La corrupción se lleva el 25% de la obra pública
Las cifras difundidas recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, dan cuenta que las inversiones en bienes y servicios públicos para los países de América Latina y el Caribe fue del 3,5% del PBI en la última década (2008-2017). Pero el mismo estudio remarca que a pesar del enorme esfuerzo de inversión que eso significa para los países, las prácticas de corrupción provocan un sobrecosto enorme que oscila del 10 al 25% del total invertido, sin contar los efectos que la corrupción tiene sobre la calidad de las obras públicas, las inversiones inconclusas o directamente el pago por obras “fantasma” que jamás se construyen.A nadie escapa que la Obra Pública es, por escándalo, el principal escenario de desvío de dinero público hacia tramas de corrupción. La connivencia de funcionarios y empresarios para perpetrar estas maniobras han quedado definitivamente al desnudo con “el club de la obra pública” que develaron los Cuadernos de Centeno en Argentina. Y en el resto de la región, la situación tiende a repetirse con algunos nombres en común, y otros específicos de cada país.
¿Qué hacer para frenar la corrupción?
A esta altura está claro que no hay recetas mágicas ni soluciones envasadas. Pero en varios países de la región, la presión del periodismo y sectores de ciudadanos indignados por el fenómeno de la corrupción están implementando dos caminos simultáneos: reformas legales y regulatorias para incrementar los niveles de transparencia; y políticas públicas específicamente destinadas a promover el control por parte de ciudadanos, los periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Y en ese camino, las tecnologías han demostrado jugar un rol esencial, en tanto permiten inyectar cambios disruptivos que van más allá de la transparencia para empoderar a los ciudadanos de herramientas para el control social y la comunicación directa con los gobiernos.La plataforma cívica www.concepciontransparente.org es un ejemplo en esta zona, ya que permite monitorear todos los contratos públicos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en tiempo real, sin necesidad de registrarse, permitiendo el acceso anónimo, y controlando a quién se contrata y cuánto dinero percibe por esa contratación. Lentamente, periodistas, proveedores, concejales y dirigentes políticos empiezan a usar la plataforma para detectar irregularidades en las contrataciones públicas y elevan los niveles de exigencia al Gobierno local.
Tres antídotos contra la corrupción
En un reciente artículo publicado por Juan Cruz Vieyra, Alejandro Ba y Theodore Kahn en el blog del BID “Abierto al Público”(*), los autores elaboran un listado de tres acciones concretas en los que la tecnología puede aportar beneficios en la gestión de los recursos públicos y el combate a la corrupción.- Identificación de irregularidades y sobreprecios. Los avances en analítica de datos, incluyendo la minería de datos, están expandiendo rápidamente las herramientas disponibles para someter un número masivo de transacciones a un escrutinio sistemático, y poder identificar riesgos de corrupción en tiempo real. Por ejemplo, gracias a la plataforma colombiana MapaRegalías, el número de irregularidades en proyectos detectadas y remitidas a las instituciones de control en el país aumentó de 57 en 2013 a más de 1000 en 2016.
- Involucrar a los ciudadanos en el control. Las plataformas de georreferenciación de datos muestran la ubicación geográfica de los proyectos en un formato sencillo e intuitivo, lo que permite a los ciudadanos identificar dónde y cómo se gastan los recursos y, a la vez, ofrecer retroalimentación ciudadana a las instituciones. La plataforma incorruptible, en México, otorga a los ciudadanos la posibilidad de reportar peticiones de soborno.
- Mejora en la gestión de la información. Las herramientas de gestión de información descriptiva y prospectiva como los paneles de control ayudan a que la información sobre el desempeño de los proyectos sea precisa, actualizada y accesible para los gestores del proyecto y los ciudadanos. En este sentido, tecnologías como la nube son fundamentales porque permiten alojar herramientas de administración complejas, fomentar un entorno de innovación digital seguro para las instituciones y permitir un análisis granular de grandes bases de datos.
El BID tiene un programa activo para Gobiernos de la región que quieran sumarse a este tipo de iniciativas, pero también los equipos de desarrollo tecnológico con fines cívicos como Datos Concepción pueden aportar a la generación de estas herramientas que, con una inversión muy menor, podrían contribuir a frenar la sangría que significan los millones de pesos que se escapan por las vías rápidas de la corrupción. Por ahora, las experiencias locales se cuentan con los dedos de una mano. Por tanto, la pregunta que cabe a esta altura es ¿los dirigentes políticos que gobiernan nuestras ciudades están realmente dispuestos a avanzar contra estas prácticas?
(*) Para revisar el informe completo del BID: https://publications.iadb.org/handle/11319/9303
