La justicia de nuestro país, está, una vez más, en el candelero. Es que en forma coincidente con los resultados de las pasada elecciones primarias nacionales, han aparecido quienes vienen a indicar que se estarían dejando entrever cambios en las orientaciones de los fallos de los magistrados.
Por Rocinante
Se trata de un tema no menor, por cuanto la República Democrática, de tener vigencia, está asentada en dos pilares. Los cuales son el de la supremacía de la Constitución de la Nación, como la ley primera y principal; y la de la independencia del Poder Judicial, encargado de su custodia.
Por otra parte la imagen que tiene la opinión pública de la justicia, se ha visto seriamente deteriorada en gran parte por culpas suyas; pero en un grado no menor por parte de quienes alternativamente se ocupan de denostarla y agraviarla, cuando no de invocarla como escudo protector de sus tropelías.
No es extraño que en el deterioro señalado, ocupe un lugar importante, el hecho que por diversas circunstancias, algunas justificables y otras no tanto, ha calado hondo en la opinión pública la caracterización de nuestra justicia como de veleta, queriendo con ello indicar que se observa en ella inclinación a orientarse en función de las insinuaciones, que a veces son más que eso, de los gobiernos de turno.
Se podría por lo mismo aplicarle el adjetivo de veleidosa, evidentemente expresión de un decir en apariencia más educado, pero que quizás no se lo vea como el más adecuado, ya según se puede consultar en cualquier diccionario, por veleidoso se entiende lo mudable e inconstante. Y que son sus sinónimos lo antojadizo, caprichoso, desigual, desleal, frágil, frívolo, inconstante, inestable, infiel. Mientras que sus antónimos, es decir términos que expresan lo opuesto, son el mostrarse fiel, firme, leal, permanente, seguro.
A continuación haré referencia a tres situaciones diferentes, de las que procuraré proseguir efectuando algunas consideraciones finales acerca de este tema.
Hebe de Bonafini dixit: Los jueces van a tener que pagar lo que nos hicieron
Según lo recoge la crónica periodística, en el inicio de su habitual discurso de los jueves en la Plaza de Mayo, Bonafini esta semana, entre otras consideraciones manifestó que algunos jueces se están queriendo jubilar, ante la posibilidad de un cambio de signo político en la Casa Rosada, pero no los vamos a dejar ir. Luego de lo cual continuó señalado que ahora están apurados por cumplir 60, 65 años. Lo que pasa es que los días no pasan. Se quieren ir rápido, también como ratas, pero a esos también los vamos a agarrar de la cola, ya que van a tener que pagar lo que nos hicieron.En tanto, no deja de ser curioso que desde el otro lado de la llamada grieta, se escuchan voces que vienen a decir más o menos lo mismo en relación al hecho de que muchos de los integrantes de las fuerzas armadas, condenados o procesados todavía por su participación en crímenes de lesa humanidad, que están en esa situación por imputaciones similares o mucho más inconsistentes que por la que el teniente general Milani acaba de ser absuelto por un tribunal federal riojano en un juicio expreso, en el que se lo investigaba por su supuesta intervención en la desaparición en el pasado siglo de un soldado conscripto natural de esa provincia.
A la vez la actual dirigente kirchnerista y antigua dirigente de uno de los grupos de las conocidas como Madres de Plaza de Mayo, aparece como no recordando que entre otras causas existen varias abiertas en su contra. Una por las operaciones que se califican como de fraudulentas, en las que habría incurrido junto a los hermanos Shocklender ,durante la ejecución del programa Sueños Compartidos, un ambicioso emprendimiento que tenía por objeto la construcción industrial de viviendas sociales, y que habría quedado trunco como consecuencia de esa circunstancia.
De allí que cabría preguntarse si entre los jueces a los que no se los va a dejar ir, se encuentra el que tiene esa causa prácticamente sin avances, o sea lo que en la jerga tribunalicia se las conoce como dormidas o pisadas.
Sergio Varisco y una situación vergonzosa
La crónica diaria acaba de recoger también el rechazo por parte del Juez de Garantías competente, de un pedido del actual Intendente Municipal de Paraná y candidato derrotado en sus aspiraciones de ser reelecto (se trata de Sergio Varisco) de abrir una instancia de Mediación en una de las causas en las que se lo tiene como imputado.Se trata de aquella abierta por el hecho de que la casa en que habita contaba con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, que no aparecía como registrado en las cuentas de la empresa prestataria del mismo y por ende no se abonaba. Ignoro la causa de esa situación anómala, aunque no infrecuente, y las explicaciones que dio el alcalde acerca de lo sucedido, pero de cualquier manera no puede dejarse de señalar que la misma resulta en apariencia al menos espantosa por lo vergonzosa.
De cualquier manera, la defensa de Varisco en esa causa, solicitó la apertura de la instancia de mediación a lo que acabamos de hacer mención. Se trata de un procedimiento al que se convoca al imputado y al damnificado por la situación (me refiero a una situación y no a una acción de Varisco, porque ignoro cuál fue en realidad su comportamiento). Realizada esa audiencia, si existe un acuerdo entre las partes, se da por superado el entredicho y sin más se archiva el expediente.
Como puede advertirse, se trata de una forma de actuar no alternativa sino anómala de proceder, en causas penales en las que se investigan delitos de menor entidad, atento al monto de la pena que resulta aplicable. Ello así, en cuanto es una muestra de la claudicación estatal, que significa dejar librado el castigo de un delito, a la no existencia de un acuerdo entre las partes en conflicto. Algo que no significa otra cosa que la privatización al menos implícita de la potestad incriminatoria del estado.
En tanto en la ocasión, el ministerio público se opuso a la apertura de esa instancia de mediación, argumentando que si bien se presentó constancia que con el pago de la factura del consumo irregular de energía se había zanjado el conflicto con la empresa, ello además de implicar el reconocimiento del hecho, parece no tener en cuenta que estamos en presencia de un delito de acción pública, que no es otro que hurto de energía en reitero por casi dos años en una vivienda que está dentro de boulevares. Añadiendo a ello que el criterio que adopta la fiscalía no puede ser antojadizo. Tenemos la obligación de perseguir delitos de acción pública. Entendemos que esta causa afecta al interés público porque se trata de dos personas con función pública. Sin ánimo de hacer distinción entre ciudadanos(¿?) Quien asume la función pública tiene obligación de hacerlo con compromiso y responsabilidad. Existe un interés superior y nos obliga a oponernos al pedido defensivo. Queremos que la causa sea dilucidada en debate público. Entendemos que hay incumplimiento del deber ético de quien ocupa la función pública.
Frente a lo cual la defensa esgrimió la exigencia de un trato igualitario con lo que sucede en la generalidad de situaciones de esa misma especie, a lo que siguió el pronunciamiento del Juez de Garantías, acogiendo la postura de la acusación por entender que ella ejerce la titularidad de la acción penal, la que ejerce el MPF. El dictamen fiscal no es arbitrario, ni irrazonable ni ilegítimo. Es su potestad decidir mediación o no.
De atreverme a aventurar una opinión sobre este entuerto, diría que tanto al acusador como al acusado les asiste una parte de razón, que es lo mismo que ninguno de las dos la tiene entera, dado lo cual significa que en realidad no la tiene ninguno. Ya que habría que concluir que la imposibilidad de optar por una u otra de esas posturas es consecuencia de la fragilidad de nuestro régimen penal cargado de apremios y de urgencias y lleno de emparchados.
De cualquier manera considero que no nos encontramos aquí ente lo que puede considerarse un caso de justicia veleidosa.
El pago de sobornos en el caso del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
Las fuentes consultadas son coincidentes en afirmar que el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en su trayecto Caballito-Moreno es un proyecto de ingeniería que encara el Estado Argentino en la ciudad de Buenos Aires y la zona oeste del Gran Buenos Aires, que prevé la construcción de un túnel y vías bajo trinchera del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento a través de una extensión de 32 km.El soterramiento del Sarmiento se licitó en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, y se adjudicó dos años después. Al contrato lo ganó una unión transitoria de empresas (UTE) que, además de Iecsa, integraron la italiana Ghella, la brasileña Odebrecht y las españolas Comsa-EMTE y en diciembre de2008 la presidenta Fernández encabezó el acto de suscripción del contrato de Obra Pública respectivo. Luego en septiembre de 2011, llegó al país la tunelera alemana Herrenknecht, la que fue trasladada para comenzar los trabajos en la cabecera de Haedo. El proyecto sin embargo quedó paralizado hasta enero de 2016, fecha en la que el actual presidente anuncia que se reactivarían las obras del soterramiento. La empresa Ghella será la responsable de la ingeniería e IECSA y Odebretch, investigada en el escándalo Petrobras junto con Iecsa, quedando afuera la española Comsa-EMTE. Ya se conoce de sobra lo que significa Odebrecht y en cuanto a IECSA, esa compañía había formado parte del grupo Socma hasta que Francisco Macri se la vendió a su sobrino operación llevada a cabo en el año 2017.
La obra se paraliza en enero de este año por falta de fondos cuando se habían perforado más de siete kilómetros y faltaba poco más de diez para llegar a la Estación de Once.
En fecha reciente en la causa que investigaba por los sobornos que pagó la empresa en nuestro país, vinculados con la obra, una de las Salas de la Cámara Federal porteña dispuso los sobreseimientos y las faltas de mérito en los procesamientos que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a los exfuncionarios del kirchnerismo Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi, entre otros, y al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
En la resolución anulada el juez Martínez de Giorgi había procesado, en abril, a De Vido, Jaime, Schiavi, López, Baratta y al asesor de Jaime, Manuel Vázquez, por negociaciones incompatibles con la función pública. Al mismo tiempo había beneficiado a Calcaterra, y al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.
En esta causa, los empresarios Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa, habían sido procesados por dádivas, mientras que los ex funcionarios de Planificación habían sido procesados por negociaciones incompatibles con la función pública.
Cabe señalar que de acuerdo a nuestra legislación se distingue entre una dádiva que dicho en términos corrientes sería algo así como un regalo para conseguir ser mirado con simpatía especial de allí en más por el funcionario, mientras que el soborno representa el pago a cambio de un favor concreto, por parte del funcionario. La diferencia entre ambas figuras es muy sutil, pero indudablemente no son la misma cosa y es mucho más grave el recibir un soborno que admitir una dádiva.
En la resolución que ha provocado un revuelo desusado en ciertos ambientes, los jueces de cámara se han limitado a señalar que indebidamente el juez inferior había procesado por dádivas, cuando la acusación fiscal lo era por sobornos, dado lo cual la misma resultaba nula, y debía reconfigurar la causa contra todos los imputados e inclusive profundizar la investigación con la agregación de prueba producida ante la justicia brasileña, en la que consta el pago de sobornos por Odebrecht a esos funcionarios por la suma de veinte millones de dólares.
De lo que cabe concluir que no se puede hablar en este caso de justicia veleidosa, sino que pone las cosas en su lugar.
