"Hay algo que ha sido desprolijo", dijo hoy el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, respecto del allanamiento que encabezó ayer, en el convento de las carmelitas descalzas de Nogoyá, el fiscal Federico Uriburu, en el marco de una investigación de oficio que busca establecer la comisión de delitos como tortura o privación ilegítima de la libertad en esa casa religiosa.
El jefe de la Iglesia de Paraná ofreció este viernes una rueda de prensa, más calma que sus intervenciones de ayer en los distintos medios, en la que aceptó que no comparte los mecanismos de penitencia que aplica esa rama de las carmelitas, que se opuso, en 1991, a la renovación de las constituciones de la orden, y mantuvo tradicionales previas al Concilio Vaticano II. Pero aseguró que respeta su aplicación por cuanto tienen autorización de Roma para funcionar y dependen jurisdiccionalmente del Vaticano.
Aunque adelantó que pedirá autorización a Roma para realizar una "visita canónica" al convento, y después, sí, probablemente, pedir cambios en los sistemas de penitencia.
"Lo que a mí me asombra es todo el escándalo. No encuentro qué crimen cometen. ¿Privación de la libertad? Son todas mayores de edad. Decían que estaban desnutridas. Pero un médico de la policía constató que no. Decían que no se atienden la salud. Pero todas tienen médico de cabecera y en clínicas muy importantes, como San Camilo y Mater Dei, adonde se atienden. Este convento tiene un régimen de clausura papal, depende de la Santa Sede, y lógicamente ante estos hechos, primero lo que hice fue comunicar la situación al señor nuncio", aseguró.
La comunicación con el nuncio, el suizo Emil Paul Tscherrig, fue inmediata, no bien se realizó el procedimiento en el convento carmelita, dijo Puiggari. "Tuve que comunicar a la Santa Sede. Yo creo que el procedimiento debió hacer sido distinto. Es una zona protegida por el Papa. Debió avisarse antes al nuncio", aseguró.
Respecto a lo que se secuestró en el convento, dijo que "es un alambrecito finito que tiene salidas tipo pinche, que no entran a la piel, sino que molesta. Y después, unas cintas, con las cuales a veces se pueden golpear. Esto es aprobado por la Santa Sede. No es para lastimarse. ¿Por qué no podemos dejarles a ellas la libertad? Podemos no estar de acuerdo. ¿Pero por qué no respetamos la libertad de ellas? Es un acto privado".
De todos modos, no acuerda con los métodos de penitencia, y dijo que "la Iglesia hoy ha ido a otro tipo de penitencias".
Pero se centró particularmente en la violación de la jurisdicción vaticana por parte del fiscal Uriburu. "Hay un acuerdo entre la Santa Sede y la Iglesia argentina. Es un concordato famoso, que dice que en los problemas internos de la iglesia, la iglesia reconoce el Código de Derecho Canónico. Si es un crimen, actúa la Justicia. Pero cuando son problemas adentro de la institución, la iglesia es la que tiene actuar. Acá no hubo un crimen. Hay algo que ha sido desprolijo. Estas religiosas están bajo la jurisdicción del Papa. No quiero juzgar intenciones, pero pienso que antes de hacer un allanamiento, se debió abrir una investigación. No es algo gravísimo".
Respecto de la investigación de la Justicia, dijo que "todo es de oficio. Pero hemos salido en todo el país. Quiero saber cuál es el cargo. Quién denuncia y cuál es el cargo. Que no me digan que es privación de la libertad. Yo les pregunté a las monjas. Ninguna está contra su voluntad".
Al ser consultado sobre un probable conflicto diplomático dijo: "No lo sé. Si lo puede haber, no lo sé. Pero sí puedo decir que hay preocupación en la Nunciatura, y hay preocupación en la Conferencia Episcopal. Acá hubo desproporción. El código dice que el fiscal debe usar la mínima fuerza. Pero acá hubo 50 policías de grupos especiales que rodearon la manzana con una espectacularidad".
Fuente: Entre Ríos Ahora