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En nuestro país acaban de suceder dos hechos de esas características. Una circunstancia que nos lleva a coincidir –aunque lo sea a medias- con una afirmación de la vicepresidenta de la Nación en ocasión de alegar en el juicio que ante un tribunal federal, se le sigue junto a numerosos funcionarios, fundado en especialmente en los cargos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.

Afirmación por la que expresa “Yo me siento en estado de indefensión, me siento intranquila en este país y con este Poder Judicial”. Con la que, tal como lo dejamos expresado, coincidimos a medias. Ya que no lo hacemos cuando se alude al nuestro como “este país”, forma de expresarse que, aún en el caso de no ser intencional, como suponemos no lo es en el caso que nos ocupa, da siempre la impresión de presentar un matiz peyorativo, como si se pretendiese poner distancia entre quien habla y el país al que se pertenece.

También discrepamos cuando con esas palabras se pretende poner a todos los jueces en “una misma bolsa”, cuando los hay, como sucede en todo grupo humano –ninguno de las cuales puede asimilarse a una “comunión de los santos”- tanto buenos como malos, aunque estamos convencidos de que los integrantes de nuestra Suprema Corte de Justicia pertenecen a la primera de esas dos categorías.

En tanto el primero de los hechos, a la vez graves y bochornosos tal como señalamos más arriba, reside en el hecho que la vicepresidenta de la Nación, no sólo haya formulado su alegato no en el ámbito del tribunal que la juzga, sino desde su despacho en el Senado de la Nación, y con nuestra bandera colocada en un mástil a uno de sus costados. Creando de ese modo la impresión de que en la ocasión revestía el papel de funcionaria y no de encausada. Y que solo faltó la presencia en su despacho de un par de granaderos, para que se aventase toda duda al respecto. Es que no se puede pasar por alto que no solo las turbamultas pueden pretender ser eficaces al momento de procurar amedrentar a los jueces.

Debe quedar claro que nos abstenemos totalmente de dar opinión alguna acerca del proceso en sí, ya que a ese respecto lo que corresponde es guardar silencio hasta el momento en que se conozca la sentencia. Y que lo deseable sería que todo estrépito dentro y fuera del foro, siguiera ausente, hasta que se cuente con una sentencia firme.

Por otra parte, el segundo de los hechos que nos mortifica es la media sanción por parte del Senado de la Nación de un proyecto de ley por el cual se decide la ampliación del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que, de ser aprobado por la Cámara de Diputados elevará a quince el número de sus miembros, en lugar de los cinco actuales. Una “reducción” del número original de veinticinco que contemplaba el proyecto original, lograda por la necesidad de contar con el voto afirmativo de un grupo de senadores remisos a apoyar la originaria cifra del proyecto. Aunque en realidad a los efectos prácticos no cambia nada, ya que ni siquiera alcanza para que ese grupo renuente pueda tranquilizar su conciencia, por haber votado como lo terminaron haciendo.

No entraremos en la mención de la larga serie amplia y fundada de argumentos que se ha escuchado esgrimir estos días para buscar fulminar el proyecto, ni caer tampoco en la conclusión de tipo arrabalera a la que muchos han arribado luego de la lectura de aquéllos, que ha llevado a que se señale que el proyecto “parecería un chiste, si no se tratara de un preocupante disparate”.

Y en el tren de evitar citar a esos argumentos, tampoco asignamos importancia alguna a los cambios de postura que repetidamente han exhibido los actuales funcionarios gubernamentales acerca de la composición de ese tribunal, ya que no podemos por desgracia, no estar habituados a las marchas y contramarchas, como así a las contradicciones que son habituales en la actual administración.

Importante resulta en cambio la interpretación del trasfondo de esa todavía no consumada reforma, que efectúa un destacado constitucionalista en una nota periodística.

En la que se señala que no es arriesgado pensar que las sinrazones que impulsan el proyecto hay que buscarlas “en el deseo de conformar una ´nueva´ Corte que responda a los deseos de los actuales gobernantes, a la manera de lo sucedido con el expresidente Carlos Menem en la década del noventa. Igualmente, en la búsqueda de una licuación del poder de los actuales jueces, y en obtener miradas permisivas cuando los casos de corrupción que actualmente resuenan lleguen, o como seguro ocurrirá, a los estrados de la Corte Suprema.”

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