Un caso inédito para el departamento Colón tramita actualmente ante el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, a cargo del Dante Command, donde una pareja divorciada disputa judicialmente el régimen de comunicación respecto de su perra “Blacky”, en una causa que ya despierta interés dentro del ámbito del Derecho.
El expediente se originó tras la disolución de un matrimonio de Villa Elisa que no tenía hijos y que, durante la convivencia, había incorporado a la mascota como parte central de su vida en común.
En el marco del divorcio, las partes alcanzaron inicialmente un acuerdo mediante el cual uno de ellos conservaría la tenencia cotidiana de la perra, mientras que el otro mantendría un régimen de visitas y comunicación. Sin embargo, con el correr de los meses habrían comenzado a darse incumplimientos y diferencias respecto de la modalidad acordada, situación que derivó en presentaciones en los tribunales de calle 12 de Abril y hasta ejecuciones.
Actualmente, existe un acuerdo homologado judicialmente que establece dos encuentros durante la semana -los días martes y jueves-, aunque también hay otro entendimiento posterior -pendiente de homologación y trabado por el incumplimiento del primero- que ampliaría el régimen a una modalidad alternada de una semana para cada parte.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el conflicto escaló tras los presuntos incumplimientos, lo que motivó presentaciones judiciales para exigir el respeto del régimen vigente e incluso la aplicación de sanciones económicas compulsivas, conocidas jurídicamente como astreintes, que ya superarían el millón de pesos para una de las partes.
Luego de una audiencia desarrollada en los primeros días de mayo, se aguarda una nueva instancia fijada para el 4 de junio, fecha en la que el magistrado buscará que las partes arriben a un acuerdo integrador que permita evitar la profundización del litigio. De lo contrario, se podría avanzar hacia un juicio.
De acuerdo a lo que se pudo saber sobre el caso, el juez viene privilegiando una salida consensuada, apelando al diálogo entre las partes antes de avanzar hacia una resolución estrictamente judicial sobre el régimen definitivo.
Un caso que abre debates inéditos
Aunque existen antecedentes en distintas provincias vinculados a la protección animal y al reconocimiento de los animales como seres sintientes, el caso de “Blacky aparece como una situación poco frecuente en la Justicia entrerriana, particularmente porque traslada al ámbito judicial discusiones tradicionalmente asociadas a los vínculos familiares humanos.Especialistas consultados señalan que este tipo de procesos presentan dificultades jurídicas novedosas, ya que el derecho de familia tradicionalmente trabaja sobre principios vinculados al interés superior del niño, evaluaciones interdisciplinarias y mecanismos específicos de protección de personas vulnerables, herramientas que no pueden trasladarse automáticamente a conflictos relacionados con animales de compañía.
En ese contexto, los tribunales deben apoyarse en nuevas interpretaciones vinculadas al bienestar animal, la convivencia familiar y la evolución doctrinaria que reconoce a los animales una protección jurídica diferenciada respecto de los bienes materiales tradicionales.
Animales como “seres sintientes”
En los últimos años, la Justicia de Entre Ríos comenzó a consolidar una línea jurisprudencial vinculada al reconocimiento de los animales como “seres sintientes” y sujetos merecedores de protección jurídica especial, marcando antecedentes relevantes a nivel nacional.Uno de los fallos más significativos se registró durante 2018 en Paraná, cuando la Justicia sostuvo que los animales no deben ser considerados simples objetos, sino “sujetos de derecho”. La resolución surgió en el marco de una causa por la muerte violenta de un perro y permitió ampliar la legitimación de asociaciones protectoras para intervenir judicialmente en defensa de los animales.
Años más tarde, en 2022, la Sala III de la Cámara Segunda de Paraná volvió a sentar un precedente al anular una resolución provincial que habilitaba la caza de aves autóctonas. En ese fallo, el juez interviniente reconoció expresamente a las aves como “seres sintientes”, señalando que poseen capacidad de sufrir y que el Estado tiene el deber de garantizar su protección.
La decisión fue posteriormente respaldada por el Superior Tribunal de Justicia, fortaleciendo así un criterio judicial que vincula la protección animal con los principios del derecho ambiental y el bienestar animal.
Estos antecedentes son considerados de relevancia dentro del derecho animal, ya que reflejan un cambio progresivo en la mirada judicial respecto de los animales, dejando atrás su antigua consideración como meros bienes para reconocerles una tutela jurídica cada vez más amplia.
Desafíos detrás del caso “Blacky”
En este caso puntual, el conflicto por “Blacky” también expone los desafíos jurídicos que aparecen cuando las mascotas ocupan un lugar afectivo central dentro de las dinámicas familiares. A diferencia de otros procesos de familia, aquí no pueden aplicarse herramientas habituales como el principio del interés superior del niño, sesiones de cámara Gesell o evaluaciones interdisciplinarias pensadas para personas. Por eso, el expediente obliga a la Justicia a explorar criterios novedosos vinculados al bienestar animal, la convivencia y los consensos entre las partes en una materia todavía en construcción dentro del derecho.Fuente: El Entre Ríos