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Está claro que no solo el gobierno nacional, sino también muchos de nosotros -empresas, personas impositivamente inscriptas, o quienes revisten la condición de “trabajadores informales”- nos enfrentamos a una situación en la que muchas de las deudas, cuando no el caso de todas ellas, resultan “impagables”. Es así que, tanto el Estado como la población -ésta, al menos, en el caso de un número significativo de sus integrantes-, tienen en común el encontrarse en una situación virtual de “cesación de pagos”.

En tanto, no puede decirse ni que la actual administración no está en conocimiento de esta última de las dos idénticas situaciones, ni que es insensible a ella. Se la ha visto así, congelar el precio de alquileres y cuotas de cancelación de deudas por adquisición de viviendas; a la vez que suspender ejecuciones judiciales vinculados con el cobro de lo adeudado por parte de particulares, e impedir el corte se servicios públicos en el caso de facturas impagas.

Pero las medidas indicadas, a modo de ejemplos, no resultan suficientes en las actuales circunstancias. Viene a cuento un relato, que de una manera vívida registra esa situación. Es el contenido en una carta de lector que apareció publicada en un diario, en la que su firmante efectúa la relación de una de sus cuitas, en un tono entre lastimoso y enojado.

Surge así de su relato, que al filo del inicio de la actual cuarentena, depositó al cobro en la cuenta corriente de la que es titular en una sucursal bancaria, cuatro cheques que había recibido de terceros, en pago por operaciones comerciales.

Agrega a continuación, que al buscar por vía digital, si el importe de esos cheques le había sido acreditado, se encontró con la desagradable novedad que tres de ellos habían sido devueltos rechazados, y el importe del cuarto cheque que sí había sido pagado, había sido transferido en forma automática al ente recaudador federal, para ser aplicada a cancelar una obligación tributaria respecto a la cual se había acogido a un plan de pago. El resultado fue que, a la postre, el estado de su cuenta corriente bancaria, mostraba la misma “sequedad” que con anterioridad a esas idas y venidas.

Nada se puede decir del comportamiento de los titulares de las cuentas, cuyos cheques fueron rechazados por la falta en ellas de fondos suficientes. Tampoco del accionar del ente recaudador. Es que la conducta de este último cabe considerarla como fríamente ajustada a derecho. Y en el caso de los firmantes de los cheques rechazados, argumentar -independientemente del hecho que haya sido válida o no la excusa esgrimida- que, como es tan frecuente escuchar en estos días, en su caso se había producido una “interrupción en la cadena de pagos” de la que ellos habían resultado víctimas.

A la vez, se ha informado de una reunión de dirigentes políticos que no pertenecen al oficialismo provincial, reclamando se adopten medidas en favor de los deudores de obligaciones fiscales provinciales, ante el panorama conocido. No ha trascendido si, como resultado de la reunión, se han elaborado propuestas concretas en la dirección en la que debe avanzar el gobierno provincial: pero no es difícil imaginar cuál habría, en su caso, sido la “propuesta de máxima”, que guardaría de esa manera curiosas similitudes con la oferta que se supone efectuará en algún momento el gobierno nacional, y por qué no el provincial, a los tenedores de títulos de la deuda pública: condonación de multas e intereses, quita parcial del monto adeudado, y un plan de vencimientos de las obligaciones de los contribuyentes así “reperfilada”, que resulte “sustentable”. O lo que es lo mismo, muchas cuotas y, en lo posible, con tasa de interés igual a “cero punto”.

Al mismo tiempo, ese grupo de políticos -que inexplicablemente pudieron reunirse a pesar de la cuarentena, sin recurrir a una video conferencia- se manifestaron quejosos de la supuesta pasividad del gobernador Bordet frente a la situación que nos ocupa. Lo sería, por la determinación del nombrado de esperar una decisión en la materia por parte del gobierno nacional, antes de hacer lo propio.

Por nuestra parte, consideramos prudente la actitud asumida en este caso por el mandatario, ya que de tomar una decisión en la materia que, por lo menos, no “acompañe” a la del gobierno nacional; este tendría la posibilidad de rechazar el pedido de auxilio financiero que desde Paraná se formule para atender la emergencia. Ello en función del hecho que nuestra provincia habría actuado “por su cuenta”, prescindiendo de toda coordinación al respecto, y entonces “debería arreglárselas como pudiera”.

Alguien, frente a este estado de cosas, ha señalado que buscarle una salida es una tarea cuya dificultad es similar a la de intentar resolver el problema de “la cuadratura del círculo”. Por nuestra parte, consideramos que plantear las cosas de este modo es eludir una cuestión insoslayable.

La que debe ser abordada en primerísimo lugar con una reducción mucho mayor a la actual en los gastos públicos -algo que resulta patente cuando se tiene la impresión de que lo que el Estado, a sus diversos niveles, lo que pretende es que el “costo del ajuste” lo pague exclusivamente la población, quedando aquel al margen-; al mismo tiempo que elabore un plan de pagos “sustentable” para los contribuyentes. El que estos deban cumplir a rajatabla.

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