El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, negó que existan antecedentes de planteos judiciales que busquen frenar el debate en la Legislatura de un proyecto, tal la pretensión del abogado Mariano Giampaolo que acudió con un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La presentación de Giampaolo
Giampaolo ejerce la representación de un grupo de jubilados y pensionados que pretenden que un fallo judicial impida el avance de la discusión en torno a la reforma del sistema previsional, que tiene lugar en la Cámara de Senadores.“Se viene legislando a espaldas de la sociedad y lo que se busca con esta medida cautelar es que, de alguna manera, el Superior Tribunal, como máxima instancia de la Justicia en la provincia, suspenda el trámite legislativo porque consideramos que es irregular”, argumentó.
Inmediatamente después, manifestó que “no hay apego a las normas y los parámetros constitucionales para que la ley, si es aprobada o es rechazada, lo sea en el marco de un conocimiento cierto por parte de los legisladores de qué se está tratando, un conocimiento cierto de parte de la sociedad, de qué efectos va a tener la ley”.
Pedido de precisiones al STJ
Y apuntó: “Hoy tenemos la triste situación en la que, prácticamente, no se conoce el texto de la norma que va a votarse, porque andan circulando varios proyectos y anteproyectos, y cambian cosas de la noche a la mañana. Eso ya es grave de por sí: no hay un proyecto. Es mucho más grave que no haya un informe”.“Esto es lo que nosotros le pedimos al Superior: un informe técnico, contable, económico, objetivo, que indique cuál es exactamente el déficit que arroja actualmente la Caja de Jubilaciones, porque el ministro (de Economía, Fabián) Boleas no lo supo explicar cuando fue al Senado”, consideró y agregó que “estamos pidiendo que ese informe también indique qué mejoras a nivel del déficit puede aparejar o qué empeoramiento puede llegar a traer, porque el ministro Bolea, muy suelto el cuerpo, dijo que, si no se hace esto, hay que echar 18.000 trabajadores”.
Rodríguez Signes: “No hay antecedentes”
El fiscal de Estado se mostró sorprendido por el tenor de la pretensión planteada ante el Poder Judicial. “No hay antecedentes de una pretensión de esta naturaleza, de intentar obstaculizar la discusión de algo que es una un proyecto de ley”, apuntó.“Si hay algo para lo cual la Legislatura existe, es para debatir ideas, proyectos y para transformarlos o no en ley. La verdad es que impedir o pretender impedir que la Legislatura ejercite ese deber, no lo he visto nunca, a nivel de un proyecto”, admitió y dijo que “distinto es que lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando se han presentado casos en los cuales el Poder Judicial le ha suspendido al Senado el trámite de acuerdo para un funcionario judicial. Eso fue tremendamente debatido y fue muy conflictivo. Después, se dejó sin efecto finalmente. Pero era tema”.
Recordó, además, que hubo otro caso “en el que yo fui testigo directo, cuando era presidente de la Cámara de Diputados: cuando un grupo de legisladores habían sido excluidos de votar el trámite de juicio político (al exgobernador Sergio Montiel). Habían sido excluidos de la Cámara por reiteradas ausencias a las sesiones. No iban a sesionar para no dar quorum. La Cámara ejercitó su derecho de expulsión por ausencia”, mencionó y añadió que “ahí el Poder Judicial, a través de un amparo, nos hizo restituir en su función a los legisladores expulsados. Eso sí. Pero no esto que un grupo de personas pretenda que no se discuta un proyecto ley”, aseguró.
“No se puede impedir un debate legislativo”
Tampoco procedería la intervención de la Justicia, aseveró Rodríguez Signes, aunque fuera un proyecto manifiestamente ilegal o inconstitucional, tampoco se puede evitar su discusión legislativa. “Es decir, se puede presentar un proyecto y los legisladores lo tratarán, lo archivarán, no sé, lo que sea. Estoy hablando de una hipótesis”, aclaró.“Pero siempre el legislador tiene una prerrogativa y una competencia que no puede ser limitada ni por ningún ciudadano ni tampoco por el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es otro poder. Lo que puede hacer, en el caso que se discuta, y se sancione, si una ley es constitucional o no, si se aplica o no, pero de ninguna manera impedir un debate legislativo”, concluyó.
Fuente: Entre Ríos Ahora.