Hugo Céspedes, poco antes de abandonar su cargo, escribió una nota de dos carillas. A través de ese escrito el exsubsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación solicitó la confección de los pliegos de una licitación pública nacional para que se pueda contratar un nuevo servicio de taxis aéreos para la Gobernación.

El exfuncionario dijo que lo hacía "por expresa disposición superior" y así lo plasmó en el primer párrafo de su escrito, fechado el 14 de septiembre pasado. Un día después el trámite administrativo se formalizó a través del Expediente 1.890.945, que fue girado a la Unidad Central de Contrataciones (UCC).

Lo que la Gobernación pretende, según consta en la documentación a la que tuvo acceso Elentreríos, es contratar un servicio estimado en 40.000 kilómetros "y/o por un término de seis (6) meses, con una opción de prórroga por igual período".

De esa forma busca garantizar los traslados aéreos del gobernador Gustavo Bordet y otros siete funcionarios. Se supone que esas eventuales comitivas podrán ser integradas por los ministros de su gabinete.

De acuerdo con el escrito que Céspedes envió al director de la UCC, Pedro González Solano, la intención del Poder Ejecutivo es contar con dos tipos de aeronaves para la prestación del servicio: un Learjet 60 y un Learjet 31.

Casualidad o no, se trata de modelos -matrículas LV-GQR y LV-CNQ- que posee Pacific Ocean SA, la empresa que brinda el servicio de taxis aéreos para la Gobernación desde marzo de 2015. La contratación de esa firma, que todavía sigue vigente, fue dispuesta por el exgobernador Sergio Urribarri a través del decreto 410/15 GOB, fechado el 11 de marzo del año anterior.

Según lo señalado por Céspedes en su misiva a González Solano, "las empresas deberán acreditar que las aeronaves presentadas en la licitación son propiedad de la empresa aérea" y que la situación contractual de los tripulantes afectados se encuentra en regla.

Además, desde la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Gobernación se advirtió que las eventuales oferentes tendrán que presentar una "declaración jurada que acredite que no se encuentran incursas en ninguna causal de inhabilidad para contratar con la administración pública nacional y/o provincial".

La pretensión del gobierno es que las firmas interesadas también cuenten con certificado de explorador aéreo, certificado de aeronavegabilidad (Anexos I y II), seguros de responsabilidad civil, detalles de pilotos y estatutos de la empresa y sus modificaciones.

Junto con ello Céspedes detalló que "en caso de que la aeronave quede inoperativa por cualquier causa, el adjudicatario deberá estar en condiciones de cumplir el servicio con otra aeronave de similares características". Actualmente la máquina alternativa de Pacific Ocean SA es un Beechcraft B-200 (matrícula LV-MEW).

En otro tramo de su escrito, Céspedes indicó que "la aeronave a utilizarse será definida por el tipo de operación a realizarse y estará a cargo del señor gobernador de la provincia o del secretario general de la Gobernación".

Y añadió que la tarifa "deberá incluir los siguientes costos: combustibles (JP1, aceites, líquidos hidráulicos, nitrógeno y oxígeno), tasas de aeropuertos y servicios aeroportuarios, seguros legales, espera de hasta seis (6) horas para vuelos de cabotajes y servicio de abordo". Asimismo agregó que "deberán detallarse como adicionales los costos correspondientes a excedentes de horas de espera para vuelos de cabotaje y pernocte nacional".

Céspedes solicitó a la UCC que se le diera trámite preferencial a su pedido y que "una vez confeccionados los pliegos sean remitidos a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, a los efectos de proceder a la reserva preventiva de fondos por un total aproximado de 300.000 pesos para el corriente ejercicio, en la partida 3.5.1 prevista en la Jurisdicción 10-Programa 16-Gobernación, habiéndose estimado un valor promedio de U$S 7 el kilómetro"

Ese precio estimado supera a la tarifa que rige actualmente. Según los términos del contrato vigente, el Poder Ejecutivo abona 5,20 dólares por cada kilómetro recorrido.

Fuente: El Entre Ríos