Por Rocinante
Aunque para ser ecuánime debo reconocer que viviendo como vivimos los argentinos en un permanente día a día, y con el agregado de hacerlo con el Jesús en la boca, lo que pasó ayer nomás, parece que hubiera ocurrido hace tiempo o que, mejor aún, no hubiera ocurrido nunca. Dejando aquí de lado nuestra predilección por el olvido selectivo.
Tengo que lamentarme de no ser encuestador, porque ello me hubiera permitido determinar qué es lo que al argentino promedio entiende por un fondo buitre, aunque intuyo que la respuesta que más se ajustaría a la verdad es una que haría referencia a grupo de personas perversas, que se enseñan con nosotros que somos pobres criaturitas de Dios.
Ignoro cuál es el origen de la expresión, aunque como sucede con tantas otras cosas la autoría de la expresión se atribuye a nuestra expresidenta Fernández de Kirchner. Es así como se ha indicado que ella, en ocasión de una disputa con un fondo que culminó con el secuestro de la Fragata Libertad en un puerto extranjero, afirmó que los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales.
En tanto, quienes se refieren a ellos de una manera menos metafórica, y por lo mismo sino más precisa, más descriptiva, señalan que un fondo buitre (en inglés vulture fund o holdout) es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitre compran títulos de deuda de los países en una situación económica difícil, a precio muy bajo para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.
En tanto al aludir a ellos como holdouts, queda explicada la metodología que utilizan para actuar como verdaderos depredadores.
Concepto de holdouts
La expresión holdouts (del inglés to hold out, quedarse fuera), hacen referencia a los situaciones que se originan en el caso de que un Estado soberano, ante la amenaza de entrar en cesación de pagos de su deuda pública, o habiendo ya entrado en ella, lanza una propuesta de restructuración de esa deuda, la que puede contemplar quitas en los montos de los títulos de la deuda, ampliación de los plazos de pago y reducción de la tasa de Interés.Se trata, para ponerlo en términos más comprensibles, de algo que tiene grandes similitudes con los concursos de acreedores que regulan la legislación comercial en el caso de personas físicas o jurídicas no estatales, con la única diferencia que en el plano internacional se están haciendo ahora esfuerzos para corregir la inequidad que significa que mientras que en los concursos de acreedores la propuesta de reestructuración de la deuda aprobada por una mayoría calificada, tiene que ser obligatoriamente aceptada inclusive por los acreedores que se han opuesto a la restructuración de las deudas; el comportamiento de los tenedores de bonos de deuda pública que se mantiene por fuera de una negociación de amortización, en el marco de una reestructuración de dicha deuda provocada por una situación de cesación de pagos o default, no ocurre lo mismo en el caso de que un Estado sea el deudor.
De manera que cuando se da esta última situación los que quedan afuera de la restructuración por no haberla aceptado, van a buscar la manera de cobrar el monto total de los títulos de la deuda pública en su poder (las que fueron adquiriendo a valores irrisorios) y generalmente con resultados exitosos. Ya que ellos, a diferencia de la mayoría de los tenedores de esos títulos de deuda, tienen espaldas o sea que cuentan con tiempo para esperar.
Burford Capital: otra variedad de buitre que nos tiene a mal traer
Como hasta cierto punto lo he anticipado no me voy a ocupar de nuestros conflictos, la abrumadora mayoría de ellos superados, con nuestros holdouts.Mientras tanto, sí lo voy a hacer, por haberse montado en los titulares de los diarios, de Burford Capital, otro espécimen de buitre, el que hace tiempo que está sobrevolando sobre nosotros, sin que la mayoría hasta el presente le hallamos prestado atención.
Pero, ¿qué es Burford Capital? Se trata de una empresa estadounidense que financia litigios. Algo que las fuentes que he consultado lo describen como un negocio financiero que busca obtener retornos a través de la financiación de los costes de los procesos judiciales entre dos partes, o bien adquiriendo portfolios de asuntos legales a corporaciones que buscan sacar ese riesgo de su balance, a cambio de un porcentaje del éxito final. Además, también cuenta con una división que asegura el riesgo de esos litigios. En suma un paquete completito y bien atado.
Para dejarlo bien claro, financiar litigios viene a querer decir casi lo mismo que comprar juicios. Y lo digo así porque no siempre el que vende lo hace desinteresándose totalmente de lo que se llegue a cobrar una vez concluido el juicio, sino que conserva un derecho a quedarse con una parte de lo obtenido.
Cuando Burford Capital se nos lanzó encima
De un momento para otro, como no lo comprendió la administración nacional anterior, aunque no puede afirmarse con anterioridad que no se le hubiera advertido, generó dos situaciones que ahora comenzamos como sociedad (o sea como paganinis, impuestos mediante) vamos a sufrir sus costosas consecuencias.La primera de ellas, tiene que ver con la apropiación estatal del cincuenta y uno por ciento de las acciones e YPF, las que luego de la privatización de esa empresa por parte del Estado Nacional habían pasado a manos de la petrolera española Repsol en la época del menemismo. Ya Néstor Kirchner en el poder, éste consiguió de Repsol que le vendiera al Grupo Petersen (léase los Eskenazi) un porcentaje de sus acciones. Dejo de lado la versión harto verosímil de que ese grupo era total o parcialmente un testaferro de aquel presidente. La cuestión totalmente extraordinaria estaba en el hecho que el Grupo Petersen para efectuar esa compra de acciones no puso ni un centavo, ya que el precio de la operación en una parte lo pagó con un crédito que obtuvo, con la garantía de Repsol, de un grupo de bancos internacionales, y el saldo se lo iba a pagar a Repsol, con la utilidades que anualmente produjera la empresa, llegándose al caso que se le permitiera con ese objeto cobrar en forma anticipada utilidades.
Expropiadas, como ha quedado dicho las acciones de Repsol, pero no las del Grupo Petersen, este quedó impedido de seguir pagando su deuda por la compra, por no recibir de la empresa utilidades. Fue allí donde la empresa se quedó sin sus acciones por esa circunstancia, ya que se vio imposibilitada de seguir pagando lo que había comprado con la plata de YPF.
Lo que no está claro es si cuando Burford Capital pasó a ser el titular exclusivo de esas acciones había, como alguien sostiene, un acuerdo previo entre el adquirente y el fallido, por el cual este último iba a quedarse con una parte de lo que Burford obtuviese ganado el juicio, que ahora se traduce en un reclamo que llega a la friolera de los mil trescientos millones de dólares.
Todo lo cual fue consecuencia, según se explica, del hecho que Petersen quedó con un derecho a litigar, que es una oportunidad única para los fondos de inversión. Como no recibió compensación por sus acciones, se declaró víctima de la expropiación estatal. Aunque el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, prometió no pagar nada por la expropiación en el Congreso, terminó oblando US$ 4.800 millones para bajar los litigios de Repsol. Ese torrente de dinero abrió los ojos para las empresas expertas en comprar "juicios”. Burford Capital fue el que lo hizo, promoviendo a continuación una demanda ante los tribunales neoyorquinos en el que reclama al Estado nacional en función de la aplicación de una cláusula estatutaria del contrato de YPF antes de ser estatizada donde se establece que cuando un accionista se va a quedar con el control de la compañía -el 51% de las acciones- tiene que hacerle una oferta de adquisición al resto de los accionistas. Y hace al caso que YPF no cumplió ese procedimiento.
Por su parte nuestro gobierno acaba de ser golpeado por el laudo (es el nombre que tienen las sentencias en los casos de arbitraje) dictada por el tribunal arbitral del Banco Mundial, en un reclamo formulado por el grupo Marsans (no se puede afirmar que Burford Capital tiene algo que ver con esta demanda, aunque existen al respecto versiones encontradas) y que luego de concluida su tramitación aquel tribunal laudó condenando a nuestro gobierno a pagarle a Marsans la suma de trescientos sesenta millones de dólares, los que llegan a más de mil millones, computando intereses y acrecencias del juicio.
No viene al caso, referirse a los avatares por los que atravesó Aerolíneas Argentinas desde el momento en que fuera fruto de una desprolija privatización durante la administración menemista, pasando por una gestión obscura por parte del primer adquirente, la empresa española aérea Iberia, y para terminar luego cargada de deudas y casi desguazada durante la administración Marsans.
Pero ante la situación calamitosa de la empresa, se abrían dos caminos. El primero sustentado por la oposición que indicaba que lo prudente era obtener la declaración de quiebra de la empresa, de manera de no quedar con ninguna responsabilidad respecto a su pasivo. La otra predominante, fue la del justicialismo alineado en torno a la entonces presidenta Fernández de Kirchner, que optó por la expropiación al precio simbólico de un peso, porque se daba por establecido que el monto del pasivo superaba crecidamente al monto del activo.
(nota: he prescindido a lo largo de los desarrollos precedentes de entrar en detalles y precisiones al mismo tiempo de incurrir en omisiones, algo que si bien puede quitarle rigor al texto, permite que se vuelva de más fácil acceso su lectura, al no correr el peligro de quedar confundido con una cantidad abrumadora de fechas, nombres, actos jurídicos y montos de dinero).
Las malas prácticas
Las nuevas cargas que nos tocará soportar a la luz de lo relatado, no constituye un castigo gratuito, sino el resultado de malas prácticas de distinta naturaleza. Y de una dimensión tal, que en el caso de haberse las mismas efectuado dentro del ámbito privado casi con seguridad, habría provocado la apertura de causas judiciales encaminadas a establecer por lo menos la responsabilidad civil que les cabe a los funcionarios cuyo actuar censurable ha llevado a la producción de esas situaciones.En el caso de la operación de venta de acciones de YPF a otra empresa privada, a la que en un momento se la presentó en una forma difícil de calificar como especialista en mercados regulados, son varios los interrogantes que se abren, alguno de los cuales pueden tener hasta implicancias penales. Es que resultaría de un interés que cabe calificar como inexplicable, la generosidad de Repsol en esa operación, si se tiene en cuenta que un comportamiento que quepa adjetivar de esa manera resulta extraño en el ámbito de los negocios, por más que ella se haga en favor en un especialista en mercados regulados. A lo que habría que agregar el torpe y desprolijo comportamiento al momento de la expropiación, que ha llevado a la situación que ahora debemos afrontar.
En el caso de la expropiación de Aerolíneas, se puede hablar tanto de torpeza como de desprolijidad, pero sobre todo de censurable ligereza, propia de quienes se sienten no al margen de la ley, sino por encima de ella, como consecuencia tanto de la soberbia extrema que en ocasiones acompaña al poder, junto a una inclinación que nos lleva a pasarnos de vivos peligrosamente.
