El gobierno de Entre Ríos dispuso la apertura de sumarios administrativos contra dos agentes vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano e inició acciones para recuperar más de 20 millones de pesos que habrían sido percibidos de manera indebida por ambos trabajadores.

La medida fue formalizada a través de dos decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial con la firma del gobernador Rogelio Frigerio. En ambos casos, además de ordenar las investigaciones administrativas, el Ejecutivo aprobó liquidaciones por los montos reclamados e intimó a los involucrados a devolver el dinero en un plazo de 30 días corridos.

Uno de los expedientes involucra a Mariela Isabel Rosales, agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano, quien según el decreto registra “inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo”, una conducta que, de acuerdo con la normativa vigente, podría derivar en una sanción de cesantía. En este caso, la Provincia determinó que la trabajadora habría percibido haberes de manera indebida por un total de $18.658.370,81, suma a la que deberán agregarse los intereses correspondientes calculados según la tasa activa del Banco Nación.

El segundo decreto alcanza a Leandro Alberto Díaz, empleado con prestación de servicios en el comedor escolar de la Escuela Nº 6 “Lomas del Mirador” de Paraná. Según la resolución, el trabajador se encontraría presuntamente incurso en una de las causales previstas por el Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos. Para este caso, la liquidación aprobada por el gobierno asciende a $1.632.757,86, también con más los intereses devengados desde la percepción indebida de esos haberes.

En ambos decretos, el Ejecutivo intimó formalmente a los agentes para que restituyan los montos reclamados dentro de un plazo “perentorio e improrrogable” de 30 días desde su notificación. Asimismo, se dispuso que, en caso de incumplimiento, intervenga la Fiscalía de Estado para promover las acciones legales tendientes al recupero de las sumas adeudadas, incluyendo intereses, gastos y honorarios.

Las resoluciones forman parte de los procedimientos administrativos que viene impulsando la Provincia para investigar presuntas irregularidades en el empleo público y reclamar la devolución de fondos cuando se determina la existencia de pagos considerados indebidos.

En conjunto, los montos reclamados en ambos expedientes superan los 20,2 millones de pesos, sin contabilizar los intereses que continúan acumulándose hasta su eventual restitución.

Fuente: El Entre Ríos