Yendo de lo menor a lo mayor
Al momento de efectuar un análisis del gasto público en nuestra sociedad, nada mejor que ir de casos concretos a conclusiones con bases estadísticas, de manera de facilitar su comprensión. Aclarando que si hablo de gasto y recurso, como conceptos forzadamente equiparables, lo es en el sentido que mutuamente uno es la contracara del otro; porque a la larga o a lo corta, no se puede seguir gastando por encima de los recursos con los que el gobierno cuenta. Como a la vez ante una situación de superávit permanente, los que pagan impuestos reclamarán un alivio explicable en la presión impositiva.Es por eso que se me ocurre comenzar haciendo referencia a un caso ya conocido de despilfarro grosero, que por sus características debe considerarse paradigmático (por más que la administración pública está llena de casos que merecen ese nombre) cual es el de la situación del Astillero Río Santiago.
Se trata el mismo de un caso que tomó estado público, tal como ha sido señalado en las columnas de este medio, por cuanto el personal de esa empresa (en una mezcla de incertidumbre, enojo iracundo y mala conciencia) temeroso por la suerte que corría la continuidad de su situación en relación de dependencia (no hablo de relación de trabajo, porque es al menos cuestionable que en la práctica y de una manera concreta ese fuera el vínculo que mantienen con la empresa), actuando de una manera totalmente descontrolada y hasta delictiva, ocuparon por la fuerza el edificio del Ministerio de Economía bonaerense en la ciudad de La Plata.
Al respecto debe tenerse en cuenta (en lo que sigo paso a resumir la relación de la situación del Astillero en la manera en que lo editorializó el diario La Nación, en una de sus pasadas ediciones), que para empezar el Astillero Río Santiago fue transferido en 1992 de la Nación a la provincia de Buenos Aires, en el marco de la política menemista de desprenderse de todo lo que funcionaba mal, casi siempre, aunque no habría que olvidar que también podía llegar a hacerlo cuando había un negocio de por medio (triste sino el nuestro, cuando en un país al que le vuelan las hilachas, se ven alternativamente a quienes han gobernado sucesivamente llenándose los bolsillos privatizando unos, para que luego reestatizen otros).
A lo que cabe agrega que desde hace muchísimos años el astillero funciona con un estándar de producción muy bajo y lo poco y nada que recauda proviene de reparaciones menores. Algo que viene a significar que desde hace más de diez años el astillero no fabrica ningún barco, toda vez que hacer un barco en el Astillero Río Santiago cuesta diez veces más que en cualquier otra parte del mundo.
Se señala, también, que el astillero cuenta con una dotación de 3200 personas y les cuesta a los bonaerenses 3500 millones de pesos al año, destinándose casi la totalidad de dicho monto al pago del salario de los trabajadores.
Al tratarse de las irregularidades que el astillero muestra en su funcionamiento, se ejemplifica mencionando que en el comedor, donde se desembolsan fondos para alimentar a la totalidad de los empleados, en realidad concurren a hacerlo menos de la mitad del personal.
Un estado de cosas que se explica, independientemente de que queda por aclarar a dónde va el dinero destinado a dar de comer a las casi 1600 personas que allí no lo hace y por sus comidas sin embargo se factura, ya sea por el hecho de que quienes están ausentes a la hora de comer, es porque lo han estado a lo largo de toda la jornada de trabajo, o por el hecho de que sus ingresos mensuales le permiten comer en otra parte, ya que el sueldo promedio de los trabajadores de la planta es de 46.000 pesos mensuales y aunque no está establecido en el convenio colectivo, cobran 14 sueldos por año, en lugar de los 12 habituales.
Todo ello amén del hecho que el convenio de trabajo contempla un plus por productividad, el que también se paga, a pesar de que como ha quedado indicado la empresa produce poco y nada, y de una manera rotunda debe quedar en claro que a pesar de ser un astillero lo que no produce, extrañeza superlativa, son precisamente… barcos.
Otro detalle curioso que se hace presente en la situación del personal, es que su régimen laboral incluye una categoría realmente sorprendente por lo insólita, cual la que en la jerga del astillero se conoce como los dispensados. Y así se los llama porque se logró que la empresa que gestiona el astillero dispensara a los trabajadores que están cerca de jubilarse, para que se vayan adaptando a la nueva etapa, dejando de trabajar un año antes, pero cobren el sueldo completo hasta su retiro (¡!).
Un último detalle esta vez de carácter anecdótico, que potencializó el corrupto despilfarro desquiciante en esa empresa: cuando en La Plata se concluyeron los trabajos de construcción del Estadio Único de esa ciudad: a los 700 empleados que como consecuencia de ello quedaron sin trabajo, el gobernador Scioli, en acuerdo con “Pata” Medina, los llevaron a todos a trabajar en el… astillero.
Mejor gasto para mejores vidas
La situación descripta en el acápite anterior viene a mostrar, desde una perspectiva estrictamente económica (dejo a un lado las valoraciones negativas, que las hay, de todo otro tipo) un caso concreto de lo que es un gasto inútil, tanto de la perspectiva del Estado como de la sociedad, por ser a la vez ineficaz e ineficiente.Mientras tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio reciente (un informe que se plasma en un libro de 400 páginas) acaba de ocuparse de esa situación desde una perspectiva generalizada, que focaliza en los países de la región. El título del informe lo dice todo: Mejor gasto para mejores vidas. Cómo pueden América Latina y el Caribe hacer más con menos.
Y a la hora de hacer más comprensible un resumen en cierta manera imposible del mismo, ya que en él ni una coma sobra, se debe partir de los gastos crudos, traducidos tanto en la proporción del gasto público en comparación con el Producto Bruto Interno (PBI) dentro del gasto público global de cada sociedad nacional y, a su vez, del gasto público inútil dentro de ese gasto público.
Como es de lamentar, nuestro país vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el ranking de tópicos malsanos. Es así como en el informe se señala que el gasto público general en la región equivale a 29,7% del PBI, pero Argentina (casi 50%), Brasil, Ecuador, Uruguay y Trinidad Tobago gastan más del 35%.
Y a su vez, Argentina es el país de la región latinoamericana con mayor ineficiencia en el gasto público, el informe del BID menciona ineficiencias potenciales en el gasto público equivalentes al 7,2% del PIB en los rubros compras públicas, remuneración a empleados y transferencias (programas sociales, pensiones y subsidios). Algo que la coloca en un triste podio en el que le siguen El Salvador (6,5%), Bolivia (6,3%) y Nicaragua (5%), todo ello los que comen cola, mientras los mejores son Chile y Perú, que dan cuenta de un gasto ineficaz del 1,8 y 2,5% del PBI, de acuerdo al diagnóstico del BID.
Todo lo expuesto lleva a concluir que es válida una postura unánime en los cenáculos de economistas y sociólogos de nuestro continente, y que traducido a palabras del lenguaje coloquial vendría a decir que no es cierto que la plata que dispone el gobierno resulte insuficiente para atender los gastos razonables que la sociedad reclama, sino lo que pasa es que el gobierno a esa plata la gasta mal. Y así estamos, y vaya a saber adónde podremos llegar a encontrarnos, de no pegar un giro en dirección contraria.
La explicación del actual estado de cosas
Existe una vieja historia que relata que una extraña comarca marina, cuya nombre he olvidado, donde existe una especie de animal con cuyo nombre me ocurre lo mismo, con lo que es doble el olvido en que incurro, que en ocasiones se los ve velozmente avanzar hasta zambullirse en las aguas del mar y morir en él. Las explicaciones del fenómeno son muchas, pero no se sabe que alguien haya acertado en la verdadera.En nuestro caso y el de todas las naciones hermanas, aunque en especial vergonzosamente el nuestro, el mal uso de los recursos públicos es la razón principal, por más que no sea la única causa, de que nuestros pueblos sean cada vez más pobres. Mientras tanto, la diferencia está que en nuestro caso se contaría con la explicación de por qué nos empeñamos en tomar la ruta que conduce al suicidio, circunstancia que nos permite alentar esperanzas de rectificar de una forma saludable la dirección de marcha.
Y la que viene a continuación es la argumentación que intenta el banco para explicar lo que mal nos ocurre, partiendo de un diagnóstico primero: son detectables tres grandes fuentes de ineficiencia presentes, en mayor o menor grado, en todos los países de Latinoamérica y el Caribe: compras públicas -bien por problemas en las licitaciones, bien por ineficiencias en selección de proyectos de inversión adecuados o corrupción, elevando la eficiencia se podría ahorrar el equivalente 1,5% del PIB de la región-, transferencias monetarias a los ciudadanos -muchas veces los receptores no son los que más las necesitan, con lo que se fomenta la desigualdad y se despilfarra aproximadamente el 1,7% del PIB- y los salarios públicos -los sueldos de los funcionarios representan un porcentaje mayor del presupuesto público total en América Latina y el Caribe (29%) que en la media de la OCDE es poco más del 24%)-.
Ello es consecuencia de las siguientes circunstancias concatenadas:
* A diferencia de lo ocurrido en las economías industrializadas -donde la composición del gasto público se ha mantenido prácticamente estable-, han disminuido el gasto de capital en favor de uno mucho más cortoplacista. “Esto implica una decisión consciente para priorizar los gastos actuales por encima de las inversiones para construir el futuro. En pocas palabras, la actualidad le gana al futuro”.
* La desconfianza ciudadana en sus autoridades es, en buena medida, responsable de este sesgo hacia el gasto corriente, ya que cuando hay un alto nivel de desconfianza -ya sea por la ineficiencia del gobierno o por la corrupción flagrante- los ciudadanos prefieren las transferencias a las inversiones a largo plazo.
Es porque se señala que los cambios para aprovechar al máximo el gasto “son difíciles”. El informe incluye una encuesta a 5 mil personas. Se comprobó que, sistemáticamente, los ciudadanos que menos confianza tienen en el Estado prefieren transferencias directas en lugar de inversiones a largo plazo, que serán más beneficiosas. Se produce aquí un círculo vicioso que los gobiernos tienen que romper: se han de ganar la confianza de los ciudadanos gastando en lo que para ellos no es prioritario.
¡Y pensar que si se destinan los recursos que se malgastan, cuando no se roban, a obras de infraestructura, salud y educación, todo podría ser diametralmente distinto!
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)