Osvaldo Pepe recurre a una de las mayores obras de la literatura de habla hispana. Cita a Lope de Vega para hacer un rápido repaso a lo que califica como "una trama oscura de corrupción". Así fue publicado, este lunes, por diario "Clarín".
A Fuenteovejuna fui/de la suerte que has mandado, y con especial cuidado/y diligencia asistí;/Haciendo averiguación del cometido delito/ una hoja no se ha escrito/que sea en comprobación;/ porque conformes a una/ con un valeroso pecho/en pidiendo quién lo ha hecho,/responden: "Fuenteovejuna" (Parlamento del juez que investiga el asesinato de un malvado Comendador en el pueblo Fuenteovejuna, según la célebre pieza teatral del español Lope de Vega, del siglo XV.
Como se sabe, al ser interrogado por los jueces, cada vecino niega responsabilidad y atribuye el delito a una actitud colectiva del pueblo. Finalmente, el rey les concede el perdón) El 18 de abril de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos desacreditó en un fallo la legalidad de las sospechosas multas con radares a lo largo de la Ruta 14, al negar a las comunas la facultad de labrar actas: "No está librado a la potestad comunal ampliar su competencia invadiendo la de la Nación o provincia bajo la cosmética de la autonomía, ya que ello traería aparejado una caótica situación". Y define al sistema de multas municipales como "sólo un velo para esconder la finalidad meramente recaudatoria con el objeto de obtener ingresos ..." Ni siquiera el rotundo fallo pudo proteger entonces a las desprevenidas víctimas de esa Ruta 14.
Casi quince años se mantuvo esa oscura trama de corrupción entre policías, jefes y/o agentes comunales, algunos jueces de la provincia de Entre Ríos y estudios jurídicos en la provincia de Buenos Aires y la Capital, encargados de la intimación final a los presuntos infractores. Con radarización no homologada por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y cámaras sigilosamente ubicadas con fines recaudatorios fueron multados miles y miles de automovilistas incautos.
Dos municipios de Entre Ríos se llevaron el récord de denuncias: los de Ubajay y Estancia Grande en Colonia Yeruá. El momento pico de la estafa disfrazada de campaña de prevención fue en pleno auge kirchnerista. Los intendentes de entonces representaban al peronismo: Aníbal Williman (Ubajay) y Esteban Llados (Colonia Yeruá).
En confianza, bastó la voluntad política del gobernador Gustavo Bordet, también peronista, para dejar a la intemperie la trama silenciosa de Fuenteovejuna que escamoteaba responsabilidades: fuimos todos, pero no fue ninguno. Si bien los motivos de la conspiración teatral fueron bien distintos, lo cierto es que el tejido de corrupción funcionó gracias a las miradas extraviadas de todos los niveles del poder.
Bordet admitió que las multas del antiguo sistema "resultaban engañosas". Nunca es tarde para la decencia pública. Aun así, no hay que olvidar que en 2005, sólo en Ubajay, se realizaban unas 700 actas mensuales, de las que cobraba la mitad, unos $ 30.000. Con el dólar a $ 3, la cuenta da U$S 10.000 mensuales. O sea US$ 120.000 al año. El kirchnerista Williman fue intendente de Ubajay en toda la "década ganada".
Fuente: Diario Clarín.