A partir de junio de 2023, Jorge Adolfo Ríos (71) deberá enfrentar un proceso penal ante un jurado popular. Nacido en la localidad de Basavilbaso (Departamento Uruguay), vivió un tiempo en Concepción del Uruguay y luego que se instaló en Quilmes (provincia de Buenos Aires), donde ocurrió el fatídico episodio que lo llevará al banquillo de los acusados.
El 17 de julio de 2020, cinco ladrones ingresaron a robar a su vivienda, en Quilmes Oeste. Mientras dormía, fue golpeado e intimidado con un destornillador por los asaltantes. Sin embargo, los delincuentes no pudieron lograr su objetivo, porque el dueño de casa extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó varios disparos con los que los hizo huir. Él los siguió. Franco Martín Moreyra, tras ser baleado, fue alcanzado por el jubilado, de oficio herrero; golpeado y rematado en la calle, según la acusación de la Justicia. Poco después, atraparon al resto de la banda.
De esta manera, Ríos quedó imputado por el delito de “Homicidio agravado” por parte del fiscal a cargo del caso, Ariel Rivas, titular de la UFI Nº 1 de Quilmes. En un principio, fue alojado en un calabozo, pero al poco tiempo le otorgaron la libertad. El Tribunal Oral Criminal Nº 18 finalmente dio fecha para el juicio por jurados contra el jubilado: comenzará el 6 de junio de 2023. El imputado será representado por Fernando Soto, quien también defendió al policía Luis Chocobar.
Mientras tanto, un miembro de la banda ya volvió a la calle. El 31 de octubre pasado, el Tribunal Oral Criminal Nº 5 ordenó la libertad condicional de Martín Ariel Salto, que había sido condenado a tres años y cuatro meses por tentativa de hurto agravado: las lesiones de Ríos no le fueron imputadas. Así, salió de la Unidad Nº 24 de Florencio Varela bajo caución juratoria. Fue liberado tras cumplir dos tercios de su condena, preso desde mediados de 2020, con una calificación de diez en los registros del Servicio Penitenciario bonaerense.
Ante esto, el abogado de Ríos solicitó una perimetral para que Salto no pudiera acercarse al domicilio del jubilado a menos de 500 metros, lo mismo a la familia, que fue concedida. No se hizo presentación alguna tras la notificación de la excarcelación al particular damnificado.
El jubilado asegura que se defendió del ataque de los delincuentes y que nunca tuvo intención de matar. Su abogado sostiene lo mismo, explicando que se trató de un hecho de legítima defensa. Sin embargo, una cámara de seguridad de la zona lo muestra persiguiendo al ladrón malherido para golpearlo y, según un testigo presencial, rematándolo en el piso. Para Ríos, de igual modo, no fue así.
“Si me preguntás cómo me siento: me siento mal, yo no nací para matar a nadie, pero tampoco para que me entren tres veces en la misma noche. ¿Con qué intención quería venir esta gente?”, sostuvo el hombre en sus primeras declaraciones a la prensa tras el hecho. También aseguró que durante el episodio pensó “mil cosas”, incluso que lo podían a llegar a tomar de rehén: “Yo no soy un delincuente”.
La autopsia al cuerpo de Moreyra (26) determinó que la causa de muerte fue un “paro cardíaco” y un “shock hipovolémico”, por una hemorragia abdominal. Había dos proyectiles dentro del cuerpo. Uno ingresó “a la altura del tórax, en la línea media axilar”, entre la sexta costilla izquierda: la bala cruzó una vértebra para llegar hasta el hombro derecho. La otra fue encontrada en la fosa ilíaca derecha, cerca del abdomen. Pasó por el retroperitoneo y “rompió la aorta y la cava”, lo que llevó al shock que le causó la muerte.
Fuente: El Entre Ríos / Infobae