Como parte de su objetivo de convertir a la Argentina en un país en que sean las instituciones y no los favores o los arreglos los que determinen la manera en que funcionan las cosas, el Presidente lleva unos cuantos meses encarando una cruzada contra distintas "mafias".
Así fue como en este tiempo cayeron cúpulas policiales, líderes piqueteros, sindicalistas y reyes de La Salada, acusados de cobrar por protección, tomar comisarías por la fuerza, extorsionar a empresarios y obreros o manejar organizaciones que monopolizan la venta callejera.
Este avance se extendió a las diversas causas que afrontan varios encumbrados funcionarios del gobierno anterior, muchos de los cuales ya han caído tras las rejas. Cabe esperar que esta ofensiva judicial actúe como una señal de alerta para cualquier funcionario que quiera evitar las penurias que sufren De Vido, López, Baratta y compañía.
En nuestro país, a veces, lo que normal acaba por resultar curioso. Nos sorprende que un súper-ministro haya sido llevado a la cárcel, cuando lo que debería sorprendernos es que su detención no hubiera ocurrido antes. Su extenso prontuario incluía 136 denuncias, 26 imputaciones y 6 procesamientos.
Las pruebas que llevaron funcionarios, sindicalistas, piqueteros y empresarios a la cárcel estaban en poder de la justicia desde hacía varios años. En La Salada o en los aprietes de Pata Medina, los ilícitos ocurrían a diario y a la vista de quien los quisiera ver.
Por esto mismo, no dejan de despertar sospechas, una vez más, las motivaciones del poder judicial, y en particular del fuero federal, a la hora de impartir justicia. Es muy difícil separar esta repentina ofensiva judicial de la victoria del oficialismo en las urnas. O, quizás, del debilitamiento del kirchnerismo, manifiesto en que casi el 70% de los diputados avalaron el desafuero de De Vido. Los jueces parecerían haber tomado nota con celeridad de la novedad. También parece haberse apercibido la Procuradora General, que tras dos años de resistencia férrea presentó su renuncia esta semana.
La reciente hiperactividad judicial ofrece un marcado contraste respecto del desgano previo de los jueces para mover los expedientes. No podemos dejar de preguntarnos si esta hiperactividad judicial no será otra puesta en escena o si se deriva de un cambio real en el funcionamiento de la justicia.
En un alarde de experiencia, el expresidente Duhalde parecería dar por sentado que se trata de lo primero, y que nada ha cambiado. Sólo en ese espíritu se entiende que haya dicho que "Al Gobierno no le conviene que Cristina esté presa". ¡Cómo si le correspondiera al Gobierno decidir quién irá preso y quién quedará en libertad! Mal que nos pese, esta connivencia entre funcionarios corruptos y jueces en sintonía nos hizo acumular frustración y resignación frente a tanta corrupción impune.
Contrariamente al espíritu constitucional, los jueces nunca lograron ser independientes del Ejecutivo. ¿Podrán aprender a serlo ahora? ¿Querrá Macri que lo sean? Eso clama en sus discursos, pero, como a Duhalde, la experiencia nos hace dudar hasta no ver.
¿Podrá la cosa cambiar si no cambian los jueces que hoy ocupan el fuero federal, manchados ellos mismos de infinidad de sospechas de corrupción? Se han acumulado décadas de funcionamiento poco apegado a las formas constitucionales y a las normas de procedimiento. Y aun cuando el Presidente quiera cambiar y despegarse de las malas prácticas, es posible que los propios jueces intenten no soltarse, pues su propio universo se tornaría muy endeble. No es evidente que sepan funcionar de una manera nueva.
Lograr un cambio estructural en la Justicia constituye una tarea ardua. El Presidente parece tener bastante en claro que la sociedad llegó a su límite de tolerancia con la corrupción y sabe que gran parte del voto por Cambiemos fue atraído por su creíble afán de combatirla.
Lograr un cambio cultural, y acabar con las mafias, como dice el Presidente, no termina con hacer correr un poco de sangre corrupta con un fallo de ocasión. Requiere construir una Justicia creíble, independiente, que sea capaz de acabar con la impunidad en serio. Una Justicia que no esté aliada con las mafias ni sea parte, ella misma, de esas mafias.
