Este jueves por la mañana los representantes de los trabajadores estatales, legislativos y judiciales, que integran la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, participaron del debate sobre el proyecto de la reforma previsional en las Comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado, presididas por Gustavo Vergara (JxER) y Juan Pablo Cosso (PJ), en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno.
El titular de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, inició la exposición con una advertencia letal: Entre Ríos se encamina a ser la primera provincia en "destrozar" la garantía del 82% móvil.
Explicó que, al calcular el haber inicial sobre los últimos 20 años de actividad en lugar de los 10 mejores, los futuros jubilados percibirán apenas el 61% de su salario, cifra que cae estrepitosamente al 51% para los regímenes diferenciales de salud mental. "Es un brutal ajuste a las condiciones de vida", sentenció Muntes, recordando que los estatales ya sufrieron una pérdida del 41% de poder adquisitivo y un aumento de aportes del 16% al 19%.
A su turno el Secretario de Organización de ATE, Víctor Sartori, llevó la discusión al terreno del financiamiento. Cuestionó que la solución siempre recaiga sobre los salarios y propuso gravar sectores con renta extraordinaria. "Hay que ponerle impuesto a las grandes extensiones de tierra y una tasa de sustentabilidad ambiental a las avenidas de arena que sacan de Victoria para Vaca Muerta". Según el gremialista, estas alternativas podrían cubrir entre el 40% y 45% del déficit actual.
Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Alfredo Britos reforzó este punto calificando al proyecto como la "ley del embudo", donde el hilo se corta por lo más delgado. Advirtió que el cálculo de 20 años es el "más largo del país" y no tiene antecedentes en ninguna de las otras 13 cajas provinciales no transferidas, lo que convierte a la norma en una "usina de litigio asegurada" por su carácter confiscatorio.
La "trampa" de la emergencia y el fantasma de la judicialización
La representante de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero, impugnó la declaración de emergencia por considerarla "falaz". Sostuvo que el déficit de la Caja es un problema crónico de antigua data y no una circunstancia "súbita o imprevista" que justifique delegar facultades extraordinarias al Ejecutivo.Según Pedrero, esta emergencia es el "fundamento" para una delegación de poderes vedada por el artículo 45 de la Constitución Provincial, permitiendo que el Gobernador fije aportes "solidarios" al libre arbitrio.
A continuación el titular de AJER, José María Segura, aportó simulaciones técnicas que muestran que un trabajador judicial podría perder entre el 30% y el 36% de su jubilación respecto al sistema actual. Además, denunció que la nueva movilidad atada a la paritaria del escalafón general y el pago de aumentos con hasta 90 días de demora generarán un deterioro permanente del salario frente a la inflación.
El debate por la paridad
Cabe destacar que uno de los puntos del proyecto impacta directamente sobre los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria común. Para los actuales aportantes del sistema, la edad jubilatoria se incrementará de manera gradual hasta alcanzar los 65 años, requiriendo además 35 años de aportes. Este esquema de incremento progresivo (a razón de seis meses de edad por cada año calendario) no será inmediato, sino que comenzará a implementarse a partir del 1 de enero de 2031.Durante los próximos cinco años continuarán aplicando los requisitos vigentes anteriores a esta ley. En contraste, para aquellos que comiencen a aportar al sistema luego de la entrada en vigencia de la ley, la edad jubilatoria será directamente de 68 años.
En este sentido, uno de los momentos de mayor fricción se produjo tras la intervención de la senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda (PJ), quien cuestionó la resistencia gremial a igualar la edad jubilatoria a los 65 años para ambos sexos.
"Si se luchó tanto por una ley de paridad escuchándolos a ustedes, es una paridad sesgada", disparó la legisladora, argumentando que si las mujeres quieren ocupar los mismos espacios políticos, deben aceptar las mismas condiciones.
La respuesta de Pedrero fue contundente. La referente de AJER se presentó como madre de cuatro hijos, defendió que la diferencia de edad no como un privilegio, sino un reconocimiento al desgaste diferencial. "Igualar las edades genera mucho más desigualdad", retrucó, explicando que las tareas de cuidado (hijos, padres, salud y educación) siguen recayendo mayoritaria y principalmente sobre las mujeres.
Segura sumó que la paridad no puede ignorar el desgaste físico: Citó el caso de los recolectores de basura que se jubilan a los 62 años con un promedio de sobrevida de apenas cinco a ocho años. "No todos los trabajos tienen el mismo desgaste", concluyó, instando a una reforma por estamentos y no una "igualación hacia abajo".
El "espejo" de Santa Fe y la falta de datos técnicos
El dirigente de AJER tomó la palabra para marcar una posición crítica, compartiendo su preocupación por lo que denominó el "espejo de Santa Fe". Relató que en la provincia vecina se aprobó una reforma similar que hoy está "virtualmente trancada" por fallos judiciales de inconstitucionalidad, lo que terminará agravando el déficit por los costos de la litigiosidad.Segura también denunció una falta de transparencia: "El estudio actuarial fue subido a la web de la Caja recién el 9 de junio", reveló, cuestionando por qué no acompañó el proyecto desde su elevación si el Gobierno pretendía un debate serio.
En la misma línea, el Secretario General de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), Sergio Almeida, interpeló a los senadores recordándoles su responsabilidad política: "Ustedes no fueron a buscar el voto diciendo que iban a aprobar una ley que perjudique a los trabajadores".
Al finalizar, ante una consulta sobre supuestos aportes gremiales al texto del Ejecutivo, Muntes fue terminante para disipar dudas: "En ningún momento la Multisectorial acompaña nada del proyecto. No se hizo ningún aporte porque consideramos que es una ley que no puede avanzar".
La senadora concordiense Gloria Liliana Cozzi (JxER) cerró defendiendo que el proyecto "no es degradante" y que el Ejecutivo lo estudió con seriedad, aunque los gremios se retiraron ratificando que el plan oficial es "netamente ideológico" y busca la "mercantilización" de la vejez.
Fuente: APF Digital