En lo que respecta a lo civil, sería por la repetición de gastos y el trabajo de mantenimiento que realizaron los artesanos sin un solo aporte del municipio, mientras que la denuncia penal sería por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto último es porque, en la demanda, la municipalidad habla de delitos cometidos por los artesanos, cuestión que no fue denunciada.

El representante legal, Carlos Máximo Acosta, también estudia el hecho de que el Municipio basara el desalojo en que tienen que entregar libre de ocupantes el lugar a Entretenimientos de la Costa.

No se descarta que como próximo paso el Juzgado civil y Comercial Nº 1 a cargo del Dr. Gastón Agotegaray cite a las partes para dialogar.