Por Roberto Gargarella
En su discurso de asunción de 2019, el primer mandatario se había dedicado a entronizar el hoy estropeado relato del lawfare. Pidió entonces un "nunca más" para las "detenciones arbitrarias" y los "linchamientos mediáticos"; y otro "nunca más" para la política que "judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno".
En el mensaje del lunes, el Presidente radicalizó (en lugar de profundizar) aquellas críticas, y las extendió tan a lo largo como pudo. No hubo objeción imaginable a la Justicia y los jueces que no quedara mencionada en su alocución: falta de republicanismo; demoras en sus sentencias; inacción ante los femicidios; no pago de ganancias; permanencia más allá de la edad (Highton de Nolasco); judicialización de la política; fallas en la fundamentación de los fallos (artículo 280); dificultad en el acceso a sus declaraciones juradas; pacto con periodistas y con los grandes medios; visitas al poder (Hornos); entramados con espías (Stornelli); malas decisiones (traslado de jueces); privilegios; prisiones preventivas (doctrina Irurzun); entre otras.
Semejante sobre-actuación -la decisión de arrojar sobre el Poder Judicial toda objeción contundente que le pusieran a mano- dejó en claro la fragilidad y delgadez del discurso presidencial sobre la justicia. Allí pudo reconocerse, también, la pobreza de contenidos de su perorata. El Presidente consideró necesario, según parece, contentar a quienes lo rodeaban mostrándose muy enojado con los jueces, pero al hacerlo así -al decir todo y a la vez nada- dejó en claro su impotencia: poco es lo que hasta ahora se ha hecho, y poco concreto es lo que promete. Peor que eso: a los fines de mostrarse irritado y enérgico, el Presidente quiso "denunciarlo todo" y terminó -inevitablemente- suscribiendo un alegato, en lo esencial, contradictorio.
Permítanme ejemplificar lo dicho con la objeción más importante articulada por el Presidente en su parlamento, que fue la relacionada con el carácter antirrepublicano de la Corte. La crítica al tribunal superior como poder "anti-republicano" se ha repetido bastante, en estos días (supongo que el primer mandatario la toma de Raúl Zaffaroni quien recientemente, y en repetidas ocasiones, acusó de ese modo a la Corte que él integró durante más de una década).
El problema republicano emerge del hecho de que causas de primera importancia nacional quedan bajo la responsabilidad exclusiva de un puñado de (entre tres y cinco) jueces. Pues bien, si -como forma de reparar dicho mal- creamos por debajo de la Corte un "tribunal intermedio" -según la propuesta del Presidente- entonces terminamos quedándonos con dos -a falta de uno- poderes antirrepublicanos. La duplicación de instancias (herramienta favorita dentro de lo que fuera aquella infeliz propuesta de la "democratización de la Justicia") tampoco promete remedio a los problemas denunciados: pactos secretos, vínculos con el poder; y falta de transparencia.
Si el diagnóstico del Presidente es certero (en cuanto a los problemas estructurales de la justicia) entonces, lo que es dable esperar es una reproducción y agravamiento de los males atribuidos a los niveles más altos de la justicia, y nunca, jamás, la disolución de los mismos. ¿Por qué habríamos de esperar lo contrario? En concreto, luego del discurso, sólo nos queda en claro la puesta en escena de la cólera presidencial contra la justicia (que nos invita a preguntarnos qué impotencia encubren sus gritos); la falta de orientación en las respuestas (más democracia a través de más tribunales?); y la completa ausencia de consideración a los dramas judiciales de nuestro tiempo, esto es decir, la impunidad que se garantizan a sí mismos los más poderosos, y la desigualdad que condena al encierro a miserables y desventurados.
