El Ministerio de Salud dejó cesante a un trabajador del Centro de Salud La Constitución, de Concordia, que, siendo delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), agredió verbal y físicamente a compañeros de trabajo y hasta la directora del centro asistencial cuando intentaron abrir la oficina de la mesa de entradas para atender pacientes en una jornada de protesta sindical.
10 años después
Los hechos ocurrieron en 2014, la investigación se inició dos años después, en 2016, y el cierre del proceso ocurrió en marzo de 2024: una década después de ocurridos los acontecimientos. Así lo establece el decreto Nº556 que dictó el 12 de marzo último el Ministerio de Salud.A Julio César Debartoli se le reprochó “haber agredido verbal y físicamente a la directora del Centro de Salud La Constitución, de Concordia, Gisela Friesen, el día 9 de octubre de 2014, aproximadamente a las 12,10, en circunstancias en que la misma ordenara que se dejara abierta la ventanilla de Mesa de Entradas (…) a fin de proceder a la atención e información al público y profesionales”.
“Dicha ventanilla se encontraba cerrada por parte del agente Debartoli, quien en su calidad de delegado gremial de ATE y frente a medidas dispuestas por el mencionado gremio, no permitía su apertura, a efectos de impedir la atención y funcionamiento del servicio: en aquel momento y ante la negativa del encartado, quien insultaba a la doctora Griesen, gritándole: `Vos no la vas a abrir, hija de puta`, entre otros agravios”, detallaron.
Cuando la directora intenta abrir la ventanilla, el delegado gremial “la cierra fuertemente sobre el antebrazo derecho de aquella, provocándole lesiones”.
No solo eso. También se le cuestionó al trabajador “obligar a la agente Agustina Méndez a cerrar la ventanilla de Mesa de Entradas del Efector, mediante insultos y agresiones verbales”, hecho que ocurrió el 1 de octubre de 2014, a las 6 de la mañana “sin tener en cuenta su situación de embarazo, lo que le provocara el aumento de la tensión arterial, con el consiguiente peligro para la vida de su hijo; y ese mismo día, minutos más tarde, el agente Debartoli impide en forma violenta que la agente Silvina N. Insaurralde, en su calidad de Encargada del Personal del Centro de Salud La Constitución, de Concordia, al observar que la referida ventanilla se encontraba cerrada, y frente a lo que le manifestara la agente Agustina Méndez, abre la mencionada ventanilla de Mesa de Entradas, ello ante la mirada del Dr. Maximiliano Caíno, procediendo luego Debartoli junto al otro delegado gremial, Omar González, a instalarse en la Mesa de Entradas, con el objeto de impedir el acceso de los beneficiarios del servicio de salud”.
Lo que relató la directora
La intervención del Ministerio de Salud en el caso se dio una década atrás con una nota firmada por el entonces director general de Primer Nivel de Atención, Guillermo Salzman, quien solicitó un dictamen jurídico. El testimonio de la directora del Centro de Salud La Constitución, Gisela Friesen, es claro al respecto: contó que el 9 de octubre de 2014 “temprano a la mañana, mientras estaban en la asamblea, alrededor de diez personas que había juntado Debartoli, era cosa de todos los días porque el conflicto venía desde hacía tiempo, era en dos lugares únicamente, en el Hospital Heras y en el Centro de Salud La Constitución”.El planteo se enmascaraba en demanda salarial, “pero apuntaba a la situación generada por Debartoli, a querer generar conflictos y voltear a la Dirección del Centro de Salud, en este caso a la dicente y a las personas que la rodeaban, la Administradora y la Jefa de Personal y cualquier empleado que estuviera de acuerdo con su gestión. Las personas que lo acompañaban en la asamblea eran amedrentadas y bajo amenazas de Debartoli, prometiéndoles como delegado puestos para sus hijos y/o familiares, esto en forma verbal y no escrita era la promesa que Debartoli les hacía en su condición de delegado; entre ellos se encontraba Omar González, Silvia Guardia, Gabriela Gómez, Ana Lafourcade, Marcelo Caminos, Gloria Vergara, el chofer José Hebras, entre otros, todos los mencionados empleados del Centro. Este reclamo era con quitas de colaboración de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, este proceder era un golpe muy grande para la zona y la gente, generando un gran impacto por el perjuicio que ocasionaba a sus habitantes por su vulnerabilidad. Este Centro fue reconocido como uno de los mejores de la Provincia, por la gestión, cambiando el funcionamiento para brindar un mejor servicio a la población de la zona”, dice el decreto.
El relato sigue: “A la mañana el sumariado ya se había enfrentado con la Jefa de Personal, Sra. Insaurralde porque no permitía abrir la ventanilla para darle informes a la gente, Debartoli culminaba su turno a las doce horas del mediodía, pero se quedaba para controlar que los servicios permanecieran cerrados”.
“Ese día siendo las doce y diez horas estaba en Mesa de Entradas. Debartoli se había quedado para controlar qué hacía, quién va y abre la ventanilla, comienza a insultarla con improperios tales como: `Vos no vas a abrirla hija de puta`. Amenazas y todo lo que se pueda ocurrir, la empuja, forcejean y le baja la ventanilla sobre el antebrazo derecho, le produce un hematoma, la inflamación fue evaluada por la policía que intervino”, contó y dijo que “había mucha gente en el Centro, mirando como espectadores, a los que lleva como testigo y los mismos dan falso testimonio, otras no quisieron involucrarse, y otras dieron testimonio para la dicente”.
La directora señaló que Debartoli “contaba con impunidad gremial, avalados por los dirigentes de ATE Concordia, quienes estaban en conocimiento de la situación del sumariado, sin que intervinieran para hacer nada”.
La intervención de la Justicia
La Justicia intervino en los hechos ocurridos en el Centro de Salud La Concordia y abrió un expediente caratulado “Debartoli Julio César s/Lesiones leves” que tramitó ante el Juzgado de Garantías N°2, de Concordia, a cargo del juez Pablo Garrera Allende.La fiscal María José Fonseca solicitó la remisión de la causa a juicio, “con fundamento en que se encontraba debidamente acreditado la materialidad del hecho y la autoría por parte del agente Debartoli y debidamente constatadas las lesiones sufridas por la doctora Friesen, conforme surge del Informe Médico Policial e Informe Médico Forense”.
Aunque el caso no llegó a juicio: se acordó la suspensión del juicio a prueba. Pero el dictamen de Salud señala que “el inculpado fuera beneficiado por el instituto de la probation en sede penal, de manera alguna significa que no sea pasible de reproche disciplinario" y la aplicación de sanciones administrativas”.
Así, diez años después de ocurridos los hechos, el Poder Ejecutivo dispuso La sanción de cesantía de Debartoli, y además dio intervención a Fiscalía de Estado “a los fines de promover la pertinente acción de exclusión de tutela sindical”, al ser delegado de ATE.
Fuente: Entre Ríos Ahora.