Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, informó este viernes que el Gobierno nacional comunicó que va a cumplir con la cautelar de la Justicia en favor de ese gremio que le ordenó retroceder de su decisión de despedir a más de 300 trabajadores del INTA, el Instituto de Semillas y el de Vitivinicultura. De no hacerlo, según la disposición judicial, el ministro de Economía, Luis Caputo, se exponía a una multa de 10 millones de pesos por día.
Economía acatará
Marta Novoa, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, envió este viernes al titular del INTA, Nicolás Bronzovich, una nota interna ordenándole que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 462/2025”.Ese decreto, que impulsó el ministro Federico Sturzenegger para poder intervenir en el INTA, dominar su caja, echar su personal y poder poner a la venta parte de sus campos, fue objetado por al justicia federal de San Martín, que ordenó no novar durante al menos seis meses, pero además fue derogado por el Congreso de la Nación, con votaciones aplastantes tanto en Diputados como el Senado.
Pese a esas votaciones, Caputo dictó la semana pasada el pase a disponibilidad de más de 300 empleados no solo del INTA sino de otros organismos autárquicos que habían sido intervenidos en base de dicho decreto anulado. Por eso la recomendación de Economía a Bronzovich para que no ejecute esta orden.
Pulseada
“No habrá trabajadores en disponibilidad en el INTA. Esta definitivamente no es tu semana Javier Milei. La caravana en Lomas duró 5 minutos, ayer corrieron en Corrientes, y ahora reculaste con los despidos. Cómo se nota que lo único que les duele a ustedes es la plata eh… Les dijeron que los iban a multar con 10 millones de pesos diarios si no cumplían y enseguida se volvieron obedientes”, chicaneó a los funcionarios el gremialista, politizando el asunto.En realidad, la situación es bastante más compleja que una pulseada entre oficialismo y oposición. Desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, se intentó meter mano en el sistema de gobernanza histórico del Instituto de Tecnología Agropecuaria, que era dirigido por un cuerpo colegiado de diez miembros, para no tener así resistencia a la hora de meter motosierra en el organismo. Nunca trascendió un proyecto sobre lo que quería hacer Milei con el INTA, y solo se conocieron borradores donde se hablaba de despedir al 25% del personal (para reducir la planta de 6.000 personas a 4.500) y de poner a la venta campos experimentales.
Esta política avanzó en diciembre de 2024 con la venta del histórico edificio de la calle Cerviño, que se adjudicó a un grupo desarrollador por 18 millones de dólares. Pese a que el vocero presidencial Manuel Adorni prometió públicamente que el 70% de los recursos obtenidos iba a volver al INTA, en marzo un nuevo decreto de Milei derivó ese dinero hacia rentas generales.
Ese mismo mes, durante la Expoagro, las entidades rurales de la Mesa de Enlace que cogobernaron durante décadas el INTA junto a representantes del Poder Ejecutivo, los grupos CREA y las universidades, en el denominado Consejo Directivo Nacional pero también en las Regionales, acordaron con el ex coordinador de Producción, Juan Pazo, y su concuñado secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, una intervención a la Dirección Nacional del INTA, la burocracia administrativa conformada por investigadores elegidos por concurso.
Pero esa estrategia no le pareció suficiente al ministro Sturzenegger, a cargo de Desregulación, que fue por la intervención total de ese y otros organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Economía. Por eso Milei firmó el Decreto 462/2025, que es lisa y claramente una degradación del INTA por cuanto se eliminó el Consejo Directivo Nacional y se concentró todo el poder en un único presidente que responde directamente al Ejecutivo. En ese puesto se designó a Bronzovich.
Ese mega decreto es el que la semana pasada no solo fue objetado por los gremios como ATE y Apinta en la justicia federal, sino que además fue derogado por el Congreso Nacional. Por lo tanto, todas las medidas que fueron dispuestas invocando esa normativa han quedado vicias y deberían ser anuladas.
En un abierto desafío al Poder Legislativo y el Judicial, el ministro Caputo dictó a pocas horas de la votación en el Senado una resolución poniendo en disponibilidad una larga lista de empleados del INTA, el INASE y el INV, como paso previo a su despido. Esto motivo una nueva presentación judicial y la imposición de posibles multas millonarias al funcionario que estaba incumpliendo las órdenes emitidas desde los otros poderes del Estado. Una semana después, Economía aceptó esa orden y daría marcha atrás con esos despidos potenciales.
Queda, de todos modos, definir lo sustancia: qué sucederá con la vida institucional del INTA, ya que luego del decreto derogado cayó la intervención y debería reasumir sus funciones el Consejo Directivo Nacional que había sido eliminado. Allí pesa la opinión de todos los sectores, pero sobre todo de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que se debaten por estas horas entre aceptar y cumplir con la definición del Congreso Nacional y entre una visible obsecuencia de alguna de ellas a los mandatos del Ministerio de Economía.
Esta semana el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, volvió a mantener reuniones con el ministro Caputo. Y aunque desde la entidad informaron que hablaron de otros temas como la infraestructura, es más que seguro que también tocaron el tema INTA. Para el resto de las entidades rurales, la posición de la SRA es el escollo más grande a la hora de rearmar la conducción tradicional y colegiada que tenía el INTA. Pero el asunto deberá resolverse en las próximas horas.
La actitud de Bronzovich
Por lo pronto, el presidente en funciones, Bronzovich, también está mandando mensajes tranquilizadores a la línea de conducción del organismo. Por lo pronto, el funcionario se verá obligado a retroceder con los posibles despidos, pero también a revisar otras decisiones, como la eliminación de la regional INTA Amba y la los institutos de tecnología para pequeños productores. Esas dos palabra parecen provocar “asquito” entre los funcionarios de La Libertad Avanza, como si el fenómeno de la agricultura familiar y de subsistencia no existiera.El jueves por la tarde, Bronzovich mantuvo una reunión con los directores de centros que conforman el Instituto, y que le reclamaron inmediatas definiciones, más allá de los plazos legales de ocho días establecidos por la justicia. La necesidad de resolver cómo sigue la película es mayúscula, pues en la mayoría de oficinas y campos pertenecientes al INTA se cortó el flujo de recursos y las investigaciones corren serio peligro.
En este sentido, el titular (por ahora) del INTA les informó que el “lunes o martes de la semana próxima se espera contar con la habilitación por parte de Economía de un punto de compras para poder canalizar esos trámites” y les dijo que su esfuerzo esté “en lo operativo, dentro de ello está la gestión de un pedido de refuerzo” presupuestario.
“Actualmente el presidente se está ocupando de operativizar el pago de haberes de los agentes”, dice la minuta de esa reunión, como para dejar en claro el desesperante estado de las cosas.
Fuente: Matías Longoni para Bichos de Campo.