El primer día hábil de esta semana quedó marcado en rojo en el almanaque del Poder Judicial de Entre Ríos. No debe haber muchos antecedentes de una jornada en la cual la “Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos” y el Superior Tribunal hayan cruzado durísimas cartas públicas, como ocurrió este lunes 20 de Abril de 2020.
Recordemos que a media mañana, El Entre Ríos difundió una misiva de la entidad que agrupa a los magistrados, que contenía severos cuestionamientos al Superior Tribunal de Justicia, acusado poco menos que de abandonar a su suerte a los jueces, al disponer una modalidad de trabajo en cuarentena sin haberles provisto los elementos de protección, tales como barbijos, guantes, etc., ni el presupuesto para adquirirlos. Una queja que, para el común de los mortales que salen hoy a la calle cubriéndose la cara con lo que pueden y consiguen, suena casi a burla.
Apenas unas cuatro horas después de cobrar estado público el reproche de los magistrados, el STJ respondió en muy ríspidos términos. Con la firma de su presidente, Martín Carbonell, el alto cuerpo desmintió categóricamente que existiera tal indefensión, a la par que aprovechó para hacer hincapié, como al pasar, en un dato estadístico: “de las trescientas (300) habilitaciones requeridas para el teletrabajo, se corroboró diariamente la conexión simultánea de solo un tercio, aproximadamente”. Tal precisión numérica dio a entender que la mayoría de los jueces no daba señales de estar trabajando en el espacio virtual que se les ponía a disposición.
Hasta aquí, acusación y réplica son historia conocida. En cambio, pasó desapercibido que, antes de que Carbonell respondiera, hubo un numeroso grupo de fiscales –no menos de 90- que resolvió terciar en la disputa, mediante un escrito dirigido a la Asociación de Magistrados.
En los primeros párrafos, los 90 firmantes le recordaron a Gabriela López Arango que la Asociación que preside también representa a los funcionarios de los ministerios públicos, y sin embargo nadie los había consultado antes de despacharse con tan serios cuestionamientos a la modalidad de trabajo en cuarentena. “Queremos expresar el desconcierto que nos provoca que planteos del tenor al efectuado, no haya tenido un adecuado tratamiento o deliberación en el seno de nuestra agrupación de modo previo, máxime teniendo a disposición herramientas tecnológicas para llevar a cabo al menos un relevamiento de opiniones entre sus asociados”, se puede leer en la misiva a la que tuvo acceso El Entre Ríos.
Y enseguida, los fiscales agregan: “la Asociación invoca a ‘una gran cantidad de magistrados’ que habrían manifestado quejas con motivo de lo resuelto en la Acordada de fecha 8/4/20. Desconocemos la cantidad e identidad de los quejosos, pero inductivamente vuestra presentación proyecta ese descontento a la totalidad de sus representados, lo que es erróneo”.
Pero esos son apenas los reproches iniciales. Lo que viene después es una crítica mucho más profunda de los fiscales a esos magistrados “quejosos”. En especial, en un párrafo donde les recuerdan que lo que está en juego es el funcionamiento del “sistema republicano” de la provincia. “En las situaciones críticas como la presente –le dicen los miembros del Ministerio Público Fiscal a la cúpula de la Asociación de Magistrados- se hace necesario garantizar que todas las dimensiones del sistema republicano satisfagan de la mejor manera posible el funcionamiento institucional de la provincia. En ello, la actuación de cada uno de nosotros como funcionarios que hemos tomado el compromiso ineludible de cumplir y hacer cumplir la constitución, no puede verse condicionada –más allá de su importancia- a exigencias de prestaciones materiales como las que refiere su nota”.
Traducido a un lenguaje más directo, la carta parece reclamar a los magistrados que piensen menos en sus bolsillos y en cuestiones presupuestarias y recuperen algo de la vocación y del compromiso de servicio a la República, que se supone deben inspirar sus actos.
Como si lo anterior no bastara, van por más cuando rematan con esta afirmación: “ningún reclamo de prestaciones de superintendencia puede poner en segundo plano la relevancia del poder judicial y las legítimas expectativas ciudadanas en este aspecto”.
Por último, casi la totalidad de los fiscales entrerrianos pide a la cúpula de la Asociación de La Magistratura y la Función Judicial de la Provincia De Entre Ríos que, “previo a tomar posiciones categóricas en temas de tanta implicancia para todos los integrantes, en lo sucesivo sean escuchadas las distintas posturas mediante los canales de comunicación que usualmente utilizan para comunicar las noticias de nuestro interés”.
No fueron estás las únicas bofetadas que impactaron de lleno en la conducción de la Asociación de magistrados. El miércoles a última hora fue subido al portal Change.org una petición del Colegio de Abogados de Concordia. Si bien muchas de sus críticas apuntan al STJ, no pasa desapercibido la manera en que los profesionales del derecho piden que los jueces incrementen su compromiso laboral. En el punto 3, reclaman al Superior que exija “a los Magistrados y Funcionarios extremar su labor para equilibrar todo el tiempo transcurrido, con lo previo y con lo nuevo, habida cuenta que toda esta situación sólo les ha generado un cobro de sus haberes prorrateadamente en el transcurso del mes”.
Fuente: El Entre Ríos