, una semana más tarde. Allí pasó por Recepción y rápidamente fue derivado al área de Cómputos. Llama la atención su volumen: tiene 51 fojas, porque comienza con distintas actividades laborales de Allende en las provincias de Neuquén y Santa Fe.

El cuestionado legislador y gremialista millonario inició el trámite con 60 años, pese a que la Ley de Jubilaciones N° 8.732 de la provincia prevé el retiro a los 62 para los hombres, y a los 57 en el caso de las mujeres. Sus aportes en el Estado entrerriano derivan de su condición de empleado categoría 10 de la Dirección de Juntas de Gobierno y por ser diputado en forma ininterrumpida desde 1999.

Allende está citado a indagatoria para el 23 de febrero a la mañana y anticipó que no se escudará en los fueros parlamentarios. No obstante, es probable que presente una declaración por escrito, lo que demoraría nuevamente las causas en su contra. Esa es la estrategia bosquejada junto a su abogado y sobrino, Marcos Rodríguez Allende, luego de que se cayera la posibilidad de un juicio abreviado que el defensor intentó negociar con los fiscales.

Mientras la causa en su contra avanza lentamente y ya lleva cinco años de trámites, en contraposición con los meses de demora que debe soportar cualquier trabajador en condiciones de jubilarse, Allende va llevando su trámite jubilatorio en tiempo record.

Fuente: Análisis Digital