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Sergio Palazzo y Cristina Kirchner
Sergio Palazzo y Cristina Kirchner
Sergio Palazzo y Cristina Kirchner
Unas semanas atrás, hacía ruido en las redes sociales, y luego en los medios de comunicación, la felicitación que Cristina Kirchner hacía al titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, por haber logrado “arrebatar” a los bancos un aumento de 60% en los salarios de sus empleados.

El 6% de inflación de abril, por sí solo, debe haber enfriado un poco la euforia inicial que provocó aquella aparente victoria. Esa cifra mensual supone un guarismo anual mayor a 100%. Es decir, la exitosa conquista de La Bancaria debutó derrotada.

Pero el asunto va mucho más allá de cuán buenos o malos sean los acuerdos salariales que logran los dirigentes sindicales para sus afiliados. El problema está en que su única preocupación radica en mantener inalterado un estado de cosas que los beneficia más a ellos que a los afiliados a sus sindicatos.

Esta semana presentaron resultados varios de los principales bancos privados cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Como cada trimestre, estos bancos envían extensos informes a sus reguladores con detalles de los resultados y de la evolución de las principales variables que mueven sus operaciones.

Es evidente, en todos los casos, la migración de las transacciones desde la banca tradicional hacia la banca electrónica, y desde las actividades que conocimos durante décadas hacia nuevas modalidades de contratación flexible de productos y servicios. Uno de los bancos detallaba que, durante el primer trimestre de 2022, apenas 1% de las transacciones monetarias ocurrieron en la caja del banco. Además, dos tercios de los nuevos clientes que ese mismo banco consiguió durante el trimestre llegaron a través de canales digitales. Pocas personas van a las sucursales para abrir una cuenta. Casi nadie va a los cajeros de atención personalizada.

Sin embargo, el señor Palazzo brega para mantener las cosas como si la banca actual fuera igual a la banca de la era en que no existían los teléfonos móviles o internet. Lo respalda el Banco Central, que pone infinidad de trabas al cierre de sucursales a las que los clientes no van, con argumentos tan ideológicos como los que esgrime La Bancaria.

Sólo están retrasando un proceso irreversible y no queda claro que, al hacerlo, le hagan un favor a quienes simulan proteger. Las propias estadísticas del Banco Central, con datos hasta septiembre de 2021, dan cuenta de una reducción de 6% en las dotaciones de personal de los bancos privados desde fin de 2019. Los informes de los bancos privados dan cuenta de que el proceso sigue. Más interesante es que también se redujo la dotación de los bancos públicos (2%), algo que en nuestro país podría sonar increíble. Está claro que no importa cuán eficiente sea un banco: la realidad ha cambiado.

La pregunta del caso sería, entonces: ¿ayuda más retrasar el progreso o acompañarlo con capacitaciones para que los empleados entrenados para la atención física aprendan a atender a los clientes a través de los canales digitales?

Eso podría no convenir al señor Palazzo. Porque un empleado de una subsidiaria de tecnología para servicios bancarios, o de un centro de atención telefónica, podría llegar a dejar de ser considerado como un empleado bancario, y pertenecer a otra rama de actividad. Eso le restaría afiliados a La Bancaria, y solvencia a su obra social, que de tantos favores ha provisto al sindicalista. Esto es exactamente lo que está pasando con esos nuevos competidores de los bancos, las fintechs como Mercado Pago o Ualá, que tanto irritan a los sindicatos cuyas actividades y beneficios ponen en riesgo. De tanto retrasar el progreso de la actividad, el progreso les empezó a pasar por el costado.

Evidentemente, no es La Bancaria el único sindicato que ve su mundo tambalear y se aferra a sus beneficios y a su entramado patotero para impedir, o al menos retrasar, cambios inevitables.

El sindicalismo argentino no trabaja para sus afiliados, sino para el bien de los sindicalistas. Retrasar el progreso redunda en reducir a los afiliados a trabajos de baja productividad, que por definición serán relativamente mal pagos y que, por no generar mucho valor, nunca le podrán ganar a la inflación.

Lamentablemente, los dirigentes políticos, que se valen del poder de choque de los sindicatos para ese otro anacronismo que es el “control de la calle”, apoyan la defensa de clase de los sindicalistas, en perjuicio de los afiliados.
Fuente: El Entre Ríos

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