Vale destacar cuán necesario resulta que el Poder Judicial de Entre Ríos cuente con un Área de Planificación, Gestión y Estadística, de la que emanan datos oficiales que –se supone- no solo sirven para trazar un diagnóstico respecto del funcionamiento del sistema sino para actuar en consecuencia. Sería disparatado que –si se permite la comparación- un médico pida una batería de análisis para luego desentenderse de los resultados, dejando que el paciente agonice sin tratamiento ni curación.
Un reciente informe periodístico publicado en Análisis con la firma del periodista José Amado puso en evidencia un desequilibrio mayúsculo en un área específica: las causas por narcomenudeo iniciadas en Paraná y Concordia. Los números hablan por sí mismos: la capital del citrus, en conjunto con San Salvador, registró 261 causas iniciadas en 2025, mientras que Paraná, con más habitantes y también mayor estructura policial y judicial, apenas si sumó 30. ¡Un abismo! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué reacción habrá? ¿Qué decisiones políticas se adoptarán en función de estos datos?
Vale preguntarse también si tan abismal diferencia se limita exclusivamente a la lucha contra el tráfico de drogas o si también aplica al resto del despliegue de la Justicia Penal.
Perdón por espoilear, pero los números oficiales a los que accedió El Entre Ríos, que abarcan de febrero de 2025 a febrero de 2026, evidencian que el desequilibrio entre Paraná y Concordia es una apabullante constante en todas las áreas, desde el Ministerio Público Fiscal a la Justicia de Garantías, y lo mismo en otras instancias.
Ese desbalance (valga la metáfora, a propósito del símbolo de la Justicia) se traduce en una mayúscula sobrecarga cuantitativa en los funcionarios de la ciudad más poblada de la costa del Río Uruguay.
Pero, ¿es para tanto? Antes de desglosar los números, veamos un primer ejemplo: la cantidad de causas en las que interviene cada juez de garantías de Concordia supera en más del 100% a la de sus pares de la capital provincial. ¡Más del ciento por ciento!
Segundo ejemplo: cada juez de garantías concordiense participó en casi 48 audiencias de remisión a juicio (instancia clave del proceso judicial), mientras que cada juez de Paraná en el mismo período intervino en aproximadamente 17. ¡48 contra 17! Esto significa que un magistrado de Concordia asume casi tres veces más audiencias de esta naturaleza que uno de la capital provincial.
Y un tercer ejemplo, esta vez en el Ministerio Público Fiscal. Cada fiscal de Concordia recibe aproximadamente 962 legajos al año y cada fiscal de Paraná 780. La diferencia es del 23%. Pero ahí no termina el asunto. También es notoria la diferencia si se mide la porción de esos legajos que llegan a judicializarse. Concordia judicializa el 19,4% de los legajos ingresados, mientras que Paraná judicializa apenas el 9,6%.
Es probable que si la estadística permitiera desagregar según la magnitud de las causas, Paraná exhibiría en su favor el despliegue especial en causas por corrupción de extrema complejidad, como el megajuicio en su momento o la interminable remisión a juicio de la Causa Contratos, por citar solo dos ejemplos. Pero difícilmente ello alcance para explicar la brecha que exponen las cifras oficiales.
Los números al detalle: Justicia de Garantías
Los datos correspondientes al período que va de febrero de 2025 a igual mes de 2026 muestran que ambas jurisdicciones tienen niveles de litigiosidad prácticamente idénticos. Durante ese período se iniciaron en Juzgados de Garantías 2.798 causas penales en Concordia y 2.761 en Paraná. Sin embargo, mientras la capital provincial cuenta con ocho jueces de Garantías, Concordia dispone de solo cuatro magistrados para atender una demanda judicial similar.La consecuencia es directa: cada juez de Garantías de Concordia debe intervenir, en promedio, en aproximadamente 699 causas por año, mientras que cada magistrado de Paraná afronta unas 345. En otras palabras, la carga de trabajo individual en Concordia supera en más del 100% a la de la capital provincial.
La diferencia no solo se refleja en la cantidad de expedientes. También aparece en las decisiones más relevantes del proceso penal.
En materia de actos conclusivos, Concordia registró 771 intervenciones frente a 627 de Paraná. Traducido a carga efectiva por magistrado, cada juez concordiense debió resolver cerca de 193 actos conclusivos, mientras que en Paraná el promedio fue de 78.
La misma tendencia se observa en las resoluciones de suspensión del juicio a prueba (probation). Concordia registró 492 intervenciones de este tipo frente a 378 de Paraná. Esto implica que cada juez de Garantías de Concordia intervino en promedio en 123 probation durante el período analizado, mientras que en Paraná la cifra fue de apenas 47.
Uno de los indicadores más significativos es el referido a las audiencias de apertura o remisión a juicio, una de las instancias decisorias más importantes dentro del proceso penal. En Concordia se celebraron 191 audiencias de este tipo, frente a 134 en Paraná. Al analizar la carga por magistrado, cada juez concordiense participó en casi 48 audiencias de remisión a juicio, mientras que cada juez de Paraná intervino en aproximadamente 17. Esto significa que un magistrado de Concordia asume casi tres veces más audiencias de esta naturaleza que uno de la capital provincial.
Estas audiencias tienen una especial relevancia porque requieren analizar la acusación fiscal, evaluar la prueba reunida durante la investigación y decidir si la causa reúne los requisitos necesarios para avanzar hacia un juicio oral y público.
Desde el punto de vista institucional, la función de los jueces de Garantías en el sistema acusatorio es muy relevante. Son quienes controlan la legalidad de las investigaciones, resuelven medidas cautelares, autorizan intervenciones que pueden afectar derechos fundamentales y garantizan el respeto de las garantías constitucionales de las personas sometidas a proceso.
Dicho de otro modo, la carga de trabajo no constituye únicamente una cuestión estadística. El volumen de intervenciones que debe asumir cada magistrado impacta directamente en la organización del trabajo judicial, en los tiempos de respuesta y en las condiciones en las que se adoptan decisiones de alta trascendencia para la ciudadanía.
Seguramente a la hora de indagar en los por qué de estos números, caeremos en la cuenta de que se trata de un fenómeno multicausal. Imaginar por qué la litigiosidad de una ciudad puede ser casi similar a otra que tiene el doble de habitantes, podría estar –tal vez- asociado a realidades socioeconómicas diferentes, a características demografías distintas, a historias comunitarias que no son equiparables, etc. Pero más allá de cuán amplio y complejo resulte el listado de causas, urge que se adopten las decisiones políticas que garanticen que los justiciables de Concordia tengan la misma calidad de atención que los de Paraná, porque queda claro que hoy NO es así.
Porque, antes aún que el funcionario “detonado” por una sobrecarga de causas que no puede atender con la calidad mínima indispensable, la principal víctima de este desequilibrio es el ciudadano que en un momento dado necesita del servicio de Justicia.
La realidad que reflejan las estadísticas oficiales, esa notoria sobrecarga estructural, justifica en lo inmediato que se refuerce la planta de jueces de Garantías para equilibrar la distribución del trabajo y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema penal. En el Senado fue aprobada en mayo de 2026 la creación de un quinto juzgado de garantías y resta la venia de Diputados. Es un paso, un paliativo, pero insuficiente para cerrar la brecha.
Las decisiones que se adopten deberían permitir reducir la presión sobre los actuales juzgados, optimizar los tiempos de tramitación y mejorar las condiciones para una prestación más eficiente y de mayor calidad del servicio de justicia en Concordia.
El desbalance en el Ministerio Público Fiscal
La presión sobre el sistema penal de Concordia no se limita a los Juzgados de Garantías. Los datos de actividad del Ministerio Público Fiscal muestran una realidad similar.Durante el mismo período analizado ingresaron en la jurisdicción Concordia 14.436 legajos fiscales, mientras en Paraná fueron 28543. Vistos en forma aislada, estos números parecieran razonables. Pero los problemas surgen cuando se los vincula a la estructura disponible en cada jurisdicción del Ministerio Público Fiscal.
Mientras la capital provincial cuenta con 4 fiscales coordinadores y 37 fiscales, Concordia dispone de apenas 1 fiscal coordinador y 15 fiscales para atender una demanda que mantiene niveles de conflictividad y litigiosidad muy elevados.
Si se cruzan los legajos con los fiscales disponibles, surge que cada fiscal de Concordia recibe aproximadamente 962 legajos al año, mientras sus pares de Paraná 780 legajos al año.
Concordia: 14.436 legajos / 15 fiscales = 962 legajos por fiscal
Paraná: 28.872 legajos / 37 fiscales = 780 legajos por fiscal
En consecuencia, cada fiscal de Concordia soporta una carga aproximadamente 23% superior a la de un fiscal de Paraná.
La brecha de la judicialización, aún más amplia
Es verdad que la cantidad de legajos puede tener una importancia relativa, porque seguramente incluye denuncias que se caen al día siguiente y que no llegan a requerir la intervención de la Justicia de Garantías, y, por ende, no llegan a judicializarse.
De allí que resulte clave detectar que porción de la totalidad de legajos del Ministerio Público Fiscal requieren la intervención de la Justicia de Garantías. Este cálculo, otra vez, muestra una brecha importante.
Concordia registró 14.436 legajos y, en el mismo período, 2.798 causas iniciadas. Ergo, se judicializó el 19,4% de los legajos. En Paraná, de los 28.543 legajos, sólo 2761 derivaron en causas judiciales concretas. Por lo que la tasa de judicialización es de apenas 9,7%.
Si al análisis hace foco en cada fiscal, las diferencias de vuelven abismales: 186,5 causas judicializadas por cada fiscal de Concordia contra 74,6 por cada fiscal de Paraná.
Pasando en limpio:
• La tasa de judicialización de Concordia es aproximadamente 100% superior a la de Paraná.
• Cada fiscal de Concordia genera en promedio 186,5 intervenciones ante los Juzgados de Garantías, frente a 74,6 en Paraná.
• La actividad judicial derivada por fiscal resulta aproximadamente 150% superior en Concordia.
• Cada fiscal de Concordia tramita en promedio 962 legajos, mientras que cada fiscal de Paraná tramita 771 legajos.
• En términos de carga individual de investigación, los fiscales de Concordia soportan una carga aproximadamente 24,8% superior a la de Paraná.
Fuente: El Entre Ríos