El Licenciado en Relaciones Internacionales Mauro Collajovsky analizó la aparente falta de interés del presidente de la Nación Javier Milei en el conflicto con la República Oriental del Uruguay, por un proyecto en Paysandú y su posible impacto sobre Colón.
“La respuesta no es sencilla, pero es honesta”, dice el texto que el profesional de la localidad de San José –especialista en Derecho Internacional Público, Diplomacia y Geopolítica- compartió con El Entre Ríos.
“Su política exterior prioriza el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la no intervención en las decisiones productivas de otros países. A eso se suma una decisión política explícita, como fue el retiro de la Argentina de la Agenda 2030 y una postura que relativiza el rol del cambio climático en la agenda internacional. En ese esquema, los conflictos ambientales, territoriales o transfronterizos pasan a un segundo plano”, señala sobre el primer mandatario.
“Pensar que el gobierno nacional va a intervenir activamente en el caso de Colón es, lamentablemente, poco realista”.
En esta línea, “involucrarse implicaría cuestionar un proyecto industrial impulsado por Uruguay y abrir un debate que el propio presidente decidió dejar fuera de su política exterior. No es desinterés ocasional ni desconocimiento del problema. Es una elección política coherente con su visión ideológica”.
Para Collajovsky, “este contexto deja a Colón y a la Microrregión Tierra de Palmares en una situación difícil. El problema existe, la preocupación es legítima y el impacto es directo, pero el respaldo nacional es limitado porque el conflicto no encaja dentro de las prioridades del gobierno nacional”.
Texto
Hace algunas semanas vengo recibiendo consultas recurrentes de vecinos, dirigentes y ciudadanos preocupados que se preguntan por qué el gobierno nacional no interviene en el conflicto que genera el avance del proyecto de HIF Global en Paysandú. Muchos lo dicen sin rodeos. Por qué el gobierno de Javier Milei abandonó a Colón. Por qué no le interesa el reclamo. Por qué parece mirar para otro lado frente a una situación que afecta directamente a una comunidad argentina.La respuesta no es sencilla, pero es honesta. Tiene que ver con la política exterior que eligió el actual Presidente Javier Milei y con las prioridades que decidió marcar desde el inicio de su gestión. La política exterior no es una suma de opiniones ni de gestos aislados. Es una estrategia. Y en Argentina, esa estrategia la define el presidente. A partir de ahí, todos los funcionarios, incluidos los diplomáticos, deben alinearse a esa orientación general.
Desde que asumió, Javier Milei dejó en claro cuál es su mirada sobre el mundo. Su política exterior prioriza el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la no intervención en las decisiones productivas de otros países. A eso se suma una decisión política explícita, como fue el retiro de la Argentina de la Agenda 2030 y una postura que relativiza el rol del cambio climático en la agenda internacional. En ese esquema, los conflictos ambientales, territoriales o transfronterizos pasan a un segundo plano.
Por eso, pensar que el gobierno nacional va a intervenir activamente en el caso de Colón es, lamentablemente, poco realista. Involucrarse implicaría cuestionar un proyecto industrial impulsado por Uruguay y abrir un debate que el propio presidente decidió dejar fuera de su política exterior. No es desinterés ocasional ni desconocimiento del problema. Es una elección política coherente con su visión ideológica.
A este escenario se suma un dato que no es menor. El actual canciller no proviene del Servicio Exterior de la Nación, el ámbito profesional donde históricamente se formaron los diplomáticos argentinos. Esto refuerza una conducción más política que técnica de la Cancillería y limita aún más la posibilidad de una acción diplomática con autonomía. En nuestro sistema, los diplomáticos no definen la política exterior, solamente la ejecutan. Su rol es cuidar las formas, administrar vínculos y evitar que las tensiones escalen, pero siempre dentro de los límites que fija el Poder Ejecutivo.
Muchas veces se piensa que la política exterior funciona como una oficina de reclamos, donde un intendente, una organización o una comunidad envía una nota y espera una respuesta concreta. Pero la política exterior no opera de esa manera. No se activa por acumulación de cartas ni por la cantidad de reuniones, sino por decisiones políticas de alto nivel. Cuando un tema no está dentro de las prioridades del Presidente, las notas llegan, se registran y se escuchan, pero difícilmente se transforman en acciones concretas. Por eso, muchas reuniones diplomáticas terminan siendo formales, con fotos, gestos cordiales y discursos medidos, pero con escasas definiciones de fondo. No es falta de respeto ni de sensibilidad, es el límite real de una diplomacia que solo puede avanzar hasta donde la política lo permite.
Este contexto deja a Colón y a la Microrregión Tierra de Palmares en una situación difícil. El problema existe, la preocupación es legítima y el impacto es directo, pero el respaldo nacional es limitado porque el conflicto no encaja dentro de las prioridades del gobierno nacional. Frente a eso, cobra aún más valor el rol de las autoridades locales y provinciales. El intendente José Luis Walser y el gobernador Rogelio Frigerio actuaron con responsabilidad, diálogo y vocación institucional, sin buscar confrontar, pero defendiendo a sus comunidades y reclamando respeto por la palabra dada.
También es clave el rol de la ciudadanía. Manifestarse de manera pacífica, informada y organizada no genera conflicto social. Al contrario, mantiene visible un reclamo legítimo y evita que el tema desaparezca de la agenda pública. Cuando un problema deja de discutirse, las decisiones avanzan sin costo político y sin control social.
La diplomacia no es silencio ni resignación, pero tampoco es magia. Funciona cuando hay voluntad política de usarla. Hoy, esa voluntad no está presente a nivel nacional, por eso, más que esperar soluciones desde Buenos Aires, el desafío es fortalecer el reclamo local, acompañar a quienes actuaron con responsabilidad y seguir exigiendo diálogo, previsibilidad y respeto.
Entender esta realidad no implica bajar los brazos. Implica saber dónde están los límites del poder y dónde está la verdadera fuerza. En este caso, la fuerza está en nuestra comunidad, en la visibilidad del reclamo y en no aceptar que una decisión que nos afecta a todos se tome como si del otro lado del río no hubiera nadie dispuesto a defender lo propio.
Fuente: El Entre Ríos.