El abogado y dirigente radical Rubén Pagliotto presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos para conocer los detalles de la contratación de la empresa Teknofood SA, encargada de la provisión de alimentos destinados al servicio de desayuno y/o merienda en escuelas de la provincia.
La presentación fue dirigida a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y se fundamenta en la Ley Provincial Nº 11.191 de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario, además de normas constitucionales y tratados internacionales que garantizan el derecho de cualquier ciudadano a acceder a información en poder del Estado.
El planteo surge luego de la difusión de un informe periodístico publicado por Radio 2820, que analizó el nuevo esquema de alimentación escolar implementado por la Provincia. Según ese medio, el gobierno reemplazará el sistema de compras descentralizadas por un modelo centralizado, mediante el cual la provisión de alimentos para 996 escuelas con más de 50 alumnos quedará a cargo de una única empresa: Teknofood.
En esa publicación también se mencionan algunos de los principales interrogantes planteados en torno al nuevo esquema, entre ellos la concentración de la provisión en un solo proveedor, la composición de los menús -basados principalmente en alimentos industrializados de larga duración-, la eliminación de las compras que hasta ahora realizaban las escuelas en comercios locales y antecedentes de la empresa en otras provincias que fueron objeto de cuestionamientos periodísticos. Esos aspectos forman parte del contexto en el que el doctor Pagliotto decidió requerir información oficial sobre el proceso de contratación.
En su presentación, el letrado sostiene que la información solicitada “reviste inequívoco carácter público por encontrarse vinculada con la utilización de fondos públicos y con la contratación de un proveedor del Estado Provincial”. Asimismo, afirma que el pedido se enmarca en “el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, transparencia de la gestión pública y control ciudadano de la administración”.
Qué información solicita
La presentación comprende 24 puntos y apunta a obtener la totalidad de la documentación vinculada con la contratación de Teknofood.Entre otros aspectos, Pagliotto solicita conocer el número y la copia íntegra del expediente administrativo; la modalidad utilizada para la contratación -precisando si fue licitación pública, privada, concurso de precios, contratación directa u otro mecanismo-; copia del contrato firmado; el monto total de la contratación; los precios unitarios de los productos; la cantidad de raciones comprometidas; las escuelas y alumnos alcanzados; el plazo de vigencia del convenio y las eventuales prórrogas.
También pide que se informe cuáles fueron los criterios técnicos, económicos, financieros y nutricionales utilizados para seleccionar a la empresa, acompañando los informes que respaldaron esa decisión.
En caso de haber existido competencia entre oferentes, solicita conocer qué empresas participaron, cómo fue la evaluación de las propuestas y cuáles fueron los parámetros aplicados. Si no hubo competencia, requiere que se expliquen “las razones jurídicas y técnicas que justificaron prescindir de ella”.
Controles y antecedentes
Otro de los ejes del pedido está relacionado con los mecanismos de control que aplicará el Estado sobre el contrato.En ese sentido, solicita información sobre los sistemas previstos para verificar el cumplimiento de las entregas, la calidad nutricional de los alimentos, la inocuidad alimentaria y la eventual aplicación de sanciones o multas.
Asimismo, requiere conocer si Teknofood posee antecedentes como proveedora del Estado provincial, qué organismos la contrataron anteriormente, los montos involucrados y si, antes de su selección, el Gobierno realizó un análisis de sus antecedentes comerciales, financieros y contractuales.
Además, pide copia del acto administrativo de adjudicación, de los pliegos, especificaciones técnicas, informes bromatológicos, certificados de calidad y que se informe la partida presupuestaria con la que se financia la contratación.
Fuente: El Entre Ríos