El abogado Mario Arcusin denunció públicamente el vencimiento de los plazos legales para resolver el recurso de casación presentado por la defensa del exfuncionario provincial Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva por causar la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial sobre la Ruta 39.
Antecedentes y condena de primera instancia
El pasado 9 de marzo, la Justicia entrerriana rechazó los atenuantes planteados por la defensa y le aplicó una pena de 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo a Juan Enrique Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos y dirigente del PRO. El juez Darío Crespo lo halló autor material y responsable del delito de homicidio culposo por el trágico siniestro vial acontecido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.En dicha oportunidad, Ruiz Orrico conducía alcoholizado un automóvil oficial Volkswagen Passat cuando se cruzó de carril de forma imprudente e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa. En este último vehículo viajaban cuatro jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso que se dirigían a su jornada laboral en el Frigorífico Fadel, en la localidad de Pronunciamiento. Las víctimas, quienes fallecieron en el acto, fueron identificadas como Brian Izaguirre (32), Lucas Izaguirre (26), Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23). Actualmente, el condenado permanece en libertad ambulatoria hasta tanto la sentencia adquiera firmeza.
Excusaciones masivas y conformación de un tribunal ad hoc
La tramitación de la apelación interpuesta por la defensa de Ruiz Orrico —quien manifestó disconformidad con el monto de la pena— provocó el apartamiento en pleno de la Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia. Esto se debió a que dicha sala es integrada por la jueza María Evangelina Bruzzo, exesposa del imputado, quien debió excusarse formalmente por razones de parentesco.Ante este escenario de inhibición colectiva, el tribunal debió conformarse con carácter de urgencia (ad hoc) por tres vocales pertenecientes al Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Concordia: los magistrados Pablo Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán César Darío Dri.
Denuncia por vencimiento de los plazos legales
El abogado que representa a las familias de las víctimas, Mario Arcusin, alertó en declaraciones radiales sobre la paralización del trámite penal y criticó la falta de precisiones temporales para el dictado de la sentencia definitiva, asegurando que el periodo legal de 20 días hábiles caducó formalmente el pasado lunes 22 de junio.Al describir las respuestas recibidas desde el órgano judicial con sede en Concordia, el letrado relató de manera textual: “El plazo que tenían para dictar sentencia era de 20 días hábiles, que en principio vencía el viernes pasado. Pero hubo un feriado, se prorrogó hasta el lunes 22, a las 9. Como no tuve ninguna novedad, llamé al Tribunal y me informan que como el tribunal fue constituido ad hoc, o sea, especialmente para esto, porque la sala de Casación se excusó por la relación con la exesposa de Orrico, y se integró con jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, se van a tomar otro plazo, que no supieron decime de cuánto tiempo. La explicación que me dan para la demora es que como el tribunal tenía ya su agenda completa de juicios, no tienen tiempo para sentarse a charlar sobre este tema. Encima, hay francos compensatorios de algunos de los jueces, así que no se sabe cuándo podrá salir la sentencia”.
Severas críticas a la agenda de los magistrados
El representante querellante manifestó el profundo malestar que embarga a los allegados de las víctimas fatales y rebautizó el estado procesal como “La injusticia de la justicia”, reprochando la falta de comunicación institucional frente al dolor de los deudos.“Cuando empezó el juicio, yo lo titulé juicio del dolor, y ahora lo titulo ´La injusticia de la justicia´, porque no pueden ignorar el sufrimiento de la familia y no pueden, además, esperar que el abogado llame por teléfono para preguntar. En todo caso, emitan un comunicado diciendo eso mismo, que debido a todas estas cuestiones se va a demorar. Porque además no me dicen cuándo se conocerá la resolución. Me dicen algún día, no sé cuándo”, enfatizó Arcusin.
El profesional del derecho profundizó sus críticas al señalar la distancia existente entre los tiempos judiciales y el padecimiento de las familias afectadas: “Más allá de que la justicia es ciega, sorda y muda, no puede permanecer ajeno a una realidad de sufrimiento evidente. Mientras él (Ruiz Orrico) llora por el daño que causó, las madres lloran porque tienen a sus hijos dos metros bajo tierra”. En tono irónico, Arcusin concluyó de forma taxativa: “No estamos hablando de cuándo juega Boca. Estamos hablando de justicia por cuatro muertes. Sinceramente, me pone muy mal tener tantos años de ejercicio de profesión, haber estudiado una carrera universitaria -tengo el mismo título de abogado que los jueces- y encontrarme con esta falta de respeto”.
Sin herramientas procesales inmediatas
Al ser consultado sobre las alternativas legales disponibles para intimar al tribunal a que resuelva el recurso de casación, el abogado reconoció la imposibilidad de forzar una resolución inmediata, aunque instó formalmente a los jueces a priorizar la causa por encima de los compromisos ordinarios de su agenda.“Hay que esperar nada más. Lo que digo es: a ver, muchachos, júntese un sábado a la tarde, qué sé yo, porque el sueldo lo están cobrando. Si aceptaron integrar el tribunal, póngase a trabajar. O no hubiesen aceptado. Hubiese sido mejor que dijeran que no tenían tiempo para ocuparse porque tenían mucho trabajo. Entonces, nos íbamos al tribunal de Asunción del Paraguay, qué sé yo. No sé. Pero si ellos aceptaron el cargo, ahora no me pueden venir a decir que se demoran porque tienen trabajo en otras causas”, sentenció el letrado de la querella.
Fuente: Entre Ríos Ahora