La causa judicial por la planta de residuos de Las 3E SRL, vinculada a la familia de la concejal libertaria Romina Todoni, sumó un nuevo capítulo. Mediante una resolución dictada el 19 de marzo, la jueza Gabriela Teresita Mastaglia ordenó a la Municipalidad de Paraná que avance con un proceso de licitación pública para garantizar el retiro total de los residuos acumulados en el predio.
La medida se inscribe en el marco del amparo ambiental iniciado por vecinos y da continuidad a un proceso que ya lleva años. En su resolución, la magistrada advierte que, pese a algunos avances, el ritmo de remoción no alcanza para cumplir con los plazos fijados anteriormente. Según los informes incorporados al expediente, hasta febrero de este año se habían retirado más de 1,2 millones de kilos de residuos, con un promedio de tres camiones diarios. Sin embargo, por la magnitud del predio -de más de 36 mil metros cuadrados- y el volumen total acumulado, considera “altamente improbable” que el saneamiento se complete dentro del plazo previsto.
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la situación de los residuos peligrosos. La jueza señala que su retiro ha sido mínimo -apenas el 0,09 por ciento del total- y que, además, no se cumplen las condiciones técnicas exigidas para su almacenamiento temporal. En ese contexto, remarca que los vecinos de la zona continúan expuestos a riesgos para la salud y el ambiente.
Frente a este escenario, el tribunal concluye que resulta necesario adoptar una alternativa que permita acelerar el proceso. Por eso dispone que el Estado municipal lleve adelante una licitación para el retiro de los residuos, con el propósito de asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia dictada en 2024 “en el tiempo más breve posible”. Para ello, también ordena realizar un relevamiento integral del predio y habilita incluso el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.
Al mismo tiempo, la resolución establece que la empresa deberá continuar con las tareas de retiro mientras se organiza la licitación, a fin de no paralizar el proceso. No obstante, la intima a regularizar en un plazo de 20 días las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos conforme a la normativa vigente.
El fallo también aborda una denuncia sobre el traslado de residuos a un predio cercano perteneciente a RDT SA. Las inspecciones confirmaron la presencia de acoplados con materiales provenientes de la planta, aunque no se verificó su descarga en el lugar, sino su permanencia temporal a la espera de disposición final. En función de ello, la jueza entendió que no se configuró un incumplimiento directo de la sentencia en este punto.
De todos modos, y ante la posibilidad de que existan irregularidades o incluso un delito ambiental, dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que evalúe la situación.
A casi dos años de la sentencia que ordenó el saneamiento del predio, la causa sigue abierta y sin una solución definitiva. La nueva resolución reconoce avances, pero también expone demoras, incumplimientos y la necesidad de una intervención más contundente para resolver un conflicto que mantiene en alerta a los vecinos de la zona.
Fuente: El Entre Ríos