Este dilema está generando la sensación, entre no pocos observadores de la realidad, de que será necesaria una gran crisis económica y social antes de que algún dirigente se atreva a ejecutar el mandato de la mayoría de los ciudadanos. Es lo que dicta nuestra historia: fueron las grandes crisis las que engendraron los grandes planes de estabilización, que entonces sí contaron con el apoyo masivo de la población.
Pocos dirigentes parecen interesados en encarar los cambios necesarios. Está claro que, para la política, el camino de menor resistencia consiste en patear hacia adelante la resolución de los conflictos.
En general, quienes se postulan para encarnar el cambio que probablemente tenga lugar en 2023 enfocan la discusión sobre cuestiones coyunturales, que son consecuencia de otras cuestiones estructurales que las causan: el déficit fiscal, el uso del Banco Central como financista del Tesoro, la política cambiaria sin brújula. En resumidas cuentas, pretenden hacernos creer que para arreglar a la Argentina no hace falta más que seguir al pie de la letra, quizás de manera acelerada, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
¿Será ese el camino, recorrido por nuevos dirigentes, más amigables con los negocios y los mercados, el que logre recrear la confianza de los inversores de largo plazo y sentar las bases para un crecimiento sostenido y no circunstancial? Parece que se queda corto y que sin otros cambios estructurales no logrará superar la condición de efímero de tantos otros intentos previos de estabilización.
No alcanza con embellecer las cuentas del Tesoro y del Banco Central para torcer un largo rumbo de decadencia. Ni el Tesoro ni el Banco Central crearán riqueza, ni empleos productivos para que quienes hoy subsisten solo gracias a la asistencia estatal puedan tener un trabajo registrado.
Necesitamos cambios estructurales mucho más importantes que esos. En las encuestas cualitativas, a la gente le preocupa la inflación, claro, pero también la inseguridad, la corrupción, la pobreza, el desempleo. A nadie le preocupa el déficit fiscal, ni siquiera el dólar. Lo que no significa que no haya que hacer algo con eso, sino que significa que hace falta mucho más. No alcanza con maquillar; hay que cambiar, cultural e institucionalmente, para salir de la trampa en que estamos, y que siempre nos conduce a una gran crisis.
Muy pocos dirigentes políticos hablan de la necesidad de encarar un cambio institucional integral. No se les ocurre o, peor aún, lo temen, porque provocaría conflictos. Pero ¿cómo sería posible cambiar sin generar conflictos? Cambiar significa también romper con algunos privilegios y generará ganadores y perdedores.
Se necesita coraje, convicción y saber explicar a la gente porqué se necesita un cambio. No es una tarea para timoratos. Ni para dirigentes débiles, que sólo sueñen con que una crisis explote durante el mandato del otro. Estirar la agonía es lo que hemos hecho durante los últimos ¿50, 40, 30, 20 años? Que cada cual ponga la fecha que quiera. La espera ha sido larga.
Hoy las encuestas reflejan que la sociedad demanda un cambio, no de caras, ni de modos, sino de modelo económico e institucional. No es difícil advertir que las cosas no funcionan. No sólo lo saben los sectores acomodados, sino también los humildes, que lo expresaron votando por Javier Milei en 2021.
El problema más grave es que no parece haber dirigentes en la misma sintonía. Cuesta detectar quién tendrá el poder, el coraje y la convicción para ponerle, por fin, al gato el cascabel del cambio profundo. No es para débiles que esperan que una crisis les allane el camino. Esa especulación mezquina pende de un hilo muy fino: una crisis podría arrastrar consigo a los dirigentes.
