Este viernes, alrededor de las 7.30, Urribarri se hizo presente en tribunales para prestar declaración en la causa en la que está Imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. Presentó un escrito en el que explicó qué fue lo que pretendía al instalar el parador en Mar del Plata.

En este sentido, Urribarri negó terminantemente que dicho parador se haya montado con fines electoralistas, sostuvo que, en primer lugar, "la contratación fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 4804/14". Y por otro lado, que la selección del contratista fue llevada adelante por la Unidad Central de Contrataciones de forma absolutamente regular y transparente, e incluso, "no mereció objeción alguna de los órganos de control".

El ex gobernador explicó: "Estuve en las instalaciones el día de su inauguración un par de horas y nunca volví a visitarlas. Nunca allí se realizó una reunión política o algún acto de tal naturaleza, solo se organizaron eventos musicales y actividades de recreación propias de este tipo de instalaciones con el único propósito de promover el turismo en la provincia".

Asimismo, remarcó la intervención de diversos organismos, integrados por profesionales especializados, con autonomía funcional, estabilidad política y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad del gasto y la legitimidad de la actividad de gobierno.

Indicó que así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada "cuenta general del ejercicio". Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público.

En esta línea, Urribarri también hizo referencia a que "el mal desempeño autoriza el juicio político al gobernador, lo cual es de claro conocimiento del denunciante (ya que tiempo atrás actuó como defensor en un hecho de esas características), pero por alguna razón, jamás se ocupó de impulsarlo".

El ex gobernador refutó las acusaciones planteadas partiendo de la premisa de que "no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", en tanto ésta "no es dinero, ni es una caja que contenga dinero", sino que se trata de "una autorización para gastar" fondos públicos. Y explicó: "Es decir que un funcionario sólo se ocupa de ordenar un pago, aguardando que los recursos estén disponibles, que la Contaduría General de la Provincia lo apruebe si corresponde, y finalmente, que la Tesorería libre el cheque bancario respectivo".

Por último, luego de brindar sus argumentos, Urribarri destacó el carácter "no judiciable" de la revisión de los actos de gobierno y del ejercicio de las facultades propias del Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Provincial.