Y en el caso de la justicia puede ser una medida adoptada por el juez, en el transcurso de un juicio anticipándose a él con un propósito precautorio. En cambio, en la esfera de la vida cotidiana se produce en el caso se hagan presente un espectro amplio de situaciones, en las que se asiste a la exteriorización de acciones como son las de entrometerse, interponerse, meterse, participar, terciar, mediar, injerirse o influir. Algo que lleva a concluir que tanto en este ámbito, como de rebote en el jurídico, puede hablarse en cuanto a la forma de ser valoradas, de intervenciones permitidas o inadmisibles, con efectos loables o con finalidades perversas.
Aunque en todos los casos siempre significa una intromisión en la esfera de intimidad de una persona – y también cabe la posibilidad de que sea su cuerpo el intervenido-, o una intrusión en la vida de una organización o institución. A esta altura cabe introducir la pregunta acerca de si “el espiar” es una forma de intervenir o entrometerse. Una respuesta que no es fácil de hacer, ya que se hace necesario introducir un matiz muy sutil al momento de encontrar similitudes entre una y otra práctica. Para poder así llegar a la conclusión que el espiar, la intervención parte del presupuesto que se asocia al “disimulo”.
Y siguiendo con el tema, aunque no haciendo otra cosa que bordearlo, cabría decir que nunca como en la época actual ha estado presente no solo la posibilidad, sino hasta una sensación, la que de volverse consciente nada tendría de exagerada, de ser espiado a cada momento y en cada lugar en el que nos encontremos, a la vez que en muchos se ha potencializado la tentación de espiar, la que algunos en determinadas condiciones la consuman, todo gracias a la amplia gama de engendros tecnológicos que pueden emplearse con ese objeto.
Escrito todo lo cual estamos en condiciones de introducirnos en el análisis de dos situaciones en las que se hace presente tanto la intervención como intromisión, y hasta cabría considerarla como una injerencia o interferencia concebida y no ejecutada por sus potenciales autores, en uno de esos casos.
El primero de ellos tiene su origen en lo que, empleando el leguaje con el familiarizado en el transcurso de la actual pandemia, como el “caso cero”. Forma de nombrar, con el cual cabría designar a una conversación por WhatsApp entre el juez que actualmente ocupa el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura –con lo que se lo puede ver como encabezando una suerte de “cuasi extra-poder”- con un grupo de colegas conectados en red. En el transcurso de la cual –de la que se presuponía su carácter de “reservada”, el nombrado hizo declaraciones de una gravedad institucional innegable, y como se ve de una manera imprudente. Esto último en cuanto de alguna manera y por alguien, esa “reserva” resultó violada. De manera que el contenido de esa declaración tomó estado público.
No es nuestra intención relatar el contenido completo de esa conversación, ni siquiera de la parte del indicado funcionario, la cual giraba en torno a las dificultades financieras del Consejo, que venían a dificultar el pago total y en el tiempo debido de los sueldos de este mes y el aguinaldo respectivo a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales.
Sino que lo es la de circunscribirnos a la situación referida a la resistencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a concurrir en el auxilio requerido para enfrentar la situación, a pesar de contar con un “fondo anticíclico” multimillonario, que no solo se cuidaban de mantener incólume, sino de acrecentar como resultado de una inteligente y a la vez honesta gestión del mismo.
En resumidas cuentas, se lo escucho decir, según la información pública disponible: “No lloren che, el aguinaldo del Poder Judicial se paga ahora y el sueldo de julio lo van a cobrar íntegro. Tengan más fe en la conducción y en la muñeca. No pueden ser tan llorones. La Corte no va a largar un mango en la puta vida. Creo que lo único que pueden cubrir son los gastos de insumos que hicimos en salubridad e higiene. Después ¡olvídenlo! La Corte tiene ese fondo, no sé para qué, pero lo tiene. Habrá que cambiar a los ministros de la Corte, con una mayoría diferente, y así se podrá usar ese capital que tienen guardado más los intereses de una manera que sea productiva para el Poder Judicial”.
A lo que habría que agregar que no faltará alguien mal pensado que interprete que una “manera productiva” de hacer uso de esos fondos es aplicarlas al pago de remuneraciones intangibles de los integrantes del Poder Judicial. No es ese nuestro caso. Ya que lo que consideramos grave es la existencia en boca de ese magistrado de un comentario –el que suena a la revelación de una intención o propósito bien guardado en su cabeza- de una estrategia a consumar, la que resulta confusa en su formulación, ya que no queda claro, que lo que se busca es “cambiar a los actuales miembros de nuestro máximo tribunal” o diluir su peso, con la ampliación del número de sus miembros, cargos que se supone serían ocupados por jueces amigos”.
Redondeando lo hasta aquí escrito nos encontramos con el hecho de que bajo el acceso nada claro a una conversación telefónica se ha hecho posible que tome estado público, cuando menos de los deseos de ver consumada una intromisión más que cuestionable en la cúspide del Poder judicial. De donde esa manifestación, viene a desnudar algo muy parecido.
Pero queda por hablar de otra situación totalmente diferente, con lo que se puede denominar como el “plan-Perotti“, mediante el cual se hizo presente un nuevo intento por parte del gobierno nacional de que se llegue a una intervención, esta vez dentro del trámite por ante el juez competente de la ciudad santafesina de Reconquista, del proceso de convocatoria de acreedores del grupo empresario Vicentin.
Como se sabe el grupo aludido está en un estado de cesación de pagos, como consecuencia de ser deudor a diversos acreedores, entre los que se encuentran productores rurales, empresas cerealeras y entidades financieras ente las que se cuenta el Banco de la Nación Argentina de un monto multimillonario medido en dólares.
Valiéndose de esa situación y con motivaciones poco claras por parte del gobierno nacional, se ha asistido a un ir y venir por parte del Presidente. Comenzó éste por hacer el anuncio público de la intervención del grupo y su expropiación, la que ahora quedó en veremos y se la utiliza como elemento de presión. La intervención avanzó hasta la designación de los interventores y la asunción por parte de ellos de sus funciones. A ello siguió la resolución del juez del concurso de rechazar la intervención y a los interventores en forma temporaria, al mismo tiempo que rebajar la condición de estos últimos a la de simples veedores. Y aquí es cuando se hace presente la “intervención mediadora” a medio camino entre una mediación extrajudicial y otra judicial irregular, con la que el nombrado busca “salvar la ropa al gobierno”, y de paso sacar réditos. Se trata de una el esquema de "intervención tripartita dentro del concurso", en la que participarían los interventores designados por la Casa Rosada Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y un tercero de Perotti, en representación de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.
Organismo éste subordinado al gobernador, de manera que no le costó nada lograr que su Director interviniera donde y cuando antes no se le había ocurrido que era su deber hacerlo, solicitando la intervención judicial, con argumentos similares –algo que no es casual- a los fundamentos del decreto de intervención del gobierno nacional.
De donde lo único que ahora le queda por hacer al gobernador - si es que no lo ha hecho antes- es lograr “persuadir” al juez del concurso, de un “patriótico” gesto de retroceso. Como se viene a ver, entre nosotros se da lamentablemente el caso de que el patriotismo y el respeto a la justicia no siempre parecen ir de la mano.
