El bloque de Juntos por Entre Ríos llegará a la sesión especial de este miércoles con los votos necesarios para aprobar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara, quien sostuvo que el oficialismo cuenta con el respaldo de la senadora Gladys Domínguez, firmante del dictamen de mayoría. Dicho en la jerga gastronómica, el menú especialmente elaborado por el gobierno entrerriano “saldría con fritas”, sin mayores contratiempos ni demoras.

En la antesala del debate, el senador destacó que el texto fue modificado tras el paso por las comisiones y defendió que los cambios incorporados fortalecieron tanto el contenido como la solidez jurídica de la iniciativa, que busca reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar su sustentabilidad.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Vergara aseguró que el oficialismo tiene garantizado el acompañamiento de los ocho integrantes de Juntos por Entre Ríos más el voto de Domínguez. "Nosotros tenemos el bloque completo y la senadora Domínguez, que votó con nosotros, firmó el dictamen de mayoría, con lo cual uno entiende que está de acuerdo con el proyecto general", afirmó. "En principio estamos con esa situación", agregó.

Entre las principales modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo, el senador mencionó que la declaración de emergencia previsional tendrá un plazo de dos años, prorrogable por otros dos mediante decreto fundado del Poder Ejecutivo y comunicación a la Legislatura.

También explicó que durante la vigencia de esa emergencia se implementará un aporte solidario extraordinario del 3% para los trabajadores activos que perciban salarios superiores a los tres millones de pesos, mientras que los empleadores del sistema previsional realizarán una contribución patronal del mismo porcentaje. En el caso de municipios y comunas que no generen déficit en la Caja, ese aporte será del 1,5%.

Respecto de las modificaciones permanentes a la Ley 8.732, Vergara señaló que el cálculo del haber inicial ya no se realizará sobre los últimos 20 años de aportes, como proponía el proyecto original, sino sobre los últimos 15 años de la carrera laboral.

Otra de las modificaciones relevantes es la marcha atrás con la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. El dictamen que llegará al recinto mantiene los 65 años para los varones y 60 para las mujeres, además de eliminar la disposición que establecía una edad de 68 años para quienes ingresaran al Estado en el futuro.

En cuanto a los regímenes especiales, el senador precisó que no se modifican las edades de acceso al beneficio, aunque quienes se jubilen anticipadamente deberán continuar realizando aportes personales hasta alcanzar la edad jubilatoria general. Esos aportes serán decrecientes en cuatro etapas hasta extinguirse al llegar a la edad ordinaria.

Otro de los cambios destacados es la definición de un único criterio de movilidad para todos los jubilados provinciales. El ajuste de los haberes quedará atado al porcentaje acordado en la paritaria del escalafón con mayor cantidad de aportantes al sistema, que actualmente corresponde al sector docente, y deberá liquidarse dentro de los 60 días posteriores al aumento de los trabajadores activos.

Consultado sobre el impacto financiero de la reforma, Vergara admitió que no existe una estimación definitiva sobre cuánto disminuirá el déficit, aunque sostuvo que la combinación de mayores aportes y modificaciones estructurales permitirá "cambiar la curva del financiamiento de la Caja" y darle mayor previsibilidad al sistema previsional.

El legislador también rechazó las críticas por el momento elegido para discutir la iniciativa y aseguró que el proyecto tuvo un amplio debate previo. "Todos pudieron hablar, todos pudieron expresarse", sostuvo, al recordar que durante semanas desfilaron por las comisiones sindicatos, especialistas, intendentes y distintos sectores interesados.

Finalmente, consideró que las modificaciones introducidas fortalecieron la constitucionalidad de la iniciativa y reducen las posibilidades de que prospere un eventual planteo judicial. Según argumentó, el proyecto no implica confiscación de haberes, fija un plazo determinado para la emergencia y concentra sus principales efectos en el mediano y largo plazo.

Fuente: Análisis