El 6 de enero cerca de las 2 de la tarde, un camión del Municipio uruguayense chocó contra la estructura del Puente Fierro que cruza el Arroyo de la China. La colisión ocasionó la caída del vehículo y el desmoronamiento de la estructura del puente que se desplomó sobre los 22 trabajadores que eran transportados desde el basural de Talita, donde realizaban tareas de reciclaje de residuos. El accidente dejó como saldo una mujer fallecida y un grupo de trabajadores con heridas graves y hasta amputaciones. Hoy la justicia debe fallar en la causa, que apunta todos los cañones al chofer del camión pero parece dejar a un lado la responsabilidad de los funcionarios que ordenaron que los trabajadores sean trasladados de ese modo irregular.

<b>“Una pesadilla”</b>
A ocho meses del trágico accidente, el episodio parece estar un poco olvidado por los habitantes de la ciudad. Sin embargo, las víctimas y familiares tienen grabado a fuego el momento donde los hierros retorcidos se incrustaban en los cuerpos de los trabajadores que eran trasladados en la caja del camión. Así lo recuerda Horacio Ramírez, una de las víctimas del accidente que sobrevivió para contar la tragedia: “Mi situación actual es como una pesadilla porque al ver tantos compañeros heridos, aunque pasen los meses y años, a uno eso le va quedando”, asegura, angustiado. El relato representa la realidad de decenas de trabajadores que aquella tarde viajaban en la caja del camión municipal que terminó embistiendo la estructura del puente. Lejos de tratarse de una situación excepcional, Horacio Ramírez remarcó esta semana en Radio Franca que "Todos los días, de lunes a sábados, viajábamos como ganado en la caja de un camión".

A la negligencia de transportar trabajadores en dichas condiciones, se le suma el deplorable estado del Puente de Fierro. Vecinos de la zona manifestaron a distintos medios que si no había sucedido antes "fue de milagro”; además de otros que informaron que incluso en los días anteriores al accidente, “en el puente se había producido un gran agujero”, sobre el que habían puesto unas ramas para alertar del peligro.

<b>El foco de la justicia</b>
El fiscal de la causa que investiga el accidente, Pablo Bur, confirmó a Radio Franca que “por el momento no hay funcionarios que estén siendo investigados” como responsables de la tragedia. Todos los cañones apuntan al eslabón más débil de la cadena, el chofer del camión, Raúl Enrique Ayala. Sin embargo, el conductor es un empleado municipal que cumplía con la orden emanada desde el Gobierno Municipal para trasladar a los trabajadores en esas condiciones. El responsable de las tareas en el basural (y por tanto del traslado de los recicladores) es el secretario de Ambiente, Marcelo Gay Balmaz, que sólo fue citado en carácter de testigo por la Justicia.

La defensa del Gobierno de Carlos Schepens para despegarse del tremendo accidente está centrada en desentenderse del vínculo laboral con esos trabajadores. Allí se investiga si los recicladores respondían directamente a las órdenes del funcionario o, formalmente al menos, integraban una suerte de cooperativa de trabajo autónoma. Cualquiera sea el caso, el Municipio no puede desconocer la injerencia en el traslado de los trabajadores, ya que el camión en que eran transportados todos los días es de propiedad municipal. A pesar de ello, la justicia optó por dejar a un costado a los funcionarios y ponerlos a resguardo por el momento.

En el medio, aparecen un sinnúmero de irregularidades que van desde la necesidad de determinar quién ordenó el traslado de esos trabajadores de forma irregular, en la caja del camión de propiedad municipal, hasta la relación contractual que esos recicladores tenían con el Municipio. Una de las víctimas, Horacio Ramírez, volvió a remarcar esta semana que el modo de pago “ni el mismo Gay Balmaz sabía explicar si era un subsidio o una ayuda lo que se nos daba”.

<b>Las familias afectadas</b>
La causa consta de dos partes: por un lado, la causa judicial que debería ocuparse de el o los responsables del accidente; y por el otro, el resarcimiento económico de las víctimas.

Para quienes padecieron aquella fatídica tarde de verano "nosotros lo que pedimos es que haya justicia, que se haga justicia con el que se tenga que hacer. Que caiga el peso donde tiene que caer: si es el Intendente, que sea el Intendente o al que tenga que caer”, remarca Horacio Ramírez, mientras se quiebra al recordar el momento de los hierros cayendo sobre los cuerpos de los trabajadores.

Llamativamente, mientras la causa penal que investiga la cadena de responsabilidades de la muerte de Rocío Quintero y los demás trabajadores heridos desliga al Gobierno Municipal del caso, en paralelo avanza un acuerdo económico con el Municipio para resarcir a las víctimas y familiares. Es decir, el mismo Gobierno Municipal que reconoce responsabilidad al resarcir económicamente a las víctimas del accidente, dice no tener nada que ver con la tragedia. Raro, ¿no?

<b>*</b><i><b>Con la colaboración de Natalí Morales</b></i>

Fuente: El Entre Ríos (edición impresa)