En la pendular historia de la Argentina, los excesos no parecen haber sido la excepción, sino que más bien han venido a constituir la regla para los acontecimientos de la vida política. Ese pendulo ha llevado a que una justicia dormida deviniera, en los últimos meses, en una justicia hiperactiva. Esta justicia determinó el encarcelamiento de numerosos exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández, y permitió un deleznable escrache mediático a muchos de ellos. Todo lo cual acaba por resultar mucho más sospechoso que esperanzador.
Es cierto que encontrar un límite para la impunidad de que muchos funcionarios y exfuncionarios gozaron y aún gozan, y que los actos de corrupción sean castigados en tiempo y forma, debería constituir un avance en la calidad de las instituciones republicanas.
Sin embargo, cuando los procedimientos parecen viciados, las pruebas son circunstanciales y las cárceles comienzan a poblarse con acusados sin condena firme, a pedido de jueces sospechados, a su vez, de ser corruptos, aquella supuesta mayor calidad institucional debe ser puesta en duda.
La prisión preventiva contra los exfuncionarios ha sido dictada, en muchos casos, sobre la base de supuestos dudosos respecto del daño que los acusados podrían provocar en las causas si quedaran en libertad. Un riesgo que no parecía existir cuando las mismas causas estaban abiertas, pero los habitantes de la Casa Rosada eran otros.
Es probable que muchas de las acusaciones de peculado sean ciertas y ameriten una condena firme. Pero estas causas, en las que el delito parece concreto, no avanzan con tanta celeridad como lo hacen causas más subjetivas, como la de "traición a la Patria" con la que el juez pide el desafuero de la expresidente. Utilizadas con laxitud, estas calificaciones subjetivas (como también lo es la de "asociación ilícita") permiten imponer condenas anticipadas, que podrían resultar extensas, sin pruebas concretas que confirmen la comisión de un delito.
Este encarcelamiento precoz invierte la carga de la prueba: toda persona es culpable hasta que pruebe su inocencia. Las garantías constitucionales: bien, gracias. Tan bien como antes de que cambiara el Gobierno.
Que en el kirchnerismo no haya dudas de que esta hiperactividad judicial es propiciada desde el macrismo resulta por demás revelador acerca del modus operandi de la justicia. Si el kirchnerismo operó durante años sobre los jueces, Stiusso mediante, apretándolos para que le fueran sumisos, sus dirigentes no pueden menos que sospechar que no cambió la forma de actuar de los jueces, sino los patrones a los que obedecen.
La misma sospecha enarboló en su momento la senadora Elisa Carrió, cuando hostigó a Macri por tener a Angelici y Arribas como sus operadores judiciales. Si fuera cierto, Cristina tendría razón: el método no cambió.
Cabe soñar que en realidad el modo del Gobierno sí ha cambiado, pero que los que no cambiaron fueron los jueces del fuero federal, que actúan como siempre lo hicieron. No parece razonable creer que la "persecución judicial" le es funcional al Gobierno.
¿Le conviene realmente a Macri tener a Cristina Fernández con un pedido de desafuero y de prisión preventiva? Justo ahora, cuando se debaten en el Congreso reformas fundamentales, estas decisiones podrían obstruir la suma de votos entre la oposición.
Resulta más verosímil sospechar que el juez sigue haciendo de las suyas. Que esto fue una vendetta contra Cristina o una "marcada de cancha" para Macri. Por lo pronto, Bonadío, Lijo y compañía ya están preparando su salvaconducto a futuro, abriendo causas contra el ministro Luis Caputo y a la vicepresidente Gabriela Michetti, entre otros. ¿Será justicia o será una reedición del viejo esquema extorsionado-extorsionador, con otros actores?
Cristina Fernández, acostumbrada a las hipérboles, no exageró al recordar que el propio Bonadío había "sobrevivido" a más de 50 denuncias en su contra. Se quedó corta: fueron 75 las denuncias en el Consejo de la Magistratura. Si Macri piensa que podrá disciplinar a los jueces, haría bien en observar a cuántos gobiernos sobrevivieron.
Enfrentarlos con la ley y no con métodos a los que están acostumbrados sería más eficaz. Porque hacer las cosas bien es la única forma de erradicar de manera creíble a los corruptos que hay en la justicia.
