La Asociación Civil Pastores Unidos de Concordia difundió un documento en el marco de un nuevo aniversario del “Día de los Derechos del niño por nacer”.

En el texto, la entidad presenta lo que describe como “datos escalofriantes” basados en “reportes oficiales de la ley Nº 27.610 desde su entrada en vigencia en enero de 2021 hasta septiembre de 2025”. Según se detalla, “entre enero de 2021 y fines de 2024, se reportaron más de 314.000 abortos legales (IVE/ILE) en Argentina”, con “un promedio anual cercano a las 78.000 interrupciones”.

El escrito compara esa cifra con la capacidad de estadios de fútbol al señalar que “equivale a llenar casi cuatro veces el Estadio Monumental de River Plate o aproximadamente seis veces el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba”.

Asimismo, cita una publicación de Infobae del 10 de marzo de 2026 y plantea interrogantes en torno a la política pública: “¿Suena razonable que aproximadamente 80 mil argentinos inocentes deban morir al año en el sistema público para que no mueran entre 8 y 20 madres que se practican el aborto?” Y agrega: “¿Desde cuándo la muerte puede ser la solución a un problema?”.

En otro apartado, el texto menciona aspectos vinculados al sistema de salud, indicando que “un aborto debe ser resuelto por ley dentro de los cinco días de la consulta so pena de sanciones”, mientras que “las demoras en los hospitales públicos para cirugías oncológicas superan los tres meses”. También se hace referencia a “escasez de recursos, transfusiones de sangre, camas en terapia intensiva”.

La asociación atribuye la situación a diversos factores que enumera como “la destrucción sistemática de los valores familiares y patrios, demonización de la crianza de niños, enseñanza de aborto como derecho en las escuelas, imposiciones de organismos supranacionales de control poblacional, entre otros”.

En relación a las consecuencias, el documento sostiene que “el descenso de la natalidad en Argentina, con una caída de nacimientos superior al 47 por ciento en la última década (2014-2024)” podría derivar en “un envejecimiento poblacional acelerado, reducción de la fuerza laboral futura y presión sobre el sistema previsional”.

Además, plantea cuestionamientos sobre la asignación de recursos: “Es totalmente irresponsable e indolente destinar recursos presupuestarios para provocar la muerte”, y se pregunta “¿qué hace que no veamos la profunda crisis humanitaria que hace años sufre nuestra nación, y en particular nuestra ciudad de Concordia?”.

Desde una perspectiva religiosa, la organización expresa que “sabemos que es imposible obtener el favor de Dios y su bendición mientras naturalicemos esta matanza” y afirma que “ninguna religión, o creencia, ninguna liturgia ni oración por nuestros gobernantes y nación traerá la bendición de Dios, a menos que procedamos al arrepentimiento genuino”.

Finalmente, la declaración concluye con “un llamado a la reflexión seria y profunda ante la situación de este flagelo”, instando “a no ser indiferentes, a no normalizar la muerte” y citando el pasaje bíblico: “La voz de los que no pueden hablar (Proverbios 31:8) espera la voz de los que aman la vida desde la concepción”.

El comunicado lleva las firmas de los pastores Daniel Ozuna (Relaciones Institucionales), Darío Buffet (vicepresidente) y Marcelo Miño (presidente).

Fuente: El Entre Ríos / APUC